Por: Sergio W. Cava

El texto dictaminado establece que las penas privativas de la libertad serán en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario.

I - Introducción

Habitualmente, se escribe y se colige sobre conductas de las personas reñidas con las previsiones legales al mejor estilo kelseniano, es decir, lo que importa es la validez de la norma.

Estamos ante un positivismo jurídico puro, que nos ha enmarcado en la formación como abogados y ha calado muy hondo en nuestro modo de pensar los casos, independientemente de la función que cumplamos.

En el caso de niños, niñas y adolescentes resulta un poco más complejo, dada la especificidad de la normativa protectoria existente y las problemáticas intrínsecas de esta etapa de la vida donde, para resolver el caso, no basta con citar a la persona a quien se le atribuye la comisión del injusto penal, sino que requiere una especial atención a su entorno y a qué circunstancias pueden favorecer o desalentar la repetición de conductas de este tipo.

Dicho lo anterior, y tomando en cuenta los reclamos que se hacen visibles desde parte de la sociedad, resulta interesante repensar si las personas están en conflicto con la ley o es a la inversa.

Ya con la emergencia sanitaria del COVID-19 dejada atrás, parecen resurgir las mismas polémicas, inconvenientes y debates de siempre. No olvidemos que el día 5 de mayo de 2023 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó el final de dicha emergencia, lo cual no implica que la enfermedad ya no exista, sino que ha pasado a formar parte de aquellas afecciones trabajadas desde la medicina y sus disciplinas afines. Para pasar en limpio, resulta obvio que luego de la pandemia existiera un repunte en los índices de comisiones de delito, accidentes de tránsito y consumo de bienes y servicios.

Además, continúan expresándose las opiniones de personas que no conocen la materia, las cuales hablan desde la más absoluta consternación (sobre todo) ante hechos graves realizados por personas que aún no han cumplido 18 años, no pudiendo escuchar o prestar atención sin que el sesgo de confirmación les afecte.

Nada de lo anterior ha sido expresado desde un lugar de superioridad intelectual ni moral, de ninguna superioridad, sino desde el lugar de permitirse pensar de manera diferente.

Lo que preocupa a quien escribe estas líneas es averiguar si hemos podido aprender algo en un debate tan delicado como el de la edad mínima de imputabilidad. O tal vez, continuemos con las estériles discusiones de siempre sobre la edad de imputabilidad en lugar de aplicar medidas preventivas, a lo cual el derecho se inclina, desde hace varios años, a nivel internacional.

II - La propuesta de una revisión

Comenzaré por una anécdota de algo que llamó la atención en la mesa familiar hace poco más de un año.

Durante la campaña presidencial que ungiría a Javier Milei como presidente de la Nación para el período 2023-2027, para mayor precisión, en el segundo debate previo a la primera vuelta de los comicios de ese año, que tuvo lugar el día 8 de octubre, se hizo eco en mi cabeza la palabra de uno de los oradores.

Juan Schiaretti, candidato presidencial y entonces gobernador de la Provincia de Córdoba, dijo, al hablar de inseguridad: “Hay que cambiar también la ley penal juvenil porque la que hay vigente es de la última dictadura genocida. Y hay que hacerla con las recomendaciones de la ONU y de la UNICEF”.

Quedé estupefacto, dado que el entonces gobernador promovió realizar un cambio en la legislación penal juvenil, debido a encontrarse sancionada por la última dictadura cívico-clérico-militar.

Además, dijo que debía hacerse de forma específica, esto es, como lo recomiendan dos organismos internacionales.

¿Cuáles son esos organismos internacionales?

La ONU -siglas de Organización de las Naciones Unidas- se trata de un organismo internacional creado luego de la Segunda Guerra Mundial para intentar encauzar las relaciones bilaterales y multilaterales entre los países a la par de establecer mecanismos que, a priori, garantizaran la paz.

La muestra más cabal de ello puede ser la creación del Consejo de Seguridad, que consta de 15 Estados miembro, 5 de los cuales son permanentes y tienen poder de veto, lo cual significa que, si uno de los 5 vota en desacuerdo, aunque los otros 4 permanentes y los 10 que no lo son voten en sentido opuesto, la resolución o acción no se llevará adelante.

¿Quiénes son estos Estados miembro permanente del Consejo de Seguridad?, los países que se proclamaron vencedores luego del conflicto bélico mencionado: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética (hoy sucedida por la Federación Rusa). El objetivo de ello es que sea compuesta por países con potencial para oponerse a los demás miembros permanentes, procurando un equilibrio de fuerzas.

Por otra parte, en el marco de dicho organismo, tenemos a UNICEF, o Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, creado también luego de la mencionada guerra. Su objetivo es realizar acciones para promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es promotor de la Convención de los Derechos del Niño, firmada en Nueva York, Estados Unidos, en 1989.

Si midiéramos el éxito solo en la adhesión a un instrumento internacional, podríamos decir que es el caso más prolífico en la historia de la humanidad. Siendo suscripto por 196 Estados miembro. Sudán del Sur y Somalia ratificaron el instrumento jurídico en 2015. Estados Unidos, uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que nombramos párrafos más arriba, no ha ratificado el tratado pese a firmarlo; esto significa que no lo ha incorporado a su derecho interno.

Además:

III - Interés superior del niño

IV - Autonomía progresiva

V - Descripción del concepto de delito

VI - La ley vigente

VII - Recomendaciones de naciones unidas

VIII - El aporte de UNICEF

IX - Proyectos presentados

X - Una reflexión sobre la legislación, los proyectos y la sentencia de la corte

XI - El discurso del 1 de marzo de 2025

XII - La opinión de diversos juristas y actores sociales

XIII - Palabras finales

Este artículo forma parte de la publicación 'Temas de Derecho Penal y Procesal Penal', exclusivo para suscriptores de Erreius

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