La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado ha emitido dictamen favorable al proyecto de ley (S-0228/2025) que busca reformar diversos artículos del Código Penal de la Nación. La iniciativa, impulsada por la senadora Carolina Losada y acompañada por otros legisladores, propone un endurecimiento significativo de las escalas penales para los delitos de falsa denuncia y falso testimonio, especialmente cuando estos ocurren en contextos de extrema sensibilidad social.

El núcleo de la reforma: falsa denuncia (art. 245)

El proyecto propone sustituir el actual artículo 245 del Código Penal para eliminar la posibilidad de multas y establecer exclusivamente penas de prisión.

Figura básica: se establece una pena de uno a tres años de prisión para quien denuncie falsamente un delito ante la autoridad.
Agravante especial: la pena se eleva de 3 a 6 años de prisión si la falsa denuncia se realiza en el contexto de delitos de violencia de género, contra menores de edad o contra la integridad sexual.

Falso testimonio y encubrimiento (arts. 275 y 277)

La reforma no se limita a la denuncia inicial, sino que extiende el rigor punitivo a otras etapas del proceso judicial:

Falso testimonio: el artículo 275 mantiene la base de 1 a 4 años, pero introduce un agravante cuando el falso testimonio perjudique al inculpado en causas criminales vinculadas a violencia de género o integridad sexual. En estos casos, la pena del inciso a) se elevaría en un tercio tanto en su mínimo como en su máximo.
Encubrimiento: se incorpora el inciso 'e' al artículo 277 para agravar la figura del encubrimiento cuando la víctima del delito original sea menor de edad o se trate de hechos de violencia de género o contra la integridad sexual. Además, se restringen las exenciones de responsabilidad criminal para parientes o amigos íntimos en estos supuestos específicos.

Fundamentos del dictamen

Los autores del proyecto sostienen que la actual legislación posee penas 'exiguas' que no alcanzan a reparar el daño causado por la 'condena social' y el 'escrache público' que suelen acompañar a estas denuncias, incluso antes de que exista un proceso judicial formal.

Entre los argumentos centrales expuestos en el dictamen se destacan:

1. Presunción de Inocencia: el texto advierte sobre la vulneración del artículo 18 de la Constitución Nacional ante denuncias mediáticas o en redes sociales que condenan de antemano al acusado.

2. Seguridad Jurídica: se busca evitar que el 'andamiaje de administración de justicia' se ponga en marcha de forma dolosa basándose en hechos inexistentes.

3. Impacto Social y Personal: el proyecto menciona las consecuencias devastadoras para el denunciado, como la pérdida de contacto con hijos, riesgos laborales y estigmas sociales, citando casos de desenlace trágico como el de Agustín Muñoz.

4. Uso Indebido de Programas Sociales: el dictamen hace referencia al aumento exponencial de denuncias vinculadas a incentivos económicos (como el Plan Acompañar) que no exigen peritajes forenses previos, lo que habría fomentado prácticas abusivas de la figura de denuncia.

Situación actual

El proyecto ha obtenido el dictamen de comisión el pasado 26 de noviembre de 2024 (bajo el expediente precedente) y ha sido ratificado en el presente ciclo legislativo 2026. De ser aprobado por el pleno del Senado, pasará a la Cámara de Diputados para su revisión final.

Acá tenés el texto del proyecto

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