I - INTRODUCCIÓN

Para hacer una breve introducción, cabe señalar que las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) son consideradas por el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCo.) como una de las fuentes de la filiación, junto a la filiación por naturaleza y la adopción (art. 558, CCyCo.). A su vez, el mencionado plexo normativo establece, desde el artículo 560 al 564, las reglas generales de dicha institución filiatoria, entre las cuales habla del consentimiento previo, libre e informado de las personas que desean someterse a dichas prácticas (art. 560, CCyCo.), los requisitos y forma dentro de la cual debe encuadrarse dicho consentimiento (art. 561, CCyCo.) y, finalmente, el artículo 562 del CCyCo. establece, respecto de la voluntad procreacional, que “los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre...”.

Respecto a estas técnicas y su incidencia en la configuración de las familias modernas, Marisa Herrera señaló que “desde el punto de vista socio-jurídico, cabe destacar que la posibilidad de reproducción sin sexo que encierran las TRHA amplían las tipologías de familias. De este modo, las TRHA permiten acceder a la maternidad/paternidad a quienes no podían serlo de manera natural, ya sea por razones de infertilidad médica o social. En otras palabras, las TRHA habilitan copaternidades y/o comaternidades imposibles tiempo atrás; maternidades sin paternidades extendiéndose la configuración de familias monoparentales de modo originario a otros supuestos además de la adopción unipersonal; también paternidades sin maternidades; o configuraciones familiares que traen consigo fuertes debates de tinte interdisciplinarios como las maternidades y paternidades a edades avanzadas o de un modo más rupturista y complejo la posibilidad de que un niño pueda tener más de dos progenitores, es decir, situaciones de multiparentalidad como los que se han dado en el derecho argentino, en dos casos en el ámbito del Registro de Estado Civil y de Capacidad de las Personas a través de disposiciones administrativas acontecidos en 2015”.

II - EL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y SU RECEPCIÓN NORMATIVA

En lo que respecta a la definición de consentimiento informado, podemos observar cómo en los instrumentos de derecho internacional, particularmente en el artículo 5 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se estipula que, respecto a la autonomía y responsabilidad individual, “se habrá de respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar decisiones, asumiendo la responsabilidad de estas y respetando la autonomía de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus derechos e intereses”. El artículo 6, en su parte pertinente, dice, respecto al consentimiento, que “toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada. Cuando proceda, el consentimiento debería ser expreso y la persona interesada podrá revocarlo en todo momento y por cualquier motivo, sin que esto entrañe para ella desventaja o perjuicio alguno” (el destacado me pertenece).

Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo VI, indica que toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.

En lo que respecta a nuestro plexo normativo interno, expresa el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación:

“Ninguna persona con discapacidad puede ser sometida a investigaciones en salud sin su consentimiento libre e informado, para lo cual se le debe garantizar el acceso a los apoyos que necesite. Nadie puede ser sometido a exámenes o tratamientos clínicos o quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, excepto disposición legal en contrario. Si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de la atención médica y no la ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompañe al paciente, siempre que medie situación de emergencia con riesgo cierto e inminente de un mal grave para su vida o su salud. En ausencia de todos ellos, el médico puede prescindir del consentimiento si su actuación es urgente y tiene por objeto evitar un mal grave al paciente”.

Por su lado, la ley 26529 de los derechos del paciente establece, en su artículo 5:

“...la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a:

a) Su estado de salud;

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;

c) Los beneficios esperados del procedimiento;

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles;

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados;

g) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría, o que produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible e incurable;

h) El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento”.

Y además:

III - TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. COMIENZO DE EXISTENCIA DE LA PERSONA

IV - LA REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO

V - EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL

VI - CONCLUSIÓN

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