La Sala A de la Cámara Nacional Comercial en los autos “García, Bernardo José c/TIPCI” confirmó la resolución del juez de grado que denegó la medida cautelar solicitada, dirigida a que se dispusiera la suspensión de los efectos de las decisiones adoptadas en asamblea respecto de la aprobación de los estados contables de la sociedad demandada y la que dispuso no distribuir los dividendos.

Fundamento

Se resolvió de esa manera teniendo en cuenta que prima facie no se apreciaban en el sub lite razones suficientes que puedan justificar en el caso la cautelar pedida, habida cuenta que más allá de alegarse falta de información y agraviarse por no haber sido convocado a la reunión de directorio impugnada, la que fue llevada a cabo con posterioridad a la renuncia del accionante como director y la forma en que se realizó la convocatoria de asamblea –por carta documento-, no se había invocado la consumación de un hecho concreto susceptible de causar un perjuicio irreparable.

Interpretación de la ley

El artículo 252 de la Ley de Sociedades Comerciales, en la medida que autoriza la suspensión cautelar de las asambleas, debe ser administrada con la prudencia que exigen las decisiones de tal naturaleza, a fin de no causar perjuicios en el giro de la sociedad que no superen, incluso, los que presuntivamente se procuran evitar. Ahora bien, las atribuciones judiciales para decretar la suspensión de decisiones asamblearias se condicionan a la presunción seria sobre la existencia de motivos graves y a la posibilidad de que se consumen hechos que, efectivamente, causen perjuicios irreparables, procediendo únicamente tal medida, en aquéllos casos en que la ejecución de lo decidido se convierta en nociva o peligrosa para la gestión social.

Procedencia de la suspensión cautelar

Cabe desestimar la suspensión cautelar de una asamblea si, en cuanto a la aprobación o no del balance por la misma, no se advierta, prima facie, en el caso otra consecuencia que la puesta en conocimiento de los socios de la situación patrimonial del ente, y la toma de posición -favorable o crítica- por parte de éstos, respecto de la gestión empresarial, la marcha de los negocios, y del órgano de administración.

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