Por: Ricardo Mihura Estrada

Abogado. Especialista en Tributación. Presidente ONG Bitcoin Argentina

El blanqueo de criptoactivos ha quedado diseñado para ser aprovechado por pequeños tenedores de cripto, posiblemente freelancers o sobrevivientes del trading de altcoins, pero no es una herramienta apta para los grandes tenedores de bitcoin. Para estos, en cambio, la moratoria podría ser una opción más conveniente para regularizar antiguas grandes tenencias.

I - Limitaciones del blanqueo

El Régimen de Regularización de Activos que aprobó la ley 27743, en lo que respecta a criptoactivos, se ha ido quedando sin alas antes de volar. La reglamentación ha intentado parches de inestable validez y dudoso alcance. Veamos.

El proyecto de ley nació mirando torcido a los criptoactivos. Desde el momento en que se obligó a los tenedores a demostrar el valor de adquisición y declararlos a ese valor si fuera superior al de mercado al 31/12/2023 generó un problema totalmente innecesario.

El problema no es que el valor de adquisición pudiera ser mayor (o menor), sino que demostrar la fecha y condiciones de adquisición obliga a hurgar en el pasado, a remitirse a operaciones posiblemente sin comprobantes y a operaciones vinculadas que justamente un blanqueo tiene por objeto olvidar y perdonar. Esta remisión al pasado es algo que no se le exige respecto de ninguno de los demás activos sujetos a regularización. Es un incomprensible sesgo anti-cripto, o nocoiner como se dice en la jerga.

Luego, cuando el proyecto de ley atravesó el Senado fue víctima de dos nuevas amputaciones graves: primero, se eliminó la posibilidad de regularizar criptoactivos en el exterior y en autocustodia. La gravedad de esto es que las grandes tenencias de bitcoin (que es el único criptoactivo en el cual es previsible encontrar tenencias grandes) en general se encuentran en un puñado de exchanges de renombre internacional o bien en autocustodia, es decir con acceso directo de su titular a la blockchain mediante el manejo personal de sus claves privadas. Esta es la manera más tradicional, correcta y segura de mantener y disponer de bitcoin. Es la razón misma por la que bitcoin existe y tiene valor. Sobre todo las grandes tenencias que pudieran estar no declaradas impositivamente: ellas están en autocustodia.

Segundo, también fue el Senado el que, manteniendo el valor de adquisición como referencia, mandó a compararla no ya con el valor objetivo del 31/12/2023, sino con el de la “fecha de inscripción en el régimen”. Otro sesgo nocoiner no previsto para ningún otro activo regularizable. Un sesgo fundado aparentemente en la avidez recaudatoria originada por la perspectiva de que la valuación de los criptoactivos aumentara significativamente en estos meses de 2024.

Luego vino el decreto reglamentario 608/2024, que por un error o liberalidad o recálculo de igual sesgo fiscalista (bitcoin venía bajando de US$ 71.000 a US$ 56.000 en julio, durante los días previos a su dictado), dispuso sencillamente modificar la ley, y disponer que el valor de declaración de los criptoactivos debe ser el siempre incómodo valor de adquisición o el de mercado al 31/12/2023. Es decir, nos olvidamos del valor de mercado en la “fecha de inscripción en el régimen” que había definido la ley. No sabemos si esta verdadera modificación reglamentaria se habrá de mantener.

Otra liberalidad reglamentaria introducida por el decreto 608/2024 consistió en reputar como criptoactivos en el país y por ello susceptibles de ser declarados en el blanqueo aquellos que, a pesar de no haber estado depositados en un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) inscripto en el país, fueren depositados antes del 30/11/2024 y mantenidos hasta esa fecha en un PSAV del país o -más curioso- en una “entidad habilitada” de una jurisdicción o país extranjero no categorizado por el GAFI en Lista Negra o Lista Gris. La literalidad de esta novedad reglamentaria parecería abrir la puerta a declarar tenencias de criptoactivos que están actualmente en autocustodia o en depósito con cualquier tercero o plataforma del exterior, previo traspaso a PSAV local o a “entidad habilitada” extranjera. Pero es tan clara la divergencia de esto con respecto a la letra de la ley que todavía cabe preguntarse: ¿es esto lo que realmente el decreto 608/2024 quiso decir?, ¿va a mantenerse ese criterio en el futuro y, sobre todo, en el aplicativo que termine definiendo de modo inexorable la aplicación concreta de las políticas fiscales?

Esto no lo sabemos, pero una primera señal negativa aparece en la RG (AFIP) 5536/2024, que manda que la titularidad de criptoactivos sea acreditada mediante informe de PSAV registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Ya no se refiere a depositarios o “entidades habilitadas” del exterior.

Esta misma reglamentación de la AFIP incluye varias referencias a la necesidad de declarar la “billetera virtual” y la “clave pública asociada” a los criptoactivos declarados. Esto, por un lado parecería ratificar la voluntad reglamentaria de incluir criptoactivos que hubieran estado en autocustodia, pues hablar de clave pública solo tiene sentido en el contexto de la autocustodia (quien tiene criptoactivos en depósito de un tercero no maneja su clave privada y, por lo tanto, tampoco tiene una clave pública asociada a su tenencia). Pero también parecería que este requisito apunta no a permitir mantener los criptoactivos en autocustodia, sino a permitir que quienes tienen criptoactivos en autocustodia puedan transferirlos a un PSAV (o entidad habilitada del exterior), y que en tales casos deban presentar también esta prueba de tenencia previa: la clave pública donde estaban antes registrados en la blockchain. Debe decirse que a partir de acreditar este requisito podrían generarse incómodas pesquisas hacia atrás en la blockchain para tracear la historia de movimientos y claves públicas vinculadas a la misma clave privada. Sobre todo, si es la AFIP quien está introduciendo un requisito que, en principio, sería totalmente innecesario si es que para declarar los activos se exige que estos ya estén depositados en un tercero. Digo que estas pesquisas son incómodas -o, más bien, peligrosas- porque aunque el titular de los criptoactivos hubiera declarado la totalidad de su tenencia actual, podría verse obligado a tener que explicar y probar algo probablemente imposible: que otros movimientos de cripto asociados a la misma cadena de claves públicas ya no le pertenecen, no están sujetos a ser dispuestos por una clave privada de que él disponga.

En suma, se ve un régimen que todavía desconfía de las tenencias de criptoactivos, y que si bien parecería haber intentado ampliar el alcance -aún con muchas dudas interpretativas y de sustentabilidad reglamentaria- impone al interesado asumir cambios de riesgo crediticio y también amenaza con contingencias regulatorias por futuras persecuciones fiscales y/o posibles restricciones al momento en que se quiera retomar la autocustodia o disponer de los criptoactivos transferidos o delegados al PSAV. Sobre el cambio de riesgo crediticio al que pretende forzar esta reglamentación es importante tener esto bien en claro: (a) que tener bitcoin en autocustodia no tiene riesgo crediticio alguno, y (b) que transferir la custodia a un PSAV tiene superlativos riesgos crediticios, especialmente considerando que la inscripción de PSAV en el registro de la CNV no implica estándar ni auditoría sobre requisito alguno de liquidez y solvencia patrimonial ni moral de los PSAV inscriptos [ver el acotadísimo marco del Registro de PSAV según la Resolución (CNV) 994/2024].

Y sobre el riesgo regulatorio agréguese que el único norte que se percibe con toda claridad, tanto en la ley como en la reglamentación, es que el gobierno pretende que la relación de blanqueo no sea directa, entre el contribuyente y la AFIP, sino que intervenga necesariamente un tercero, un PSAV o -si esta ampliación aguanta- una “entidad habilitada” del exterior. Esta intervención de un tercero tiene por evidente objeto que ese tercero cargue con la responsabilidad de hacer una evaluación de riesgo de lavado según las normas de GAFI recientemente adoptadas en el país [L. 27739 y Resolución (UIF) 49/2024] y prácticamente generalizadas en todo el mundo. La conclusión necesaria de esto es que cualquier gran tenedor de bitcoin que no tenga una previa historia con un PSAV y que deposite allí una tenencia importante, va a generar de parte del PSAV un Reporte de Operación Sospechosa (“ROS”) que será informado a la Unidad de Información Financiera (“UIF”). Cómo habrá de seguir la historia de ese ROS y de ese contribuyente con la UIF y con la Justicia, es una incógnita.

Además:

II - Flexibilidad de la moratoria

III - Valoración extrafiscal

IV - Conclusión

Este artículo fue publicado en el Micrositio 'Criptoactivos', dirigido por Marcos Zocaro

Si tenés tu suscripción, accedé al texto completo haciendo clic acá

Si todavía no te suscribiste, clickeá aquí y mirá lo que tenemos para vos

Para seguir leyendo:

Argentina podría entrar a la lista gris del GAFI: ¿en qué afecta a las criptomonedas?

Regularización de criptoactivos: Blanqueo vs. Moratoria