Por Alejandro Rodríguez Ariola

Abogado (UBA) de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Especialista legal en Nuevas Tecnologías

I - INTRODUCCIÓN

Desde el dictado del DNU 70/2023 que incorporó una serie de medidas que facilitan trámites mediante la digitalización de procesos, se ha puesto -una vez más- en boga la validez legal de los contratos en Bitcoin (BTC). ¿La reforma agrega alguna novedad al respecto o vino solo a confirmar algo que ya era válido por derecho propio?

En el presente brindaremos una aproximación a este tema, a la luz de la nueva normativa que trajo aparejadas importantes modificaciones al Código Civil y Comercial (CCyCo.), revisitando en el camino algunas de las teorías más destacadas acerca de la naturaleza jurídica de las criptomonedas.

II - OBLIGACIONES DE DAR DINERO Y ¿BITCOIN?

La clásica clasificación de las obligaciones en cuanto a su objeto las divide en de dar, hacer o no hacer.

El CCyCo. distingue cinco categorías de obligaciones de dar: 1) de dar cosa cierta para constituir derechos reales; 2) de dar para restituir; 3) de dar cosas determinadas solo por su especie y cantidad (obligaciones de género); 4) de dar bienes que no son cosas; 5) de dar dinero.

Como indica este título, vamos a centrarnos en las obligaciones de dar dinero. Pero antes, ¿qué se entiende por dinero?

Podemos definirlo como un medio de intercambio aceptado por una sociedad para el pago de bienes y servicios, emitido por un Estado soberano que le da su respaldo y confianza, supervisa su circulación y estabilidad. Goza de tres funciones distintivas, ser unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. Es lo que se ha dado en llamar dinero fiat, por decreto o fiduciario, término que desde la aparición de las criptomonedas forma parte del glosario cripto, por oposición a aquellas que son una especie de “dinero” digital descentralizado, o sea, monedas digitales que solo existen digitalmente mediante el uso de tecnología.

Bitcoin y su tecnología blockchain que la hace posible conforman un hecho tecnológico revolucionario desde todo punto de vista. Rompió moldes y paradigmas dando paso a un nuevo “statu quo”, el de las finanzas descentralizadas, prescindiendo de terceros de confianza (entidades centralizadas) para validar y autorizar operaciones.

Ahora bien, el artículo 765 del CCyCo. -sustituido por art. 250 del D. 70/2023, BO 21/12/2023- conceptualiza a las obligaciones de dar dinero como aquellas en las que “…el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación, sea o no de curso legal en el país. El deudor solo se libera si entrega las cantidades comprometidas en la moneda pactada. Los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes”.

Mientras que su anterior redacción rezaba: “Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal”.

Es ni más ni menos que un regreso al sistema propuesto por los artículos 617 y 619 del Código Civil, modificados por el artículo 11 de la ley 23928 de Convertibilidad del Austral, cuyos textos disponían:

“Artículo 617. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero”.

“Artículo 619. Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento”.

Por lo que ahora las monedas sin curso legal en el país serán objeto de una obligación de dar dinero y no de dar cantidades de cosas, como receptaba el régimen anterior.

Entonces, cualquier moneda nacional con curso legal o no -extranjera- queda alcanzada por esta nueva disposición, pudiendo ser objeto de las obligaciones de dar dinero.

Así y todo, cuando la norma habla de dinero, moneda, se refiere al dinero fiduciario, emitido por un banco central o autoridad monetaria (argentina o del exterior).

Las criptomonedas en general y Bitcoin en particular no podrían ser consideradas como monedas de curso legal en Argentina, habida cuenta de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es el encargado exclusivo de la emisión de monedas y billetes de la Nación y ningún Estado provincial o municipal, bancos -públicos o privados- o cualquier otro sujeto de derecho público o privado puede arrogarse esa facultad.

Asimismo, otra característica esencial de una moneda de curso legal -con arreglo a nuestro sistema jurídico- es su aceptación forzosa como medio cancelatorio de obligaciones impuesta o inducida por el emisor, además de gozar de la facultad de circular legalmente por el importe expresado en sus billetes y monedas en todo el territorio de la República Argentina, cumpliendo con las formalidades marcadas en la Carta Orgánica del BCRA (facsímil de la firma del presidente del Banco, acompañada de la del presidente de la Honorable Cámara de Senadores o de la Honorable Cámara de Diputados, según disponga el Directorio del Banco para las distintas denominaciones) (conf. arts. 30 y 31 de la Carta Orgánica del BCRA según L. 24144).

Al mismo tiempo de varias disposiciones concordantes del CCyCo. naturalmente se desprende que, al igual que la normativa del BCRA, se conceptualiza al dinero o moneda solo desde un punto de vista (fiduciario) de curso legal. Para citar solo algunas, encontramos las contenidas en los artículos 1187, 1390, 1408, 1410 y 1527 de dicho cuerpo normativo.

Por otro lado, podría argumentarse que en países como El Salvador el Bitcoin es aceptado como moneda de curso legal, en virtud de lo previsto en el artículo 1 del decreto legislativo 57 emitido por la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, publicado en el Diario Oficial el 9/6/2021, popularmente denominado como “Ley Bitcoin”, por lo que por estas razones podría ser equiparado al dólar, euro o cualquier otra divisa extranjera de curso legal en sus países de origen y de ese modo aplicársele las disposiciones normativas planteadas en el DNU 70/2023.

Aunque, si bien es válido el argumento, cabe tener en cuenta la escasa aceptación de Bitcoin en la economía real salvadoreña, además de ser transfronteriza, con alta volatilidad y descentralizadamente emitida, o sea, careciendo de una entidad emisora institucionalizada en concreto, rasgo preponderante de las monedas fiduciarias.

Por ello es que destacados expertos en economía en El Salvador, junto con organismos financieros internacionales, señalan que este reconocimiento constituye un error de gran magnitud, dado que únicamente las monedas centralizadas, es decir, respaldadas por una entidad estatal, pueden ser consideradas como de curso legal.

Tampoco Bitcoin podría ser considerada en Argentina como dinero electrónico, que abarca los dispositivos que representan un valor monetario exigible a su emisor, tales como tarjetas prepagas, de débito, crédito, billeteras electrónicas, transferencias de una cuenta a otra u otros dispositivos similares.

En este sentido, la resolución 300/2014 de la UIF trazó por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico un concepto de dinero electrónico como “…un mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir, mediante el cual se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso legal en algún país o jurisdicción”, a diferencia de las monedas virtuales -denominación hoy en desuso que daba ese organismo estatal- que si bien son digitales como el dinero electrónico, no cuentan con curso legal en jurisdicción alguna.

Otro signo distintivo entre dinero electrónico y criptomonedas es que el primero, aun careciendo de materialidad, tiene un sustento físico en moneda fiat, por lo que vale incluirlo en el estricto régimen de las obligaciones dinerarias; mientras que las segundas son netamente digitales, prescindiendo de soporte en dinero físico en sus operaciones (no tienen billetes ni monedas físicas de respaldo), quedando -en principio- fuera de dicho ordenamiento.

También, debe tenerse presente que el artículo 772 del CCyCo. legisla que “…Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección”.

Esto es, el valor de la deuda solo puede ser cuantificado en moneda que tenga curso legal o, en su caso, en una que no lo tenga, pero sea comúnmente aceptada y utilizada en transacciones comerciales, como podría ser el dólar estadounidense en Argentina.

Por lo tanto, nos encontramos primero con el problema de que Bitcoin no consiste jurídicamente -en virtud de las razones expuestas- en dinero en sentido estricto, además de que sería una herramienta muy compleja a la hora de cuantificar valores de deuda, en virtud de sus particulares características y su alta volatilidad, en especial.

Entonces, ¿cómo es que puede clasificarse a la hora de ser objeto del comercio jurídico? La respuesta sigue en el siguiente ítem, donde revisitaremos algunas de las teorías más importantes acerca de la naturaleza jurídica de los criptomonedas, que desde la sanción del DNU 70/2023 han adquirido una renovada relevancia y conviene recordar.

Y además:

III - ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CRIPTOMONEDAS

IV - ÚLTIMAS REFLEXIONES

Este artículo forma parte del Micrositio 'Criptoactivos' con Marcos Zocaro, exclusivo para suscriptores

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