El Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso de la Nación un proyecto de ley para modificar la Ley N° 26.639 de Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Esta iniciativa surge tras un pedido formal de las provincias integrantes de las Mesas del Litio y del Cobre, quienes señalaron dificultades interpretativas que obstaculizaban el desarrollo económico regional.

A continuación, se analizan los pilares de la reforma y su impacto esperado en la seguridad jurídica y la gestión de recursos naturales.

1. Redefinición del objeto de protección y función hídrica

El cambio fundamental radica en el Artículo 1°. Si bien se mantiene la protección de los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, el proyecto busca precisar que la tutela ambiental debe interpretarse en armonía con el artículo 41 de la Constitución Nacional (utilización racional de recursos) y el artículo 124 (dominio originario de las provincias sobre sus recursos).

La reforma establece que solo las geoformas que cumplan efectivamente una función hídrica relevante (como reserva de agua o recarga de cuencas) estarán alcanzadas por las prohibiciones de la ley.

2. Fortalecimiento del federalismo y competencias provinciales

El proyecto traslada un peso significativo de la implementación a las autoridades locales:

Identificación de geoformas: será atribución exclusiva de las autoridades ambientales de cada jurisdicción identificar qué glaciares y qué zonas del ambiente periglacial cumplen con las funciones hídricas previstas.
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): las provincias serán las encargadas de determinar, caso por caso, si una actividad proyectada representa una 'alteración relevante' que deba ser prohibida.
Gestión del Inventario: si bien el IANIGLA mantiene la responsabilidad del Inventario Nacional de Glaciares, deberá incorporar la información provista por las provincias y eliminar del registro aquellas geoformas que las autoridades locales constaten que no poseen función hídrica.

3. Impacto en la actividad económica (minería e hidrocarburos)

La incertidumbre generada por la redacción original de la Ley 26.639 ha sido, según el mensaje del Ejecutivo, un freno para la 'explotación racional' de recursos. El impacto en este sector es directo:

Fin de las prohibiciones abstractas: se busca eliminar el esquema de 'prohibiciones absolutas y genéricas' basadas en presunciones, reemplazándolas por un análisis de evidencia científica en cada proyecto particular.
Seguridad Jurídica: al delimitar con mayor precisión qué áreas están protegidas y cuáles no, se pretende reducir la litigiosidad y atraer inversiones de largo plazo en las provincias cordilleranas.

4. Aspectos procedimentales y principio precautorio

El proyecto introduce el Artículo 3° bis, que regula el principio precautorio: todas las geoformas en el Inventario se presumen protegidas hasta que la autoridad ambiental verifique la inexistencia de su función hídrica. Una vez constatada la falta de dicha función, la geoforma deja de estar alcanzada por las restricciones específicas de esta ley, quedando sujeta únicamente a la Ley General del Ambiente.

Algunas conclusiones

La reforma se presenta como un 'federalismo de concertación' que busca equilibrar la protección del ecosistema con el compromiso asumido en el Pacto de Mayo de avanzar en la explotación de recursos naturales.

El Ejecutivo sostiene que los cambios no disminuyen los estándares de protección actuales, sino que los clarifican para otorgar seguridad jurídica a los operadores económicos.

La propuesta debe ahora ser tratada por el Congreso, donde se deberá garantizar la instancia de participación ciudadana conforme a los lineamientos del Acuerdo de Escazú (acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe, aprobado por Argentina en 2020 mediante la Ley 27566).

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