La Inspección General de Justicia (IGJ), a través de la resolución general (IGJ) 1/2026, busca clarificar controversias recurrentes en el derecho societario argentino, específicamente en torno a la eficacia de los actos realizados por administradores cuya designación aún no se encuentra inscripta y las modalidades de garantía que estos deben prestar.

La nueva normativa se estructura sobre dos pilares que modifican la operatividad diaria de las sociedades bajo la órbita de la IGJ:

Naturaleza de la inscripción y permanencia en el cargo

La IGJ reafirmó que la inscripción de la designación o cesación de administradores (prevista en el art. 60 de la Ley 19.550) tiene carácter declarativo y no constitutivo.

Ello implica que:

Los actos realizados por representantes válidamente designados son eficaces desde la fecha del acto societario, incluso antes de su registro.
Los terceros que conozcan la nueva designación no pueden invocar la falta de inscripción para desconocer la legitimación de las autoridades.
Ante el vencimiento del plazo de mandato, los directores permanecen en sus cargos hasta ser efectivamente reemplazados, evitando situaciones de acefalía o paralización societaria, tal como lo dispone el artículo 267 de la Ley General de Sociedades.

Flexibilización en la garantía de los administradores

Por otro lado, la norma modificó el artículo 70 de la resolución general (IGJ) 15/2024.

La nueva redacción consagra la libertad para la constitución de la garantía que deben prestar directores y gerentes, al disponer que el costo, forma y condiciones de la garantía serán acordados libremente entre la sociedad y el administrador.

Se aparta del texto anterior del artículo 70 que expresamente establecía que el costo de la garantía debía ser soportado por cada director o gerente.

Asimismo, aclara que a efectos de la inscripción, basta con la declaración bajo juramento en el dictamen de precalificación sobre la constitución de la garantía en la forma prevista por el estatuto.

Vigencia y aplicación

La resolución tiene carácter interpretativo y aclaratorio, siendo aplicable a todas las sociedades registradas. Entrará en vigor a partir del 14 de abril de 2026.

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