Ante la obtención de media sanción en Diputados y su inminente tratamiento en el Senado del proyecto de reforma del sistema normativo nacional PLA/CFT (Prevención de Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) impulsado por la UIF, se nos abre la puerta para reflexionar sobre ciertos tópicos.

El proyecto responde a la necesidad de una puesta a punto del marco normativo que tome en cuenta la propia evolución del sistema antilavado y las modificaciones y actualizaciones en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Se trata de la primera propuesta de reforma sustancial del sistema PLA/CFT en once años.

Focalizaré en este artículo sobre las verticales que rozan el universo cripto, disparando los siguientes interrogantes.

¿Es necesaria la regulación?

Si bien ya existía regulaciones puntuales en las que tocaba contacto cripto con determinadas materias (BCRA, UIF, AFIP, ley de impuesto a las ganancias), se busca con esta iniciativa aggiornar el derecho positivo a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales a los que nuestro país es miembro.

Por otra parte, cabe recordar que un exceso de regulaciones no hace más que crear mercados negros. La informalidad provocada por el ahorcamiento en el desarrollo de negocios, no hace más que provocar violencia o distorsiones negativas en el comercio. Un claro ejemplo histórico de esto, fue el acaecimiento de la ley seca, que no logró aminorar el consumo de alcohol, sino que generó un incremento de precios, el florecimiento de mafias, y bebidas elaboradas en condiciones insalubres.

Tampoco es asimilable el mercado informal al intercambio de persona a persona de activos digitales, toda vez que no es un bien sobre el que pese prohibición alguna, y no siendo necesaria ni indispensable la actuación de intermediarios entre los usuarios.

¿Se brinda más protección al usuario final?

Si bien en principio este interrogante no estaría relacionado directamente con el objeto de la ley, es útil vincularlo, ya que el acápite vinculado al universo cripto, fue adosado a último minuto al proyecto. Esto nos da la pauta de que más que brindar certezas, lo que se busca es “desalentar” la utilización de los activos virtuales.

Por otro lado, podríamos tal vez esperar que dichas modificaciones fueran a aportar mayor claridad, seguridad o tutela sobre las personas de a pie. Sin embargo, del análisis del proyecto, no se observa ni surge, ni se infiere de qué manera podría redundar en esta tarea. Solo se avizora un Estado que se inmiscuye a un mayor nivel sobre las conductas humanas, a cambio de nada.

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¿Es idóneo el órgano propuesto para la regulación de los sujetos obligados?

Se pone en cabeza de la CNV el registro y control de los “proveedores de servicios de activos virtuales” (VASP por sus siglas en ingles).

Recordemos que la función primordial de dicha Comisión es encargarse de la promoción, supervisión y control del mercado de capitales, regulando agentes, instrumentos, entre otras materias, orientado a la protección del público inversor.

Si entendemos que la mayoría de las criptomonedas no superan el conocido test de Howey, no nos encontramos por lo tanto ante un “valor” desde el punto de vista bursátil, con lo cual el objeto a regular escaparía de su órbita.

No considero que dicha entidad tenga idoneidad para actuar como guardián de la industria que estamos tratando, toda vez que, ni los activos virtuales son asimilables a un instrumento bursatil; ni tampoco los exchanges, particulares o pequeñas empresas que operan mediante estas tecnologías, sean asimilables a una ALYC.

Recordemos que en el mercado de capitales contamos con toda una cadena de intermediación que es obligatoria, mientras que en el ecosistema cripto la intervención de distintos agentes entre la oferta y demanda de bienes es a los efectos de brindar mayor comodidad al usuario, mediante sus productos y servicios.

¿Qué podemos decir de los sujetos obligados?

Contamos con una gran comunidad de individuos y microempresas que prestan también el servicio de intercambio de criptoactivos por dinero fiduciario y viceversa, o por otros criptoactivos, mediante operaciones denominadas P2P.

En este sentido, la ONG Bitcoin Argentina, como asociación civil promotora de teconologías descentralizadas, transparentes, trazables, de código abierto, seguras y consensuadas, publicó un documento mediante el cual propone modificaciones al proyecto, y considera que la norma golpea innecesariamente a la criptoeconomía al afectar la actividad de usuarios finales y pequeños y medianos operadores.[1]

Estoy convencido de que no es viable criminalizar las operaciones de bajo monto que se realizan entre particulares, o comercios minoristas, ya que esto solo generaría una concentración en el mercado, favoreciendo a aquellos grandes actores que solo puedan cumplir con la espesa normativa y consagrarse como “ALYC CRIPTO”.

¿Conocés los Spaces de Twitter de Errepar?

Junto con la ONG Bitcoin, queremos invitarte este miércoles 12 de julio a las 15.30 hs, a una charla en vivo “Conociendo las principales implicancias en el lavado de criptoactivos y el compliance”, con los especialistas Hernán Blanco, Jonathan Bensousan, Eugenio Andrea Bruno y Victor Atila Castillejo Arias.

Para participar, sumate a las 15.30 hs a la cuenta de Twitter @Errepar

Consideraciones finales

No podemos regular la tecnología. Siempre vamos a llegar tarde. Considero más plausible lograr una neutralidad en las definiciones (cuando no excluirlas), para evitar la obsolescencia en el derecho aplicable.

En cuanto a la protección del inversor cripto, estimo más conveniente cumplir de manera más eficiente la ley 24240 referente a derecho del consumidor, que obliga a los prestadores a constituir domicilio[2], exigir información más veraz y clara, como así también términos y condiciones más ajustados a la realidad.[3]

Parece un absurdo que el consumidor pase de ser la parte más vulnerable en la relación comercial, a estar asimilado a una casa de intercambio, y cumplir con la normativa de una ALYC.

Veo redundancia y superposición en el ordenamiento jurídico, los sujetos ya se encuentran obligados a cumplir las políticas de PLA/CFT, conforme lo normado en la Resolución N° 300/14 de UIF, y reportan así mismo ante la AFIP conforme la Resolución 4614/2019 de dicha Administración.

Dejemos atrás la idea de que nos encontramos ante una cueva de delincuentes, y asumamos a la industria cripto como un ecosistema moderno, pujante y facilitador de soluciones.

Si sos suscriptor, no te pierdas el análisis de Marcos Zocaro en este podcast: 'Las cripto y el proyecto de reforma Ley de Lavado de Activos', haciendo clic acá

[1] Comunicado de prensa ONG Bitcoin Argentina: https://drive.google.com/file/d/12R2HoXRhbyby5A7iUrCzcbuQgCeqFMjs/view

[2] https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/falta-piso-juridico-dificulta-defensa-usuarios-exchanges/

[3] https://www.derechoenzapatillas.com/2023/defensa-del-consumidor-y-cripto/

Regulación cripto en la Argentina: ¿proteger o desalentar?