Por: Marcos Fernández Ocampo

Abogado. Especialista en derecho penal (UBA). Secretario de Cámara Federal de Casación Penal

El Código Procesal Penal Federal –por entonces con otra denominación- fue sancionado por el Poder Legislativo de la Nación mediante la Ley N° 27.063.

Sí, en 2014, hace ya casi una década.

La reforma procesal fue acompañada por la posterior sanción de las correspondientes leyes de organización y competencia de la Justicia federal y nacional y de implementación del Código (Ley 27150, BO 17/6/2015) que complementaron la transformación en materia legislativa.

En lo que importa a la implementación del Código se estableció que entraría en vigencia: en el ámbito de la Justicia Nacional, a partir del 1 de marzo de 2016; y en el ámbito de la Justicia Federal, de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación.

Mediante el decreto de necesidad y urgencia 257/15 se modificó el proceso de implementación que había establecido la ley 27150. Se sustituyó el artículo 2 de la referida ley y se estableció que el Código entraría en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la referida Comisión Bicameral, previa consulta con el Ministerio de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Recién en el año 2019 comenzó la efectiva implementación del CPPF. Mediante Acta N° 15/19 la Comisión Bicameral dispuso la entrada en vigencia del Código en la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, ello es la justicia federal de las Provincias de Salta y Jujuy, a parir del 10 de junio de 2019.

Allí, luego de más de cinco años, podemos afirmar que la puesta en marcha del CPPF ha repercutido en una profunda transformación en la manera en la que el Estado Federal provee el servicio de administrar justicia. Hoy la justicia federal de Salta y Jujuy es una justicia más rápida y accesible.

El Código Procesal Penal Federal ha probado que funciona y que cumple con la declamación de solucionar la mora en la duración de los procesos penales.

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De acuerdo al último informe anual (2022) elaborado por la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal el 82,2% de los casos que tramitaron bajo el CPPF culminaron y obtuvieron una sentencia dentro del año de tramitación.

Sin embargo, el proceso de implementación territorial se detuvo en esas provincias del norte grande de la Patria y no siguió avanzando al resto de la jurisdicción federal.

A partir de la resolución 2/19 la Comisión Bicameral llevó a cabo una implementación normativa en lugar de territorial. Así, y por las sucesivas resoluciones adoptadas por la Comisión, en todas las jurisdicciones federales y la nacional son de aplicación los arts. artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221, 222, 285, 286, 287 y 366, 367, 368, 369, 370 y 375 del CPPF.

Estas modificaciones normativas parciales trajeron consigo importantes cambios jurisprudenciales en materia de garantías constitucionales; sobre todo en lo atinente a la imposición de medidas cautelares, en donde ahora rige el principio acusatorio.

Pero la implementación normativa no cumplía con la declamada mora en la implementación de un sistema de enjuiciamiento acusatorio, es decir acorde a la Constitución Nacional.

A partir del DNU 188/2024 la facultad de implementar el Código Procesal Penal Federal salió de la órbita de un cuerpo colegiado, deliberativo y legislativo como es una Comisión del Congreso de la Nación y pasó a ser competencia exclusiva de un órgano jerárquico, piramidal y de gestión permanente como es un Ministerio del Poder Ejecutivo.

Sin ingresar a discusiones sobre el acierto, mérito o conveniencia de esta decisión lo cierto es que esta modificación repercutió en un avance expedito en la implementación progresiva del CPPF.

Al poco tiempo del del inicio de la gestión del Ministerio de Justicia en cabeza de la implementación se dispuso la entrada en vigencia del CPPF en el distrito correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Lo que se hizo efectivo el 6 de mayo de 2024.

A continuación, el Ministerio de Justicia resolvió la implementación del CPPF en la jurisdicción correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza; ello es la justicia federal correspondiente a las provincias de San Juan, San Luis y la nombrada Mendoza para el 5 de agosto de 2024.

Posteriormente se dispuso la implementación por las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de General Roca, es decir el distrito federal de las provincias de Río Negro y Neuquén, para el 4 de noviembre de 2024, y a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia quien actúa de alzada en el distrito federal de las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur para el 2 de diciembre de 2024.

Así, el año 2024 culminará con más de mitad del Territorio Nacional bajo las reglas del CPPF bajo el modelo de enjuiciamiento penal acusatorio. Habida cuenta del avance llevado a cabo este año la exceptiva general es la publicación de resoluciones que dispongan nuevos distritos en los que continuará la puesta en vigencia del CPPF en camino hacia la implantación definitiva en toda la jurisdicción federal de la República Argentina.

Para seguir leyendo:

Implementación del Código Procesal Penal Dederal. DNU 188/2024

Reseña de los avances del Código Procesal Penal Federal