La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Dolores revocó parcialmente una sentencia de primera instancia y reconoció el daño moral sufrido por el reclamante, quien convivió durante más de una década con los perjuicios causados por una construcción antirreglamentaria de su vecino.

El tribunal consideró que esta situación menoscabó significativamente su calidad de vida, provocándole estrés y angustia. A ello se suma la prolongación de las obras y la resistencia del demandado a reparar los perjuicios ocasionados, factores que alteraron la vida cotidiana de la actora e impactaron negativamente en su estado anímico.

En el fallo dictado el 18 de septiembre de 2025 en la causa “Fattoni Humberto José c/ Musumeci Sebastián y otro/a s/ daños y perjuicios”, la Cámara confirmó la condena por daño emergente pero modificó la sentencia en cuanto al daño moral, otorgando una indemnización de $1.000.000 a favor del actor.

La construcción irregular, iniciada en 2013, generó fisuras, humedad y deterioro estructural en la vivienda de Fattoni. A pesar de acuerdos previos y acciones judiciales, los daños persistieron, afectando su calidad de vida.

El hogar de un hombre es su fortaleza

El tribunal consideró acreditado el sufrimiento emocional del actor, destacando que el hogar debe ser un espacio de seguridad y bienestar, en el sentido que es allí donde debe y puede encontrar en lo material, en lo psíquico y en lo espiritual, serenidad, sosiego, descanso, abrigo, intimidad, esparcimiento, placer, lugar apto para el normal desarrollo de sus actividades personales y amicales.

De ahí que toda acción u omisión ajena que atenta contra estas necesidades propias del ser hombre y alteren su razonable goce, deben considerarse productoras de daño moral que obliga su resarcimiento por parte del sujeto activo. La afectación prolongada justificó dicho resarcimiento.

Respecto al daño patrimonial, se mantuvo la suma de $560.000 con intereses del 6% anual hasta la pericia de agosto de 2023, y luego la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el pago efectivo.

La sentencia también declaró la nulidad de una presentación del demandado por falta de ratificación, imponiendo costas al gestor interviniente. El fallo reafirma el principio de reparación integral previsto en el Código Civil y Comercial.

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