Es muy frecuente en el comercio electrónico la existencia de intermediarios que, a través de portales a los que los vendedores y compradores se suscriben, facilitan la búsqueda y concreción de las operaciones comerciales.

Si bien la responsabilidad por las ventas por Internet se rige por las normas generales de la responsabilidad civil y, en el caso de que el comprador sea un consumidor, las normas protectorias del Código Civil y Comercial de la Nación y de la Ley de Defensa del Consumidor, no siempre el intermediario será condenado.

Es que hace pocos días se rechazó una demanda de daños y perjuicios contra el sitio Mercado Libre porque, de acuerdo a la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, la estafa sufrida por el reclamante -al comprar un automóvil- no se debió a un incumplimiento del sitio web sino a su propia torpeza, ya que no constató personalmente la existencia del producto ni la documentación correspondiente.

La sala D, integrada por los jueces Pablo Heredia, Gerardo Vassallo y Juan Garibotto, agregó que, además, no se pudo probar la conducta ilícita del intermediario, lo que daría lugar a la reparación.

“Debemos pensar cuál es la responsabilidad de los proveedores cuando actúan en Internet y realizar una clara diferenciación entre los intermediarios y los vendedores directos. ¿O acaso por el artículo 40 de la ley de defensa del consumidor a todos se les aplica la misma responsabilidad?”, se preguntó Sebastián Gamen, colaborador de Erreius.

Para el especialista, los intermediarios de Internet son sujetos activos en la relación que pudiere existir entre el usuario (consumidor) y el proveedor de bienes o servicios.

El caso

Un hombre demandó a Mercado Libre para lograr un resarcimiento por los daños y perjuicios que derivaron de la falta de entrega de un automotor que dijo haber adquirido en el sitio web.

El reclamante afirmó haber pagado el precio de compra mediante giros internacionales con intervención de una empresa local (modalidad que, según sus dichos, le habría indicado la demandada), así como una suma para cubrir “gastos de entrega y documentación” de acuerdo al pedido que al efecto le hizo Mercado Libre, pero que pese a todo ello nunca recibió el rodado.

Reclamó, en concreto, se condene a la demandada al pago de cuanto abonó por la frustrada operación, a la reparación del daño moral y para que se aplique una multa en concepto de daño punitivo.

La empresa opuso una excepción de falta de legitimación pasiva fundada en que su plataforma se divide en dos secciones, una destinada a la compraventa de bienes no registrables, en la que los datos del vendedor son dados a conocer al adquirente después de que este decide concretar la operación haciendo clic en el botón “Comprar”, y otra vinculada a la adquisición de bienes registrables, con relación a la cual los datos personales del vendedor están publicados en la misma oferta, funcionando en tal caso la plataforma como una simple sección de avisos (“sección de clasificados”) que permite a los interesados contactarse directamente, sin necesidad de tener que manifestar previamente una voluntad de compra ni registrarse en el sistema.

En este caso, la demanda se canalizó en el marco de la segunda sección y, por tanto, las partes se vincularon “de manera independiente y por fuera de la mencionada plataforma comercial”.

Además, señaló que el servicio de “Mercado Pago” no se aplica en la “sección clasificados”, sino solamente en la referente a bienes no registrables (sección “Marketplace”), y que ni siquiera el relato del actor vinculado a cómo abonó el precio del automotor se condice con el funcionamiento del mencionado canal de pago.

Para la firma, el reclamante actuó negligente o imprudentemente porque no hizo caso de la sospecha que naturalmente generaba la defectuosa redacción que tenían los mails que recibía del supuesto vendedor y del llamativo bajo precio del automotor ofertado (menor a la mitad de su valor en plaza), así como que procedió a trasferir los fondos para pagarlo sin conocer a la persona destinataria y sin previamente constatar la condición física y jurídica del rodado.

Asimismo, enfatizó que no hubo ningún cobro de comisión por venta por parte del sitio web y que el pago que el actor dijo haber hecho para cubrir “gastos de entrega y documentación” no fue tal, sino que se relacionó con el pago de la publicación del aviso en la “sección de clasificados”, a lo cual también fue inducido por el supuesto vendedor.

El reclamo fue rechazado tanto en primera como en segunda instancia. Los camaristas indicaron que “el vigente derecho argentino no ofrece un plexo normativo especial relacionado con la responsabilidad de los prestadores de mercados electrónicos como el que organiza y explota la demandada para la venta y/o subasta online de bienes”.

Consiguientemente, los jueces dijeron que “la visión del derecho comparado sobre ese particular ámbito se presenta como necesaria pues, ciertamente, ofrece ella una guía lo suficientemente razonable como para fijar los estándares jurídicos aptos para resolver con equidad y justicia”.

Como regla, los magistrados señalaron que “el prestador que organiza o gestiona el mercado electrónico no realiza una función de corredor, es decir, no se obliga ante una parte a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios, ya que no recibe ningún encargo a ese fin”.

“El núcleo de su prestación, por el contrario, consiste en un servicio electrónico que permite acceder al conjunto de una información enderezada a la consecución de una finalidad, cual es que unos adquieran productos o servicios que otros enajenan, obteniendo el operador por ese servicio una retribución. Además de los servicios de alojamiento de datos, una plataforma de mercado electrónico como la de Mercado Libre S.R.L. puede ofrecer actividades auxiliares o conexas. Dichas actividades pueden incluir medios de evaluación o calificación, seguro, modalidades de pago, verificación de la identidad (a menudo realizada por terceros prestadores) o la plataforma puede incluso prestar el servicio subyacente que se ofrece a los usuarios”, agregaron los jueces.

Es decir, consideraron que la exención de responsabilidad se limita a la prestación de servicios de alojamiento de datos y no es extensible a otros servicios o actividades efectuados por la plataforma.

Asimismo, dicha exención de responsabilidad tampoco excluye la responsabilidad de la plataforma derivada de la legislación de protección de datos personales aplicable, en la medida en que estén afectadas las propias actividades de la plataforma.

En cambio, el simple hecho de que una plataforma realice también otras actividades -además de prestar servicios de alojamiento-, no significa necesariamente que dicha plataforma ya no puede invocar la exención de responsabilidad con respecto a los servicios de alojamiento.

Para el caso, se entendió que el sitio se limitó a proporcionar nada más que un foro para una transacción entre un comprador y un vendedor, habiendo simplemente dado un tratamiento meramente técnico y automático de los datos facilitados al efecto.

Y no se acreditó que Mercado Libre, con anterioridad a la fecha de la operación indicada por el actor, hubiera tenido conocimiento efectivo de una ilicitud en ciernes relacionada con el aviso que publicitaba el automotor.

De esta forma, consideraron que el reclamante fue víctima de su propia torpeza (art. 1111 del Código Civil y art. 1729 del Código Civil y Comercial de la Nación), ya que no cumplió con ninguno de los recaudos que ha de adoptar el adquirente de un automotor: la verificación física del vehículo y su situación jurídica.

Rechazan reclamo contra Mercado Libre porque el comprador actuó negligentemente