I - Introducción

En el presente trabajo, comentaremos la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmando la resolución dictada por la Inspección General de Justicia (IGJ), que denegó la autorización para funcionar requerida por una asociación civil, que planteaba como objetivo principal y esencial la creación de una red de ayuda y asistencia integral para empresas que resulten victimas de bloqueos de carácter sindical.

II - Hechos

En el mes de junio, a través de la resolución particular 516/2023, la IGJ había negado la autorización para funcionar de la asociación civil denominada “MEAB Asociación Civil”, al considerar que su objeto se contrapone con el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, a los que califica como “bloqueos sindicales extorsivos” y/o “accionar delictivo”.

En su artículo 2, el estatuto de la asociación fijaba como objeto social el siguiente:

“Son sus propósitos: conformar una red de ayuda y asistencia integral para empresas de cualquier rubro y/o entidades de cualquier tipo creando proyectos e impulsando medidas que conlleven al mejoramiento de las condiciones generales de la actividad empresarial y/o comercial en pos del desarrollo productivo, la inversión y de la generación de puestos de trabajo, y en particular, para aquellos que resulten ser víctimas de bloqueos sindicales extorsivos y/o víctimas de cualquier ‘accionar delictivo’ que implique la paralización de la actividad empresarial y/o laboral y/o la imposibilidad del libre ejercicio del comercio, industria o servicio a los principios de libertad económica e iniciativa privada”.

Frente a ello, la IGJ solicitó aclaración sobre el significado de la denominación “MEAB” e indicó que debía especificarse el objeto o propósito de la entidad, evitando vaguedades y/u objetos demasiado abarcativos.

En la observación se destacaba que resultaba “poco claro cuál es el objeto, considerando que describe que va a formar una red de ayuda y asistencia integral para empresas de cualquier rubro que busca mejorar la actividad empresarial y/o comercial, y en particular aquellas que resulten ser víctimas de bloqueos sindicales extorsivos que impliquen la paralización de la actividad empresarial y/o laboral, siendo el grupo al que va dirigido muy amplio y abarcativo, ya que indica que agruparía a empresas y personas vinculadas al comercio, industria, servicios y turismo, resultando incompatible con la naturaleza de asociación civil la facultad de firmar paritarias tal como se lo proponen, ya que tal acción es propia de cámaras empresarias que representen sectores productivos”.

En resumen, la entidad de contralor solicitó que se aclare “cuál va a ser el objeto principal de la entidad, es decir, qué tipo de asistencia va a brindar, a qué sector social específico, o a qué grupo principal va dirigido, y qué tipo de trabajo activo va a llevar adelante”.

La entidad, ante las observaciones, modificó su estatuto, incluyendo en su denominación social el desarrollo de la sigla “MEAB”. Es decir, pasó a denominarse “MEAB Asociación Civil (Movimiento Empresarial Antibloqueos)”, pero no cambió el objeto social propuesto originalmente.

La IGJ entendió que el desarrollo de la sigla dentro de la denominación social conlleva a una contradicción entre el fin principal de “conformar una red de ayuda y asistencia integral para empresas de cualquier rubro y/o entidades de cualquier tipo que contribuyan al mejoramiento de la actividad empresarial y/o comercial”, y lo que en definitiva resulta ser su objeto principal: la creación de un movimiento empresarial antibloqueos.

Y en ese sentido, observó que, entonces, si el objeto esencial y principal (conforme denominación social con su sigla desarrollada) es crear una red de ayuda y asistencia integral para aquellas empresas que resulten ser víctimas de cualquier accionar delictivo o cuasi delictivo que implique la paralización de la actividad empresarial, debe señalarse que si bien es cierto que los bloqueos a una actividad lícita pueden ocasionar molestias y/o perjuicios al desarrollo de la actividad, en el caso de una empresa que contrata trabajadores implica necesariamente la posibilidad de que estos puedan ejercer sus derechos laborales (contemplados en nuestras leyes y tratados internacionales receptados por nuestra legislación), que pueden consistir en medidas de fuerza que eventualmente puedan derivar en alguna forma de obstáculo al accionar de dicha empresa.

Ahora bien, esas medidas de fuerza pueden estar encuadradas y desarrollarse en el marco de la normativa vigente, circunstancia que, en todos los casos, implica que será la autoridad pública competente o la Justicia, si a ella se recurriese, quien determine su legalidad. En virtud de lo señalado, el objeto de la entidad parece colisionar con los derechos laborales de los trabajadores, ya que califica a los bloqueos en sí mismos como delictivos o cuasi delictivos aun sin mediar sobre ellos pronunciamientos en sede administrativa y/o judicial que así lo califiquen.

Finalmente, refiere que, a partir de lo previsto por el artículo 151 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCo.), el nombre de la persona jurídica no puede estar disociado y/o reñido con los propósitos que persigue, puesto que, de configurarse tal situación, se estaría violentando el requisito de veracidad que establecen tanto la normativa de fondo como así también la reglamentaria.

Y en relación al objeto social propuesto, afirma que resulta contrario al bien común, requisito esencial exigido por el artículo 168 del CCyCo.

Además:

III - Apelación
IV - Fundamentos del decisorio
V - Sentencia

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