Mediante la Resolución 484/2026, el Ministerio de Justicia originó el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, una herramienta institucional destinada a coordinar y supervisar la aplicación de la Ley 27.801, reglamentada por el Decreto 875/2026, que estableció un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes en conflicto con la ley penal.

La medida busca garantizar una implementación uniforme y eficiente del sistema en el ámbito de la justicia nacional y federal, fortaleciendo la coordinación entre organismos públicos, la capacitación de operadores judiciales y la atención integral a las víctimas.

Objetivos centrales del programa

El nuevo programa funcionará dentro de la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal, dependiente de la Subsecretaría de Política Criminal, y tendrá como principales objetivos:

Coordinar la implementación integral del Régimen Penal Juvenil.
Promover políticas basadas en evidencia para reducir la reincidencia.
Garantizar la protección y participación efectiva de las víctimas.
Impulsar la capacitación especializada de jueces, fiscales, defensores y demás operadores del sistema.
Fortalecer la articulación entre Nación, provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desarrollar sistemas de información estadística y evaluación de resultados.
Organizar y supervisar el funcionamiento del cuerpo de supervisores juveniles.

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Supervisores juveniles: una pieza clave de la reforma

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la regulación del cuerpo de supervisores previsto por la Ley 27.801. Estos profesionales tendrán la responsabilidad de acompañar, controlar y monitorear la evolución de los adolescentes sometidos a medidas judiciales, mediante entrevistas periódicas, elaboración de informes y articulación con equipos interdisciplinarios.

Para fortalecer esta función, se aprobó el Reglamento del Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil y el Manual del Supervisor Juvenil, instrumentos que buscan estandarizar criterios de actuación y asegurar calidad técnica en las intervenciones.

Mayor asistencia y protección para las víctimas

La normativa también incorporó un enfoque centrado en las víctimas de delitos cometidos por adolescentes. En coordinación con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, el programa deberá desarrollar mecanismos de asistencia, orientación, contención y patrocinio jurídico gratuito cuando corresponda.

Además, se autorizaron normas específicas sobre asistencia integral a las víctimas, en línea con la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

Coordinación federal y monitoreo permanente

La implementación del nuevo régimen también contempla una fuerte articulación interinstitucional. El programa brindará apoyo técnico al Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil y a la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, espacios creados para coordinar acciones entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, trabajará junto al Registro Nacional de Reincidencia para administrar la sección especial destinada a los adolescentes alcanzados por la Ley 27.801, garantizando la confidencialidad de la información y el cumplimiento de los principios de reserva establecidos por la normativa.

Entrada en vigencia

La resolución designa como coordinadora del programa, con carácter ad honorem, a Débora Eliana Di Girolamo y establece que la medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

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Objetivos centrales del programa

Supervisores juveniles: una pieza clave de la reforma

Mayor asistencia y protección para las víctimas

Coordinación federal y monitoreo permanente

Entrada en vigencia

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