La sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto una multa contra Mercado Libre por la falta de entrega del celular comprado por el usuario, pues las partes de la transacción acordaron la entrega de manera privada, sin tomar en cuenta las alternativas ofrecidas por la compañía.

En el caso “Mercado Libre S.R.L. c/ Estado Nacional (EX. 51146110/20)-Disp. 2091/23 s/ recurso directo ley 24240 – art. 45”, el denunciante manifestó que compró un producto a través de la mencionada plataforma de comercio electrónico y que, al día siguiente, le llegó una notificación de dicha firma donde se informaba que la vendedora ya había entregado el producto, circunstancia que fue negada por él. Añadió que, luego de que realizara los reclamos pertinentes, la firma cerró el reclamo y suspendió su cuenta, imposibilitándole cualquier vía de comunicación.

Por ese motivo, denunció a la plataforma ante el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC) y el expediente fue cerrado sin acuerdo conciliatorio entre las partes.

La denunciada sostuvo que, celebrada la compraventa, las partes, de forma privada, pactaron la tradición del producto mediante la entrega acordada entre ellos en el domicilio de la vendedora, resultando Mercado Libre ajena a este mecanismo de entrega acordado por ellas.

La multa administrativa contra Mercado Libre

La Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los consumidores, dado que surgirían presuntas infracciones a la Ley 24.240, le aplicó a la firma una multa de $5.000.000, por habérsela considerado incursa en infracción al Artículo 7° de la Ley 24.240 y sus modificatorias e inciso c) del Artículo 10 del Decreto 1.798/94, toda vez que se consideró que incumplió con la oferta emitida en su plataforma, en el plazo de entrega acordado.

Sostuvo que “Mercado Libre interviene -y por ende es responsable- desde el mismo momento en que, creando una apariencia, logra atraer para sí la confianza de sus clientes. Y, precisamente, esta confianza constituye la fuente primaria de sus obligaciones.También lo es de sus ganancias (.) no es discutible que Mercado Libre es un intermediario que integra una cadena comercial y, siendo tal, será solidariamente responsable con los otros sujetos integrantes de esa red”.

La apelación de Mercado Libre

La denunciada cuestionó la decisión. Sostuvo que jamás tuvo el control del producto ni se obligó a entregarlo, mucho menos en el domicilio de la vendedora y que, a lo largo de toda la transacción de compraventa y los problemas posteriores entre vendedora y denunciante, su rol fue neutro y pasivo, ajeno a la relación de compraventa perfeccionada entre las partes, en función de que tampoco se había entrometido cuando aquellas acordaron la forma de entrega del producto, no existiendo prueba alguna en el expediente que indique lo contrario.

Añadió que la jurisprudencia reconoció el rol pasivo de las plataformas de comercio electrónico, al punto que actualmente la doctrina establece la ausencia de responsabilidad de operadores como Mercado Libre por incumplimientos que se producen dentro de la operación comercial perfeccionada entre el comprador y el vendedor.

Dado que la premisa sobre la que se sustenta toda la Disposición se encuentra controvertida por ambas partes de la compraventa, y sobre la base de que en virtud de que el incumplimiento de la vendedora -asumido como cierto por la Subsecretaría- no se encuentra acreditado, la recurrente afirmó que la citada Disposición y la consecuente sanción impuesta no poseen fundamentos jurídicos válidos ni se encuentran motivadas de manera adecuada.

Señaló que, contrariamente a lo afirmado en la Disposición en cuanto a que “correspondía a la sumariada asegurar la entrega del producto adquirido por el reclamante en el tiempo y forma convenidos”, insistió en que dicha obligación no pesaba sobre ella, dado que tampoco se había probado el incumplimiento de la propia vendedora (existiendo al contrario elementos que permiten concluir que sí habría cumplido). Sobre el punto, reforzó que la modalidad de entrega en el caso fue pactada entre la vendedora y el denunciante, para ser cumplida en el domicilio de la primera, quien sostuvo que el producto fue entregado.

Finalmente, cuestionó el monto de la multa aplicada, el que consideró arbitrario e injustificado.

La decisión de la Cámara y revocación de la multa

Los camaristas José Luis López Castiñeira, María Claudia Caputi y Luis M. Márquez explicaron que “no puede dejar de advertirse la circunstancia de que, sin perjuicio del rol de intermediadora que alega tener la firma actora, y sin soslayar que la operación celebrada entre consumidor y vendedora se encuentra dentro del ámbito de aplicación de lo dispuesto por la LDC., el incumplimiento imputado a la recurrente se funda en la falta de entrega del producto en el plazo acordado, y cabe poner de resalto que, lo relacionado con la entrega del producto fue acordado por las partes de manera privada, sin haber utilizado -por su propia decisión- el servicio que a dicho fin la empresa pone a disposición de los usuarios”.

En ese aspecto, entendieron que “la Disposición bajo examen no cumple con uno de los requisitos que en el art. 7 prevé la LPCCABA., pues teniendo en cuenta que el sustrato material de las normas bajo examen es el incumplimiento del plazo y condiciones de entrega, y toda vez que no se desprende de qué forma la actividad de intermediación que realiza la actora -que en este caso puntual y por exclusiva voluntad de las partes no tuvo participación en las tratativas acordadas entre consumidor y vendedora relativas a la entrega del producto en cuestión- pueda calificarse como una conducta contra legem, respecto del comportamiento debido conforme la normativa aplicable a la materia”.

Desde ese punto de vista, remarcaron que “resulta razonable interpretar que, si las partes convinieron por voluntad propia pactar lo relativo a la tradición del producto de manera privada, evitando afrontar los respectivos costos de contratación del servicio de la firma actora, sin que la empresa pudiera interferir en lo así convenido, la sanción aplicada a su parte por la falta de entrega del producto, en este caso en concreto, queda privada de sustento atenta su completa ajenidad a la modalidad acordada”.

“Teniendo en cuenta que fueron las partes vendedora y compradora quienes, luego de haber utilizado la plataforma web de la actora para celebrar la compraventa del celular, decidieron voluntariamente acordar lo relativo a la entrega del mismo de manera privada, apartando a la empresa de dichas tratativas, y sin haber utilizado -pudiendo hacerlo- el servicio de envíos que la empresa actora pone a disposición de los usuarios a tales efectos, resulta cuanto menos excesivo pretender que sea ahora la empresa actora quien responda por los daños ocasionados al consumidor en razón de la falta de entrega del producto denunciada”, concluyeron al revocar la sanción administrativa impuesta.

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