Por: Richard Amaro Gómez

Se recuerda que por el art. 35 de la Ley Nº 11.683 de procedimientos tributarios la ARCA (ex AFIP) tiene amplios poderes para verificar y fiscalizar a los contribuyentes y a cualquier presunto responsable respecto de su situación. Este poder, que es inherente a la administración tributaria, se amplió con el paso de los años a fin de dotar de más poder al Fisco nacional frente a los modernos ardides de evasión que se han ido entretejiendo en el marco de la economía marginal.

Es importante precisar en el marco de lo expuesto, que dicho poder siempre se conserva y está en estado latente respecto de cualquier contribuyente o presunto responsable. No obstante, puede existir por ley un bloqueo fiscal. Al respecto, en la década de los 90 se sancionó la Ley 23.905 que incluyó un bloqueo fiscal en el cual se autorizaba al Poder Ejecutivo a disponer en ciertas circunstancias que la fiscalizaciones se limiten al último periodo anual manteniendo, mientras no existan ajustes, una presunción iure et de iure (que no admite prueba en contrario) en relación a la exactitud de las demás de las declaraciones juradas por el resto de los períodos anteriores no prescriptos.

Ahora bien, el Régimen de Regularización de Activos (RRA) de la Ley 27.743 estableció para todos aquellos que adhieran al mismo una serie de beneficios desde el periodo fiscal 2023, inclusive, hacia los periodos fiscales no prescriptos. En esta línea, entre los beneficios podemos mencionar el tapón fiscal. Al respecto, la parte pertinente del art. 34 de la ley de paquete fiscal instauró: “los sujetos que regularicen bienes que poseyeran a la Fecha de Regularización, sumados a los que declaren en las respectivas declaraciones juradas de los ejercicios finalizados hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad al 31 de diciembre de 2023 y no lo hubieren declarado”. Es decir que esos bienes que existieron en el patrimonio, que ya no subsisten al 31/12/2023 y nunca se declararon, gozarán de los beneficios de la liberación de impuestos, exoneración de sanciones, entre otros, de igual forma que los bienes regularizados.

Lo expuesto se puede reflejar con un simple ejemplo: supongan un contribuyente que tenía dos inmuebles adquiridos con dinero de operaciones marginales. Una de las casas existía al 31/12/2023 y la regulariza, pero la otra ya no existía a esa fecha porque se enajenó en años anteriores. Al respecto, por el inmueble regularizado gozará de los beneficios de exoneración de impuestos en la medida de lo declarado, entre otros; y por el inmueble que no existía al 31/12/2023 y que no puede regularizar gozará del tapón fiscal que le dará los mismos beneficios.

Véase que no es la primera vez que se implementa esta figura del tapón fiscal para un régimen de regularización de activos. Anteriormente, la Ley 27.260 en la parte pertinente del art. 46 esgrimía el tapón fiscal para el sinceramiento de 2016 de la siguiente manera: “los sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyeran al 31 de diciembre de 2015, sumados a los que hubieren declarado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad a dicha fecha y no lo hubieren declarado”.

Ahora bien, es importante destacar que estos no implican la limitación del poder de fiscalización de ninguna manera, dado que no se trata de un bloqueo fiscal sino más bien de un beneficio adicional por bienes que estuvieron ocultos en el pasado, y que en caso de detectarse quedarán liberados de impuestos. Esto conlleva que la ARCA (ex AFIP) podría fiscalizar a cualquier contribuyente que haya ingresado al régimen de regularización de activos por cualquier periodo fiscal, con la limitación que tendrá para practicar ajustes en relación y en la medida de los bienes regularizados y respecto a los no regularizados a los se le aplique el tapón fiscal. Ello en referencia a los fondos que originaron esos bienes. Sin embargo, podrá hacer otro tipo de ajustes como los técnicos: por errores cometidos en las liquidaciones, errores en la cuantificación del AXI impositivo, por falta del cálculos de intereses presuntos, por haber deducido amortizaciones en exceso o malos créditos demás, etc.

En definitiva, el tapón fiscal del RRA no implica en absoluto que el poder de fiscalización se encuentre limitado, el Fisco puede fiscalizar y lo hecho lo está haciendo. Sin embargo, en lo que respecta a incrementos patrimoniales no justificados el poder de practicar ajustes se encuentra limitado como ya hemos visto.

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