La sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal rechazó un recurso que había cuestionado una deuda por honorarios ya que, entre el depósito y la notificación judicial, se había actualizado el monto de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA).

“La propiedad del dinero depositado en cuenta judicial sólo se adquiere cuando mediante pronunciamiento judicial se hace entrega de los fondos al acreedor, y no antes”, señalaron los magistrados, por lo que entendieron que el monto debía actualizarse.

En el caso “Vidal, Laura Natacha y otro c/ OSDE y otro s/amparo de salud”, la actora solicitó que se les ordene a los demandados que procedan a su afiliación en calidad de beneficiaria obligatoria, junto con su cónyuge a su cargo y su hija al Plan 210 en las mismas condiciones que detentaba previo a su jubilación, respetándose costos y cobertura.

La jueza de primera instancia hizo lugar a la acción y para regular los honorarios de los profesionales intervinientes destacó que su inicio fue bajo la vigencia de la Ley 27.423, por lo que tomó en cuenta las pautas establecidas por dicha normativa.

“Teniendo en cuenta el mérito, eficacia y extensión de la labor desarrollada, la trascendencia jurídica, moral y económica que para la parte actora tiene este proceso, ponderando que los montos previstos por el arancel vigente están contemplados para remunerar la tarea del letrado que ha cumplido todas las etapas del proceso respectivo y siendo que en autos se ha cumplido la primera etapa, regulo los honorarios de los letrados patrocinantes de la actora: los del Dr. A. M. S. en 4,5 UMA, equivalente a la fecha a $87.021 y los del Dr. M. H. A. en 10,5 UMA equivalente a la fecha a $203.049, ello teniendo en cuenta que el citado profesional únicamente envió a través del sistema lex-100 el escrito de inicio y no suscribió los restantes escritos presentados, los que fueron enviados digitalmente por el Dr. S.”, explicó.

Apelación por honorarios y actualización de la UMA

Los demandados apelaron los honorarios regulados a favor de los letrados patrocinantes de la accionante y la Cámara los redujo a la suma de 10 UMA.

Asimismo, le reguló al Dr. S. la suma de 3,5 UMA por las tareas desarrolladas en la Cámara.

Luego la accionada acompañó el comprobante de transferencia bancaria por los que abonó en la cuenta judicial la suma de $342.535 en concepto de honorarios.

El juzgado de primera instancia dispuso que se haga saber a los interesados. Pero los letrados de la actora practicaron liquidación de intereses, por entender que la parte demandada dio en pago una suma inferior a la que correspondía ya que el valor de la UMA se había actualizado.

Por ello, la jueza intimó a la demandada para que deposite la suma de $70.051,50 en concepto de diferencia de honorarios.

Para los jueces, el pago no se configura con el simple depósito judicial sino que requiere la comunicación al acreedor y la posterior disposición de los fondos

La demandada se agravió. Señaló que ya había abonado la totalidad de los honorarios debidos el día 29 de noviembre de 2023, previo a la actualización de la UMA del 4 de diciembre de ese año, por lo que no correspondía hacer lugar a la intimación cursada.

Los camaristas Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier explicaron que el pago “se configura en el momento en que el acreedor puede disponer de los fondos obrando con la debida diligencia”.

En ese sentido, al analizar las constancias de la causa, tuvieron en cuenta que “la parte demandada debió haber realizado en forma diligente las presentaciones procesales conducentes y necesarias para notificarle a los acreedores de la dación en pago que efectuó el 29 de noviembre de 20203 y así evitar no sufrir las consecuencias de la variación de la UMA”.

“En efecto, la propiedad del dinero depositado en cuenta judicial sólo se adquiere cuando mediante pronunciamiento judicial se hace entrega de los fondos al acreedor, y no antes, permaneciendo en el tiempo intermedio dentro de la esfera de pertenencia de la demandada”, remarcaron.

¿Cuándo se configura el pago?

En ese contexto, los camaristas sostuvieron que “el pago en sentido técnico no se configura como tal con el simple depósito judicial de lo adeudado, sino que requiere también la comunicación al acreedor, posibilitando la posterior disposición de los fondos y la remoción de los obstáculos que pueden impedir el retiro de ellos”.

Es decir, para que el “pago exista con plena virtualidad jurídica, la dación efectuada por el deudor no debe estar subordinada a condición alguna puesto que aquél sólo se configura cuando el acreedor puede disponer de los fondos, haciéndolos ingresar a su patrimonio”.

“Por tal razón es que, en tanto el deudor ha elegido libremente la vía del depósito judicial como modo de cumplimiento, se debe hacer cargo de las consecuencias que le son inherentes, en la medida en que las formas procesales a las que se debe ajustar impidan el retiro inmediato de las sumas”, concluyeron.

En consecuencia, desestimaron los agravios del apelante por cuanto resultaba imputable a su parte la demora en la recepción del pago debido.

Accedé al texto completo del fallo

También te puede interesar:

Nuevo valor de la UMA a partir del 1° de marzo de 2024

Regulación de honorarios: ordenan se deposite la diferencia porque se había actualizado la UMA