La Dra. María de los Ángeles Gadea analiza el fallo “Landwer Inversiones SA y otro c/ EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva” de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de fecha 22 de agosto de 2023.

El Fisco apeló y consideró que el juez de primera instancia hizo mala aplicación del principio del informalismo a favor del administrado al considerar cumplidos los requisitos exigidos para la reorganización libre de impuestos en el caso de una fusión.

La RG (AFIP) 2513 prevé como requisito acreditar copia de las actas o instrumentos en los que consten las resoluciones sociales aprobatorias de la fusión.

Un principio emergente en las relaciones entre los particulares y la Administración es el denominado principio de buena administración. La doctrina ha dicho que el derecho a una buena administración no es sólo un paraguas que se limita a englobar un conjunto de principios y derechos relativos al procedimiento administrativo debido o justo.

La idea de una buena administración incorpora, por sí misma, la necesidad de que al ejercerse poder público (por el gobierno o la Administración) dicho ejercicio se vehicule mediante un procedimiento de toma de decisión que permita garantizar el análisis y la toma en consideración diligente y con el debido cuidado de los hechos, derechos e intereses relevantes).

En tal sentido, este principio implica un comportamiento leal, a fin de que los particulares puedan -en su caso, con una intimación previa- sanear las deficiencias no esenciales que contengan sus presentaciones, máxime cuando, como en el caso, la referida reforma estatutaria existía y había sido instrumentada en una escritura pública, de lo que se daba cuenta en la escritura obrante en las actuaciones administrativas.

Finalmente, la Cámara resolvió:

Confirmar la sentencia de la anterior instancia en cuanto al fondo del asunto;
Hacer lugar parcialmente al recurso de la parte demandada y, ordenar la remisión de las actuaciones a sede administrativa a fin de que la AFIP analice el cumplimiento de los restantes requisitos legales que hacen a la comunicación prevista en la Resolución General 2513/08;
Imponer las costas de esta instancia en el orden causado, atento a las particularidades del caso y la forma en que se decide (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

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