La Cámara Nacional en lo Civil redujo el valor de una cuota alimentaria, ya que esta excedía las necesidades básicas de la menor; además, consideró que su monto no puede ser reajustado de forma automática en función de la depreciación monetaria, pues ello vulneraría la prohibición de indexar.

En el caso “G., S. M. y otro c/K., M. E. s/alimentos”, las partes habían celebrado un acuerdo en el que establecieron un régimen de comunicación del padre con su hija menor y el pago de una cuota alimentaria que consistía en el abono del 25% del alquiler, expensas y ABL, luz, gas y Telecentro del inmueble donde la menor de edad residía con su madre; el 100% de la cuota del jardín y la matrícula; el 50% del sueldo de la niñera; el 50% de la medicina prepaga; el 50% de los pañales y elementos de higiene; el 50% de la alimentación; el 50% de los medicamentos que excedieran lo que cubría la medicina prepaga; y el 50% de la ropa de la niña.

Al poco tiempo, los padres de la niña celebraron un nuevo convenio, en donde realizaron algunos ajustes a raíz del viaje al exterior del hombre. Meses después, el convenio sufrió más modificaciones y se fijaron alimentos provisionales por $ 10.800 más el pago directo del establecimiento educativo al que asistía la menor.

Pero los cambios en la situación económica hicieron que la mujer fuera a los tribunales para que se fijara un nuevo monto de alimentos.

En su escrito inicial, la actora realizó una cuenta en la que estimó cada uno de los gastos que debían efectuarse mensualmente en favor de su hija. En tanto, el demandado se limitó a cuestionarlos sin ofrecer una liquidación alternativa ni presentó pruebas sobre cuáles serían sus ingresos.

El juez de primera instancia fijó la cuota en $20.000 más el pago de los gastos vinculados con la escolaridad de la niña. Ambas partes apelaron la sentencia.

El hombre señaló que no solo él debe suministrar los alimentos de su hija, sino que también debe hacerlo la madre, por lo que la cuota era excesiva si se tienen en cuenta las necesidades de la niña, que solo tiene tres años de edad. En tanto, para la mujer, el monto fijado era insuficiente.

“El establecimiento de la pensión alimentaria […] debe constituir la culminación de un proceso de valoración de todas las circunstancias determinantes de la cuota, ponderación a la que no son ajenas la prudencia y la objetividad, máxime cuando la primera descansa, preponderantemente, en la segunda”, explicaron los jueces.

En cuanto a la valoración de la prueba en el proceso de alimentos, para los camaristas Ricardo Li Rosi y Hugo Molteni no es necesario que la misma sea directa de los ingresos de los alimentantes o de sus patrimonios, sino que basta con un mínimo de elementos que den las pautas básicas para estimar el monto de la pensión.

“La prueba del caudal económico de los alimentantes puede, entonces, surgir de la prueba directa en su totalidad, o en parte de prueba directa y de indicios sumados, o de presunciones exclusivamente, siempre que reúnan las condiciones de eficacia que les son propias, aunque valoradas con criterio amplio, en favor de la pretensión del demandante”, explicaron los jueces de la sala A.

Luego remarcaron que “aun cuando se advierte la falta de prueba directa de los ingresos que percibe el demandado, se encontraba a su cargo aportar constancias a la causa que pudieran controvertir los dichos de la actora, lo que no ha ocurrido en el presente caso”.

En ese sentido, indicaron que el artículo 710 del Código Civil y Comercial de la Nación establece un principio especial de distribución de la prueba en los procesos de familia, conforme con el cual 'la carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar'.

Es decir, si bien se mantienen las reglas generales en materia de distribución del “onus probando”, el demandado debe intentar aportar certeza sobre los hechos debatidos en la causa, máxime frente a la prueba que ha aportado la demandante respecto de las necesidades de los alimentados.

Y más allá de las posibilidades que puedan brindar los ingresos del obligado, los magistrados indicaron que “el monto del canon tiene un límite dado por las necesidades del beneficiario que debe solventar”. Es decir, aunque sus ingresos le permitiesen hacer frente a uno superior, ello no autoriza por sí a que así se disponga.

“Es cierto que el padre no ha aportado ningún elemento a los fines de acreditar sus ingresos y que ello no puede redundar en su beneficio. Sin embargo, los alimentos deben limitarse a las necesidades del alimentado: la hija de las partes, que tiene -a la fecha- tres años de edad”, remarcaron.

Por ese motivo, redujeron la cuota alimentaria a $ 17.000. “Este monto, junto con el pago en especie por parte del padre de los gastos vinculados con la escolaridad de la niña y aquello que la madre aporta no solo en dinero sino con el cuidado personal de la menor -que tiene un valor económico-, aparece como equitativo a la luz del régimen de comunicación pactado -que se ve en oportunidades modificado por viajes que efectúa el padre al exterior- y el nivel socioeconómico de ambos progenitores”, destacaron los jueces.

Por otro lado, se discutió la actualización semestral de la cuota alimentaria fijada, conforme al costo de vida.

“El artículo 7 y concordantes de la ley 23.928 prohíben actualizar las deudas, impedimento que se mantuvo con el dictado de la ley 25.561 que, si bien derogó el régimen de la convertibilidad cambiaria, mantuvo la no indexación”, dijeron los sentenciantes.

“Es que la cuota alimentaria, aun cuando sea considerada deuda de valor, no puede ser reajustada de forma automática en función de la depreciación monetaria, pues ello vulneraría la prohibición de indexar antes aludida. Ello, claro está, sin perjuicio de la facultad del alimentado de reclamar el aumento de la cuota si esta ha devenido insuficiente”, destacaron y dejaron sin efecto lo decidido en la anterior instancia.

Satisfacer las necesidades

Marina Crespín, en el artículo “Algunos aspectos de la cuota alimentaria en la actualidad”, publicado por la editorial Erreius, explica que “la finalidad de la obligación alimentaria consiste en satisfacer las necesidades materiales y espirituales de los alimentados, y cuando se trata de las correspondientes a los hijos menores, pesa sobre ambos progenitores, atendiendo a su condición y fortuna, y es en ese sentido que deben estimarse las posibilidades económicas”.

“Por ello, ha de atenderse no solo al caudal financiero del demandado para establecer la cuota, sino esencialmente a las necesidades de su descendencia; pues el progenitor debe proveer a la protección de sus hijos, y a ese efecto se deben orientar los esfuerzos que resulten necesarios”, agrega la especialista.

A los fines de estimar su monto adecuado, Crespín destaca que “son las múltiples circunstancias atinentes a las necesidades del reclamante y también a las necesidades del propio alimentante las que, en cada caso, deben ser analizadas con prudente criterio por el juez; que asimismo, no puede apartarse de la realidad, tanto respecto de las necesidades a atender como las posibilidades del alimentante”.

De esta manera, al establecerse el monto de la prestación alimentaria, se deben equilibrar -prudencial y equitativamente- las necesidades de los hijos, las posibilidades del alimentante y la severidad del deber alimentario que deriva de la responsabilidad parental, con la prevención de que no es ajustado a derecho escatimar esfuerzos o medios que conduzcan al pleno cumplimiento de los compromisos que tienen los progenitores por su condición de tales, señala la experta.

A los fines de determinar una suma razonable en concepto de alimentos, corresponde ponderar no solo los ingresos nominales del alimentante, sino también su capital, la condición social y las modalidades de vida de las partes, entre otros parámetros.

Y concluye señalando que “la reunión de todas estas situaciones da una pauta para meritar, siquiera en forma aproximada, la capacidad económica del obligado al pago de los alimentos. De tal forma, la ausencia de prueba directa de los ingresos del alimentante no impide establecer el monto de la cuota”.

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Fuente Erreius

Reducen una cuota alimentaria porque superaba las necesidades básicas del menor