Por: Santiago G. Rubin

Abogado, especialista en Derecho Informático

Recientemente, a través de diversos medios de comunicación se hizo pública la intención del titular del Poder Ejecutivo Nacional de adquirir la licencia de un software de la empresa Google LLC para con la ayuda de Inteligencia Artificial (IA) avanzar con reformas del Estado: “Tuvimos una charla con la gente de Google, ellos tienen de hecho un módulo para hacer reforma del Estado, pero con inteligencia artificial, así es que vamos a estar avanzando en eso” (comentó Milei).

Lo que suscitó una serie de interrogantes y preocupaciones sobre el uso que se le daría al mentado sistema informático de IA, específicamente sobre el rol que se le quiere dar al sistema “inteligente” y el grado de automatización pretendido a la hora de cumplir los fines estatales de cara a los ciudadanos. Algunos de los puntos que despiertan mayor incógnita son los relacionados con el eventual contrato a celebrarse con el gigante tecnológico Google y la transparencia en la utilización de los datos de los argentinos.

El Salvador: ejemplo de 'modelo Google'

También fue publicado que la jefa de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Hispanoamérica, habría sugerido a Javier Milei que dialogara con el mandatario de El Salvador, en razón de que en dicho país ya se está aplicando el 'modelo Google' de reforma del Estado. La implementación salvadoreña de IA en el Estado, se encuentra normativizada por la Ley General para la Modernización Digital del Estado (aprobada en septiembre 2023), en la cual se sella una alianza entre el Gobierno de la República de El Salvador y Google LLC para llevar adelante modificaciones estatales en la búsqueda de mayor eficiencia en el Estado, para lo cual no solo dicha Ley nombra a Google como socio estratégico (prácticamente en exclusividad), sino que garantiza asignaciones presupuestarias por lo menos de 500 millones de dólares estadounidenses, a lo largo de 7 años, para desarrollar toda una infraestructura digital en el país utilizando la tecnología de la nube de Google.

¿De qué se tratan los servicios que Google ofrece a los Estados?

Es clave para analizar realmente el grado de afectación, que conozcamos la magnitud y profundidad de los servicios que este gigante tecnológico pone a disposición de los gobiernos estatales; si bien no podemos conocer con lujo de detalles porque, en el caso particular de Argentina no se ha avanzado en concreto, podemos extraer del caso de El Salvador que principalmente los servicios pasan por modernizar servicios públicos en las áreas de atención médica, educación y trámites administrativos.

En cuanto a la incidencia en educación, específicamente el servicio es Google Classroom (Google Workspace for Education), que permite gestionar un aula de forma colaborativa a través de internet, siendo una plataforma para la gestión de la enseñanza y aprendizaje, donde surge de los términos y condiciones de la política de privacidad impuesta por Google, que recopilan información de la cuenta tanto del establecimiento educativo, profesores y alumnos, que incluye datos como nombre y dirección de correo electrónico, la actividad del usuario (quien interactúa y contenido), su configuración, aplicaciones, navegadores y dispositivos utilizados, incluida la dirección IP, información de ubicación, comunicaciones directas, información sobre pagos y transacciones, en algunos casos también procesando datos de voz.

En el campo de la sanidad, desde el Estado salvadoreño han anunciado: “…Google usará inteligencia artificial para que todo el sistema de salud público tenga información compartida en tiempo real y que se pueda ofrecer mejores diagnósticos y tratamientos más oportunos”.

En dicho campo, una de las prestaciones ofrecidas por Google es Care Studio (Google Health), el que busca organizar la información para ayudar al personal clínico a encontrar información más rápido en los registros de salud, que los profesionales tengan una vista única y centralizada que muestra automáticamente la información importante sobre un paciente, entre otras funcionalidades. En cuanto a la privacidad de los datos, la empresa asegura que los pacientes son los que controlan la información de salud que proporcionan; que cumple con la Ley norteamericana de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico y el Reglamento General de Protección de Datos europeo.

Por último para la modernización de la administración pública (Google Public Sector), específicamente la digitalización del mismo, pone a disposición Google Cloud que crea una infraestructura y soluciones en la nube, ofrece manejo de información útil sobre el Big Data a escala con la IA y el aprendizaje automático, estructura un gran volumen de documentos, buscando agilizar la entrega de servicios con un paquete de herramientas para apoyar iniciativas de servicios sociales y de asistencia laboral, como las que tienen que ver con comida, dinero en efectivo, vivienda, empleo, entre otros. Informan que su cumplimiento con la seguridad y privacidad de los datos no se ve afectada por la IA generativa utilizada, la que sostiene está diseñada por defecto con arquitecturas con salvaguardias de privacidad, que brindan transparencia y control adecuado sobre el uso de los datos.

La Unión Europea (UE): busca tener una nube propia

En contraposición a la visión privatizadora de los servicios digitales estatales, tenemos el caso de la UE, la que ya hace años viene trabajando para dejar de depender de empresas como Google, sobre todo preocupados por la capacidad de sus ciudadanos/usuarios de la nube en mantener verdaderamente el control sobre sus datos personales y sensibles, también en que el mercado de la infraestructura de la nube pública está convergiendo a nivel mundial en torno a pocos grandes actores no europeos y por sobre todo buscando garantizar que sus empresas y el sector público tengan acceso a capacidades de procesamiento y almacenamiento de datos resistentes y competitivos. Para lo cual vienen cooperando hacia un conjunto de reglas y normas técnicas comunes forjando el Código de Conducta de la Nube.

Inclusive tanto la Unión, como las autoridades de sus países miembros han impuesto severas multas a Google por el irregular manejo de datos y por incumplimiento de la Ley Antimonopolio (4,34 miles de millones de EUR).

Fruto de esa búsqueda de independencia tiene plena vigencia el proyecto Gaia-X que crea una plataforma europea de confianza y un ecosistema de interoperabilidad de datos para conectar todo tipo de información dentro de Europa, donde los proveedores ofrecen servicios de datos que cumplen los requisitos europeos de facilidad de uso, seguridad, privacidad, interoperabilidad y sostenibilidad.

A diferencia de la nube centralizada como la de Google, es descentralizada para construir una economía digital en la nube de nueva generación.

Soberanía digital: la clave

Podemos entender por soberanía digital a la capacidad que tiene un Estado para proteger e incidir en el uso y gestión de los datos e información que se generan en su territorio fruto del uso de las tecnologías por parte de sus ciudadanos.

“Las empresas que ofrecen servicios de internet son las que dotan de infraestructura a nuestras sociedades y, por lo tanto, interfieren en los asuntos del Estado en aspectos muy delicados… a tal punto que muchos de los poderosos actores corporativos podrían describirse como cuasisoberanos. La aparición de estos centros de poder corporativos, que parecen no tener que rendir cuentas a través de los mecanismos políticos tradicionales, ha suscitado ⎯sobre todo en Europa⎯ una nueva reflexión, más estructural y a menudo más amplia, sobre las exigencias y los ámbitos de la autogobernanza democrática (van Dijck, 2002).”

Como podemos ver, hay diferentes posturas que la Argentina puede tomar en esta materia bajo análisis; por un lado, un camino de alianza dependiente de servicios de una empresa privada cuyo fin es un legítimo ánimo de lucro, posiblemente fundado en la incapacidad de generación propia o en el entendimiento de que dichos servicios gozan de una superioridad. Por otro lado, un camino más largo y complejo, de generación de infraestructura estatal propia, que permite mayor control de los datos e independencia.

Personalmente sostengo que, frente a esta nueva (o no tan nueva) lucha de poder que se da en el campo tecnológico (y geopolítico), el Estado argentino tiene la obligación constitucional de no claudicar soberanía; ahora bien, ello no conlleva el impedimento de contratación con una empresa privada para la modernización o reforma del Estado, la clave está en el control por parte de los mecanismos republicanos y democráticos que se realiza sobre los términos de afectación a los derechos de la población.

Es decir, entiendo obligatorio, ante una cesión de datos de la categoría (personales y sensibles) y volumen como en el caso de El Salvador, la necesaria obtención de una ley en sentido formal, para que el Poder Legislativo controle (no solo por una cuestión de afectación presupuestaria), sino como representante de la soberanía popular, y decida los términos del eventual acuerdo, el que para ser constitucional, no podrá jamás atentar contra derechos constitucionales y convencionales de sus representados.

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