La Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, en los autos “Sardi, V. D. y otros s/ quiebra fraudulenta”, anuló el estado de 'falta de mérito' y dictó el procesamiento de tres directivos de empresas familiares y un administrador de facto por el delito de quiebra impropia. La resolución surgió tras una investigación que acreditó maniobras para vaciar el activo de firmas en crisis y continuar su explotación comercial de manera clandestina.

Una maniobra de vaciado y continuidad

La causa se centra en la desaparición de un stock crítico de materias primas —incluyendo 1.500 kg de cobre, 2.000 kg de cable terminado y 2.500 kg de PVC— que habían sido verificados por la sindicatura poco antes de que se decretara la quiebra indirecta de las firmas involucradas.

Según el fallo, los imputados no solo habrían ocultado estos bienes a la masa de acreedores, sino que además implementaron una 'continuadora' ilícita. A través de una tercera sociedad, utilizaron la misma planta industrial, las maquinarias y la clientela de las fallidas para seguir facturando y desviando las ganancias fuera del control judicial.

Puntos clave del fallo judicial

Sustracción de activos: se constató que la mercadería existente en mayo de 2019 había desaparecido por completo para agosto del mismo año, sin que se declarara el ingreso de su venta al activo de la quiebra.
Administración irregular: la justicia resaltó que las empresas no llevaban libros contables regulares, carecían de cuentas bancarias y no cumplían con los informes mensuales ante el juzgado comercial, lo que fue considerado un indicio claro de fraude.
Responsabilidad de los directivos: el tribunal determinó que los presidentes y directores de las firmas, junto a un administrador de facto que actuaba como 'jefe' del grupo, actuaron de forma coordinada para defraudar a los acreedores.

Medidas cautelares

La Cámara dispuso el procesamiento de los cuatro involucrados en calidad de coautores, argumentando que la sumatoria de sus voluntades individuales conformó la voluntad societaria dirigida al fraude. Si bien no se impuso la prisión preventiva al no registrarse riesgo de fuga, se trabaron embargos millonarios sobre los bienes de cada uno de los procesados para garantizar futuras indemnizaciones y las costas del proceso.

Este fallo refuerza la jurisprudencia que castiga la utilización de estructuras societarias para eludir el pago a acreedores en contextos de insolvencia, protegiendo la transparencia del mercado comercial.

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