La sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó un fallo de primera instancia que había condenado a una mujer a abonar 9250 Unidades Fijas -poco menos de $ 1.400.000 - por tener un paquete de multas por exceso de velocidad en las calles porteñas.

En el expediente “T., M. E. sobre 6.1.28 – Exceso de velocidad”, la mujer argumentó fallas en los datos de calibración y certificación de los cinemómetros, cuya función es medir la velocidad en tiempo real de un vehículo. También argumentó que las fotos de varias de las actas eran borrosas y que no había certeza respecto al correcto funcionamiento de los dispositivos diseñados para tomar las foto-multas.

Argumentó que el 22 de febrero de 2020 se le labró un acta a las 15:57:51 horas, y seguidamente, ese mismo día, se le labró otra, consignándose como horario de la infracción las 15:58:14 horas. Ello implicaría que recorrió un trayecto de aproximadamente siete kilómetros en tan solo veintitrés segundos.

El fallo de primera instancia rechazó su pedido y consideró que las actas de comprobación de velocidad estaban bien realizadas, por lo que la reclamante apeló.

El fallo de la cámara

Los camaristas José Sáez Capel y Marcelo Vázquez explicaron que “la ley 19.511 -Ley de Metrología- resulta aplicable y obligatoria respecto a los equipos cinemómetros utilizados para medir la velocidad del vehículo en cuestión”.

Asimismo, la norma citada dispone en su art. 14: “El SIMELA es de uso obligatorio y exclusivo en todos los actos públicos o privados de cualquier orden o naturaleza. Las disposiciones del presente artículo rigen para todas las formas y los medios con que los actos se exterioricen”.

Además, señalaron que “la resolución 611/2019 de la Secretaría de Comercio Interior establece que los organismos responsables -en el caso, la Ciudad de Buenos Aires- de la utilización de los instrumentos de medición reglamentados deberán solicitar los certificados de aprobación de modelo y verificación primitiva a los efectos de acreditar el cumplimiento de los errores máximos tolerados establecidos por la respectiva reglamentación vigente”.

Los equipos no cumplían con los requisitos legales

De este modo, para los magistrados, se desprendía que las disposiciones establecidas en la Ley Nº 19.511 resultan aplicables y obligatorias respecto a los equipos cinemómetros utilizados en la presente para medir la velocidad del vehículo en cuestión.

En cuanto al caso concreto, consideraron que “los cinemómetros que tomaron las fotos no estaban alineados con las pautas legales” y tuvieron en cuenta que durante el trámite del expediente no se comprobó ni la “aprobación de modelo” ni la “verificación primitiva” necesarias para darle validez a los instrumentos de medición, según lo exige la Resolución 611/2019 de la Secretaría de Comercio Interior de la Ciudad.

Por último, remarcaron que “el punto central de la discusión no radica en si el hecho de que los equipos cinemómetros carezcan de los recaudos legales en cuestión configura únicamente un requisito técnico administrativo de los mismos o no, o que por ello se vea afectada la veracidad de las mediciones efectuadas, sino esencialmente en que no se acreditó en la presente que dichos equipos hayan podido ser utilizados para efectuar válidamente ninguna medición, en tanto no se cuenta ni con la aprobación de modelo ni con la verificación primitiva, que hacen a la legalidad de su utilización como instrumentos de medición”.

“Por lo demás, resultaría desacertado asimilar el cumplimiento de los requisitos de validez de las actas regulado naturalmente por la Ley de Procedimiento de Faltas con las normas federales que regulan los sistemas de medición, cuando justamente por esta razón aquel ordenamiento ritual nada podía establecer en contrario. Se advierte de su letra que sólo exige la presencia y rúbrica de un funcionario, pero nada sobre las condiciones que deben reunir los sistemas de medición por ellos utilizados”, concluyeron.

De esta manera, consideraron acertado el cuestionamiento relativo a que “si bien el vencimiento de la calibración de los equipos NEO_139 y NEO_167 no había operado al momento en que se tomaron las fotomultas cuestionadas, deviene evidente que aquellos no funcionaban adecuadamente, y de allí parte la necesidad de que, ya sea el GCBA o la acusación, prueben la aptitud de los cinemómetros por medio de los cuales se obtuvieron las actas de comprobación endilgadas a la Sra. M.E.T.”.

Por ello, revocaron el resolutorio recurrido en todo cuanto fuera materia de recurso y declararon la nulidad de las actas de comprobación cuestionadas, por lo que absolvieron a la imputada.

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