La sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó una condena por daño moral contra un banco por no actuar con la debida diligencia tras la denuncia de un cliente que había impugnado y desconocido ciertas operatorias realizadas en su resumen de tarjeta de crédito.

En el caso “G., L S. c/ Citibank N.A. y Otro s/Ordinario”, el actor dedujo la acción a efectos de obtener una indemnización de los daños que alegó haber sufrido como consecuencia del débito en su tarjeta de crédito de ciertas operaciones que indicó que no habían sido realizadas por su parte.

En concreto, el actor había cuestionado los cargos que se practicaron en su cuenta con motivo de consumos realizados en el supermercado “Coto” sucursal de José C. Paz, mediante la utilización de su tarjeta de crédito “VISA” y de la adicional emitida a favor de su cónyuge.

El reclamo fue rechazado por la entidad, por lo que los cargos mencionados volvieron a serle debitados hasta que, con invocación de razones comerciales, la entidad decidió condonar la deuda del demandante y sanear su cuenta.

El fallo de primera instancia

La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente a la acción y, en consecuencia, condenó al banco a pagar una suma de $50.000 más intereses.

La jueza tuvo por probado que el banco no había actuado con la debida diligencia frente a la impugnación que el demandante había realizado.

Tras ponderar la prueba producida, rechazó la indemnización solicitada en concepto de daño emergente, lucro cesante y lesión al crédito, pero admitió la reclamada por daño moral, que fijó en el importe referido anteriormente.

La apelación del banco

La sentencia fue apelada por Citibank NA. Criticó, en primer lugar, que no se haya tenido en consideración la actuación que cupo a cada una de las codemandadas y afirmó que los daños sufridos por el actor tuvieron su origen en las compras informadas y percibidas por la cadena de supermercado “Coto”.

Sostuvo, además, que el daño moral no fue probado y que, ante supuestos de incumplimiento contractual, debe ser interpretado en forma restrictiva.

La sentencia de la Cámara

Los camaristas Eduardo Machín y Julia Villanueva explicaron que ninguno de los argumentos del apelante era idóneo para descalificar las conclusiones a las que se arribó en el decisorio de primera instancia.

Luego indicaron que “para fundar su derecho a obtener el rechazo de la demanda, la recurrente se ha limitado a imputar responsabilidad a Coto, sin hacerse cargo de los elementos de prueba que fueron ponderados por la magistrada para fundar la responsabilidad que, en cambio, atribuyó a la propia apelante”.

“Esa responsabilidad, por ende, debe considerarse firme por no haber sido debidamente cuestionada, por lo solo resta que me ocupe de los rubros integrantes de la condena”, añadieron.

“En lo que concierne a la procedencia del daño moral en sí mismo, esa conclusión se impone a la luz de la evidencia de que la apelante se ha limitado a requerir su rechazo con sustento en citas generales que conciernen a la naturaleza y prueba de ese daño, sin proporcionar el más mínimo elemento concreto que demuestre que, en el caso, la indemnización que estableció la sentenciante deba considerarse errónea y excesiva, por lo que estimo inconducente abundar al respecto”, enfatizaron.

A igual conclusión arribaron en lo vinculado a los intereses, ya que “no puede aceptarse que la indemnización referida -establecida en la suma de $50.000- haya sido fijada a valores actuales”.

En ese marco, estimaron forzoso “concluir que, al establecer esos intereses, la magistrada acudió a un mecanismo que permitiera cuantificar dicho resarcimiento en una suma razonable, lo cual de suyo descarta que quepa incursionar en aspectos que, como el referido a las pautas que deben tomarse para calcular deudas dinerarias, han sido propuestos por el recurrente”.

Por otro lado, remarcaron que “el actor demostró tener razón en lo principal de su planteo, esto es, en la responsabilidad que atribuyó a su adversario. El demandante se encontró, entonces, obligado a litigar; por lo que, aun cuando no haya podido demostrar la procedencia de ciertos rubros, ello obedeció a circunstancias aleatorias y opinables, que no nos habilitan a alterar el régimen de gastos causídicos establecido en el pronunciamiento, pues, si así se procediera, se estaría desmereciendo la entidad de la indemnización que el Banco debe a su adversario”.

De esta manera, declararon desierto el recurso de apelación y , en consecuencia, confirmaron la sentencia apelada.

Qué es el daño moral

En el artículo “Identidad falsa y responsabilidad bancaria: daño real, moral y punitivo”, exclusivo suscriptores, publicado en Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor de Erreius, Marcelo Perciavalle explicó que “algunos autores consideran que la distinción entre el daño material y el moral depende de la naturaleza de los derechos lesionados, de modo tal que si el acto ilícito ha vulnerado un derecho patrimonial, el daño es material; si ha lesionado un derecho no patrimonial, el daño es moral”.

“Por su parte, otros autores se orientan más en los resultados de la acción antijurídica”, añadió el especialista.

El daño moral “ha sido definido como la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria”, explicó.

Y concluyó señalando que “el damnificado le incumbe acreditar la existencia y la cuantía del daño a efectos de obtener, en un proceso judicial, su resarcimiento, debiendo el juez justipreciar los mismos de acuerdo con las diversas pruebas”.

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