Este viernes comenzó a regir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica. Dentro de la norma hay artículos que aluden a los Registros Automotores, organismos encargados de patentar y documentar los cambios de titularidad de los vehículos que circulan por la Argentina.

Hay que tener en cuenta que el proyecto de “ley ómnibus”, que acaba de presentarse en el Congreso, también contiene artículos que influyen en el funcionamiento del Registro automotor, pero hay que tener en cuenta que el DNU ya está en vigencia y la iniciativa aún debe ser aprobada por el Congreso.

El DNU sobre registro automotor

De acuerdo al DNU, los trámites de inscripción y transferencia de un vehículo podrán hacerse de manera digital y simplificada, con el objetivo de agilizar todo el proceso, directamente ante la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA).

“Es necesario realizar modificaciones al Régimen Jurídico del Automotor que permitan que los trámites puedan hacerse integralmente de manera digital y agilizar todos los procesos, eliminando etapas innecesarias y costos absolutamente desproporcionados que dificultan la circulación de este tipo de bienes”, dijo Milei durante la cadena nacional en la que presentó el DNU.

La Dirección Nacional deberá hacer efectiva la puesta en marcha de su registro remoto, abierto, estandarizado y accesible a más tardar el 2 de mayo de 2024.

Derogaciones

Se derogan los artículos:

- 11, (que establecía que el lugar de radicación del vehículo sea el correspondiente al domicilio del titular del dominio),

- 12 (que establece las condiciones para el cambio de radicación); y

- 21 (sobre las condiciones para realizar un duplicado del título automotor en caso de que el original resulte extraviado, dañado o destruido involuntariamente) del Decreto-Ley Nº 6582/58 ratificado por la Ley N° 14.467 (t.o. 1997) y sus modificatorias por el siguiente:

Todas las modificaciones

Título digital

Incorpora el concepto de título en formato digital, además del tradicional físico.

Inscripciones y aranceles

Permite inscripciones (patentamientos) directamente ante la Dirección Nacional, que deberá establecer a tal efecto “un servicio de inscripción remoto, abierto, accesible y estandarizado”. Esto quiere decir que no será obligatorio (antes sólo excepciones) inscribir el automotor en los registros seccionales, conocidos como “registros del automotor”. A los efectos de esta disposición, el Poder Ejecutivo Nacional dictará la reglamentación correspondiente. La Dirección Nacional recabará toda la información para poner en funcionamiento ese registro tanto de los automotores por registrarse como de los ya registrados.

La Dirección Nacional controlará el funcionamiento de los Registros Seccionales, realizará las tareas registrales específicas que determine la reglamentación, y dispondrá el archivo ordenado de copias de los instrumentos que se registren. Dicho registro será electrónico y de acceso público. Hasta ahora, la Dirección Nacional controlaba el funcionamiento de los registros seccionales y disponía el archivo ordenado de copias de los instrumentos que se registren, autorizando además a realizar microfilms de los expedientes.

Los aranceles para los trámites digitales ante la Dirección Nacional no podrán superar el valor del arancel (fijado por el Poder Ejecutivo Nacional) para los trámites convencionales. Además, no podrá limitarse el patentamiento o la transferencia por normas de carácter administrativo ajenas a los aranceles del Registro. De esta manera, la existencia de deudas en situación regular por multas o patentes no podrá impedir la inscripción o transmisión de automotores.

Compraventa de autos usados

Según el DNU, las personas humanas o jurídicas registradas en el Organismo de Aplicación como comerciantes habituales en la compraventa de automotores deberán inscribir a su nombre los automotores usados que adquieran para la reventa posterior.

El Organismo de Aplicación establecerá los requisitos que deberán cumplir los interesados para inscribirse como comerciantes habituales en la compraventa de automotores y las causas por las cuales se suspenderá o cancelará esa inscripción.

En las inscripciones de dominio de automotores armados fuera de fábrica, o de sus plantas de montaje, deberá justificarse fehacientemente el origen de los elementos utilizados, los que podrán ser de fabricación artesanal, en la forma en que lo determine el organismo de aplicación.

El titular que transfiera un automotor podrá asimismo dejar sentado en el Registro el cumplimiento de las condiciones de seguridad activa y pasiva para circular en la forma que determine la normativa específica en la materia. La ausencia de esta anotación en ningún caso podrá impedir la inscripción o transferencia del automotor.

Podrán ser electrónicos los pedidos inscripción en el Registro, y “en general los trámites que se realicen”.

Se permite tomar como válido el título de propiedad del automotor en formato digital para las transferencias formalizadas por instrumento público o dispuesta por orden judicial o administrativa.

Los endosos de contratos de prenda podrán realizarse en cualquier Registro Seccional o en el servicio de inscripción remoto de la Dirección Nacional (hasta ahora sólo se realizaban en el registro donde se haya inscripto el contrato).

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Documentación para circular

El Registro entregará al titular del automotor una o más cédulas de identificación de este, en las que se consignarán los datos que, con respecto al automotor y a su propietario, establezca la autoridad de aplicación. Las cédulas se entregarán digitalmente, las que tendrán la misma validez que las físicas. El adquirente podrá pedir una o varias cédulas físicas las que podrán tener un costo.

Dichas cédulas deberán ser devueltas por el enajenante del automotor, expidiéndose nuevas para el adquirente. Su tenencia acreditará derecho o autorización para usar el automotor, pero no eximirá de la obligación de justificar la habilitación personal para conducir.

La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo. Será obligatorio exhibir esos documentos a la autoridad competente, pero no podrán ser retenidos si no mediare denuncia de hurto o robo del automotor u orden de autoridad judicial.

El Organismo de Aplicación determinará los distintos tipos de cédulas que se expedirán, las cuales no caducarán mientras no haya cambios en la titularidad del vehículo.

Denuncia de venta

A partir de la denuncia de venta no sólo se transferirá la responsabilidad sobre tributos como impuestos, patentes, multas, etc. hacia el comprador sino que se desliga al vendedor o transmitente de todo tipo de responsabilidad legal sobre el automotor.

Documentación necesaria para circular

El DNU modificó el Decreto-Ley 6582/58 sobre registro de propiedad automotor pero no a la Ley Nacional de Tránsito (24.449). Esta indica que la VTV y el seguro son obligatorios, por lo que continúan siendo necesarios para circular tras el DNU.

De esta manera, los documentos obligatorios para circular son los siguientes:

Licencia Nacional de Conducir.
Cédula verde o azul.
Comprobante de seguro en vigencia.
Comprobante de pago del impuesto a la radicación del vehículo.
Documento Nacional de Identidad (DNI).
Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.
Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares.

Según el DNU, no es necesario tener actualizados la VTV y el comprobante de póliza de Seguro y no serán causales para retener el vehículo, pero sí se emitirá una multa.

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Cambios propuestos por el proyecto de ley ómnibus

El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso no buscará eliminar el trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Sin embargo, sí prevé una serie de cambios sobre la Ley Nacional de Tránsito, afectando, en consecuencia, a la reglamentación de la VTV.

Actualmente, según la Ley 24.449, es facultad de la autoridad competente (es decir, las provincias) delegar la verificación a “concesionarias oficiales de los fabricantes o importadores o a talleres habilitados”. Es decir, son los gobiernos provinciales quienes eligen a las empresas que prestan el servicio y autorizan las sedes donde los propietarios de vehículos acuden a hacer el trámite de la verificación.

De acuerdo al proyecto de ley, “los talleres de las concesionarias oficiales de los fabricantes o importadores o talleres habilitados podrán realizar la revisión técnica obligatoria, previo cumplimiento de los requerimientos que determine la autoridad competente”.

De esta manera, no sería facultad de las autoridades elegir las sedes habilitadas sino que podrían, cumpliendo los requisitos pertinentes, ser los talleres o concesionarias quienes se conviertan en centros oficiales de verificación por intención propia.

Las autoridades podrán determinar los requisitos que debería cumplir cada centro. No se prevén cambios sobre la periodicidad de revisión y los criterios de evaluación, cuya decisión seguirá siendo potestad de los gobiernos provinciales.

Registro automotor y VTV: qué dice el DNU y qué propone la “ley ómnibus”