ESTUDIO DEL CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO DESDE LA PERSPECTIVA JURÍDICO-PENAL

I - INTRODUCCIÓN

En este trabajo se tratará la problemática relativa a la inviolabilidad de la correspondencia en el ámbito laboral, analizada desde una tensión -todavía en vigencia-atinente al correo electrónico corporativo. Concretamente, se efectuarán algunas consideraciones al respecto, con el objeto de intentar dilucidar si, salvaguardando la garantía aludida, el empleador puede legítimamente realizar una revisión del contenido plasmado en ese tipo de comunicaciones. La cuestión que se examinará posee dos aristas fundamentales.

En primer lugar, la concerniente a la facultad que pudiera llegar a tener el empleador para cotejar los mensajes electrónicos del trabajador y, eventualmente, utilizarlos como medio de prueba en el marco de un proceso judicial.

En segundo lugar, la relacionada con la consecuente comisión de un potencial delito en que pudiera incurrir el empleador al actuar de esa manera. Se analizarán, entonces, los preceptos normativos, doctrinales y jurisprudenciales involucrados, para finalmente reflexionar sobre las situaciones planteadas.

II - EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y LA GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DE LA CORRESPONDENCIA

El derecho a la intimidad aparece consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, cuya fórmula establece:

“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.

Por su parte, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece la garantía de la inviolabilidad de la correspondencia, en los siguientes términos:

“El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación”.

Si bien el precepto constitucional fija una protección expresa en lo que atañe a la correspondencia epistolar, existe jurisprudencia que considera que este derecho debe extenderse a cualquier otra forma de comunicación, con prescindencia del soporte utilizado.

Sin embargo, en punto a esta cuestión, comenta Alejandro D. Carrió que “[l]a postura cautelosa de la Corte en los casos ‘Fabro’ y ‘Aguirre’, así como su posterior convalidación … en ‘Fernández Prieto’, pueden entenderse como un deseo de no extender la protección constitucional más allá del lenguaje expreso de la Carta Magna … Pero ese análisis debe además tomar en cuenta otras cláusulas constitucionales de interés.

Por un lado, la Constitución ha declarado también inviolables ‘la defensa en juicio de la persona y de los derechos’ (art. 18). Dentro de los derecho de una persona, ya sea como derivación de la propiedad o como un derecho autónomo a la intimidad, creo podría incluirse sin esfuerzo el derecho a que se respeten por el Estado aquellos ámbitos privados donde sus titulares han exhibido un interés en que así se mantengan. Por último, no debe olvidarse tampoco que los derechos constitucionales explícitamente mencionados por la Carta Magna no importan negación de otros no enumerados, según la fórmula el artículo 33 de ella”.

En similar sentido, se pronuncia Julio B. J. Maier, quien indica que “una interpretación progresiva de la Constitución Nacional es perfectamente razonable (art. 33, CN). Ella es necesaria para superar la dificultad técnica que presenta la referencia a la ‘correspondencia epistolar’. Los medios técnicos que revolucionan hoy las comunicaciones … quedan así comprendidos en el derecho a la intimidad y en la garantía estudiada. Conforme a ello, cualquier tipo de comunicación goza de las mismas garantías que la correspondencia epistolar y la injerencia relativa a alguno de esos medios, en principio inadmisible, solo se puede practicar válidamente según las condiciones previstas para la ocupación de la correspondencia epistolar”.

Es dable mencionar que, si bien hay autores que diferencian la intimidad de la privacidad, lo cierto es que se trata de conceptos -de suyo ligados intrínsecamente- que, a menudo, son tratados como sinónimos por la doctrina y la jurisprudencia. Esto se puede observar, por ejemplo, en la propia definición que la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorga, para ilustrar el concepto, en el texto que se transcribe: “en cuanto al derecho a la privacidad e intimidad su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 19 de la Constitución Nacional.

En relación directa con la libertad individual protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad.

En rigor, el derecho a la privacidad comprende no solo a la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y solo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen”.

El derecho a la intimidad y la protección de la correspondencia encuentran también recepción en distintos tratados internacionales que, a partir de la reforma de 1994 y en función de lo establecido en el artículo 75, inciso 22, poseen jerarquía constitucional. Ellos son: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 10), la Declaración Universal de los Derechos Humanos(art. 12), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 11) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17).

Las disposiciones enunciadas protegen, de esta manera y en lo que aquí interesa, el derecho a la intimidad, potencialmente afectado en el contexto del caso planteado. Esta tutela se refleja, en la especie, en la garantía de inviolabilidad de la correspondencia, que tiende a impedir la intromisión y permanencia de terceros en un ámbito personal, siempre que no se cuente con autorización del titular del derecho.

III - LA INTIMIDAD DEL TRABAJADOR

Antes de ingresar en el análisis de la reglamentación vinculada con la correspondencia y su ocupación, se erige necesario determinar si el derecho a la intimidad descripto abarca el supuesto de los correos electrónicos corporativos. Dicho de otro modo: si es válido hablar de derecho a la intimidad en el ámbito laboral.

En este sentido, es dable recordar que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en lo pertinente, dispone: “El trabajo en sus diversas formar gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas … de labor”. De igual manera, este derecho al trato digno en el ámbito laboral encuentra reconocimiento en distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional. A saber: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 14), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 7).

Ahora bien, la ley 20744, que regula el Régimen de Contrato de Trabajo en la República Argentina, no trata específicamente la cuestión de la intimidad en el ámbito laboral, pero sí brinda algunas consideraciones que pueden resultar de utilidad para la interpretación del asunto.

Al respecto, prevé las facultades del empleador para organizar económica y técnicamente la empresa -de allí se derivan, por ejemplo, las facultades de vigilancia y control- (art. 64), pero fija que tales potestades “deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador” (art. 65).

Asimismo, especifica que, en las medidas disciplinarias que se apliquen, el empleador deberá guardar el “respeto debido a la dignidad del trabajador” (art. 68), a la par que establece que “los sistemas de controles personales del trabajador destinados a la protección de los bienes del empleador deberán siempre salvaguardar la dignidad del trabajador y deberán practicarse con discreción y se harán por medios de selección automática destinados a la totalidad del personal” (art. 70). La dignidad del trabajador también aparece mencionada en los artículos 72 y 75 del Régimen de Contrato de Trabajo.

De su lado, el empleado “debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento de su parte” (art. 85) y “observar las órdenes e instrucciones que se le impartan sobre el modo de ejecución del trabajo, ya sea por el empleador o sus representantes” (art. 86).

El denominador común que parece, pues, surgir del examen armónico y conjunto del texto constitucional, convencional y legislativo, es la dignidad humana, que debe ser entendida como el valor inherente al ser humano por su simple condición de tal. Así, se ha dicho que “si bien … el ser humano tiene una naturaleza social y política, lo cierto es que su ontología no se reduce a sociabilidad y politicidad.

Hay en la persona humana un sentido de trascendencia que va más allá de esas propiedades que constituyen la vida social. Ese plus de la personalidad posee un significado que es imposible de agotar a través de los vínculos comunitarios. La persona humana es más que sus relaciones de producción, sociales o políticas y su horizonte tiende a una expansión que supera esos contextos. Por eso el hombre tiene el derecho a estar a solas, a tomar distancia o reflexionar sobre sí, a un ámbito de privacidad y a tratar por sí mismo los desarrollos de aspectos esenciales de su vida”.

Frente a este panorama, luce evidente que la dignidad humana, que, claro está, una persona no pierde por su carácter contingente de trabajador, incluye el derecho a la intimidad. Por lo tanto, el empleado conserva siempre cierto ámbito de privacidad durante el desarrollo de sus tareas -un grado de intimidad que puede ser mayor o menor de acuerdo con las circunstancias del caso- y este derecho debe ser respetado.

Esto es así porque la celebración de un contrato, en este caso de trabajo, en modo alguno puede implicar, para una de las partes, la privación de un derecho que la Constitución Nacional le reconoce por su condición de persona. No obstante, como toda prerrogativa, el derecho a la intimidad no es absoluto, sino que opera “conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio” (art. 14, CN). Ello es así, por supuesto, más allá de la imposibilidad de alterarlo, es decir, desnaturalizarlo o desvirtuarlo en su esencia, por aquellas normas que lo reglamentan (art. 28, CN).

De allí que, en definitiva, el derecho a la intimidad no pueda ser anulado o dejado de lado en la consideración de los vínculos de trabajo, aun con todas sus características particulares derivadas de una relación de dependencia. De adverso a ello, debe ser integrado a la actividad desarrollada por las partes y, en todo caso, lo que corresponderá poner en discusión son los alcances del derecho a la intimidad y su compatibilización, mediante un adecuado balance que armonice ambos derechos con las facultades de organización -vigilancia y control- que se reconoce al empleador.

Este contenido que forma parte de la Publicación Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, dirigida por los doctores Mariano H. Borinsky y Daniel Schurjin Almenar, es exclusivo para suscriptores de Erreius, podés ingresar al artículo completo haciendo click acá.

Reflexiones en torno a la inviolabilidad de la correspondencia