El paquete fiscal creó un Régimen de Transferencia Fiscal al Consumidor por medio del Título VII – artículos 98 al 101 – de la Ley 27.743 con el objetivo de dar visibilidad a los tributos indirectos que repercuten en el precio final de un bien o servicio que se comercializa en el mercado y pagado por un consumidor final.

En este contexto, el régimen de marras se refiere a operaciones con consumidores finales en el cual el objetivo es que este último tenga un acabado conocimiento de la incidencia de los impuestos indirectos contenidos en los precios, a fin de evitar de queden ocultos:

No obstante, en principio este sistema se remite a gravámenes nacionales indirectos (tales como el IVA e impuestos internos, entre otros). Y de hecho, hasta hoy, está reglamentado sólo a nivel nacional.

En lo que respecta la carga local existen también tasas indirectas que inciden en el precio tales como el IIBB y las tasas municipales, entre otros. Sin embargo, no existe la obligación de transparentar estos aranceles que afectan el precio de los productos que llegan al consumidor final, hasta tanto y en cuanto las jurisdicciones así lo reglamenten de manera particular.

Incluso, el paquete fiscal invita a las jurisdicciones locales a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del impuesto sobre los 'ingresos brutos' y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios.

En consecuencia, hay:

Provincial: cada una de las 24 jurisdicciones (23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) deberán emitir normas específicas sobre la temática, la cual será de aplicación dentro de la jurisdicción que así dicte la norma.
Municipal: cada uno de los municipios de cada una de las 23 jurisdicciones provinciales deberán emitir las normas a tales efectos, resultando de aplicación para el ejido municipal en particular.

En definitiva y según la ubicación geográfica de la empresa tendremos que, aparte de cumplir con la normativa nacional del régimen de transparencia, tendrán que cumplir con la normativa local (provincial y municipal). Aunque adelantamos que al día de la fecha ninguna jurisdicción local reglamentó el régimen de transparencia.

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