La Cámara de Apelaciones en lo Civil confirma la resolución dictada por la Inspección General de Justicia (IGJ) que denegó la autorización para funcionar solicitada por una asociación civil que planteaba como objeto principal y esencial la creación de una red de ayuda y asistencia integral para aquellas empresas que resulten víctimas de cualquier accionar delictivo o cuasi delictivo que implique la paralización de la actividad empresarial refiriéndose específicamente a los bloqueos de carácter sindical.

Hechos

En el mes de junio la IGJ había negado la autorización al considerar que su objeto se contrapone con el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores a los que califica como “bloqueos sindicales extorsivos” y/o “accionar delictivo”.

La organización modificó parcialmente su objeto de funcionamiento y quitó las alusiones a los bloqueos sindicales, pero la mantuvo en el nombre con el que pretendía identificarse, por lo que el organismo agregó que “la supresión de toda referencia a los bloqueos sindicales en el artículo 2 del estatuto, no modifica el hecho de que ese sea el objeto social primario de la entidad”, “y pese a la supresión de toda referencia a los bloqueos sindicales en el artículo 2 del estatuto mantuvo una denominación social que, inequívocamente, refiere a tal propósito”.

Refiere que, a partir de lo previsto por el artículo 151 del Código Civil y Comercial de la Nación –CCyCN–, el nombre de la persona jurídica no puede estar disociado y/o reñido con los propósitos que persigue puesto que, de configurarse tal situación, se estaría violentando el requisito de veracidad que establece tanto la normativa de fondo como así también la reglamentaria.

Asimismo, en relación al objeto social propuesto, afirma que resulta contrario al bien común, requisito esencial exigido por el artículo 168 del CCyCN.

Fundamentos de la sentencia

La Cámara entiende que la propia entidad aceptó y consintió las observaciones realizadas por la IGJ en cuanto al objeto al eliminar toda referencia a los bloqueos sindicales.

Sin embargo, continúa manteniendo dicha referencia en el nombre propuesto y tal discordancia no hace otra cosa que generar o inducir a error sobre el objeto –actividad– de la asociación a terceros, incumpliendo así lo normado por el artículo 151 del CCyCN, lo que resulta suficiente para denegar la autorización pretendida y confirmar la resolución apelada.

Concluye el Tribunal que el nombre de la persona jurídica debe evitar denominaciones que induzcan a error sobre la verdadera actividad (objeto) de la asociación.

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