La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Paraná rechazó, por mayoría, la compensación económica pretendida por la exconviviente tras la ruptura de la unión que duró 25 años, ya que no se acreditó que haya existido, para la solicitante, un 'desequilibrio manifiesto' que implique un “empeoramiento de su situación económica'.

En el caso 'F. G. c/O. H. R. s/ordinario (fijación de compensación económica por ruptura de unión convivencial)”, la actora demandó a su exconviviente por compensación económica que, afirmó, le correspondía a causa de la ruptura de la unión convivencial que inició en 1991 y finalizó en 2016. Explicó que en gran parte de la convivencia se dedicó a las tareas del hogar y a la crianza de los hijos, pudiendo recién iniciar sus estudios terciarios avanzada esa convivencia y comenzar a trabajar como docente unos 8 años antes de la separación.

La mujer destacó que, por haber iniciado sus actividades laborales siendo adulta, deberá trabajar hasta una edad muy por encima de la media jubilatoria docente para poder acceder a los beneficios de la jubilación. Por último, la actora señaló que el demandado se encuentra en mejor situación económica.

La sentencia de primera instancia consideró que la demandante estaba en mejores condiciones económicas al finalizar la convivencia que al inicio de la misma, por lo que consideró que “no se había demostrado el desequilibrio económico manifiesto”.

Dicho pronunciamiento fue apelado por la actora, quien cuestionó la sentencia invocando defectuosa valoración de la prueba rendida en la causa y criticó el fallo por la ausencia de análisis del caso con perspectiva de género. El demandado, por su parte, solicitó la confirmación de la sentencia recurrida.

Por mayoría, los jueces Andrés Manuel Marfil y Virgilio Alejandro Galanti desestimaron el recurso de apelación, entendiendo que la actora no logró establecer “el desequilibrio manifiesto que requiere la norma”.

De este modo, los magistrados no observaron que la actora 'haya sufrido un desequilibrio manifiesto que signifique un “empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura”.

“Ha logrado estudiar y obtener una profesión durante el matrimonio, y que justamente tiene un régimen jubilatorio que le permite jubilarse con menos edad que lo hace la mayoría de los trabajadores con lo que lo podrá concretar junto a la mayoría de estos”, señalaron los jueces de la Sala Tercera.

Los jueces indicaron que la mujer empezó a convivir siendo desocupada y sin calificación laboral y salió de la convivencia como profesional de la educación, con un sueldo fijo, y propietaria no solo de una casa, sino además de condómina del 32,1% de un campo de más de 36 hectáreas en una de las zonas más productivas de la provincia. En tanto el hombre salió de la convivencia con su mismo empleo y los mismos bienes inmuebles que la actora.

En disidencia, la jueza Valentina Ramírez Amable votó a favor de revocar la decisión de grado y consideró que “si la demandante se pudiese haber capacitado o estudiado antes del tiempo en que efectivamente lo hizo -pese a tener igualmente que ocuparse del hogar y los hijos- ella habría gozado de una mayor antigüedad laboral al momento de la ruptura de la convivencia, siendo ese desequilibrio o desventaja manifiesto por las repercusiones económicas que apareja no solo por la pérdida de posibilidades de tener un mayor ingreso sino también por rezagar su retiro laboral a una edad sustancialmente mayor a aquella que disponen las leyes previsionales docentes en nuestra provincia”.

En el artículo “El procedimiento de determinación judicial de la compensación económica”, publicado en Temas de Derecho Procesal de Erreius, Adrián O. Morea destaca que “la compensación económica se expresa como un derecho que le asiste a uno de los cónyuges o convivientes al momento de la ruptura matrimonial o cese de la unión convivencial, sea que este se haya producido por divorcio o por nulidades del matrimonio, para que se le compense el menoscabo económico sufrido a causa de un desequilibrio manifiesto con su exconsorte o exconviviente que guarda adecuada relación con la vida matrimonial o convivencial en común”.

“La finalidad de la compensación económica es compensar o equilibrar la desigualdad económica entre cónyuges o convivientes como consecuencia del divorcio, nulidad o cese de la unión convivencial”, remarca el especialista.

Luego señala que “no se trata de una herramienta de naturaleza resarcitoria, alimentaria o de equidad, sino de una figura tipo compensatoria, toda vez que no apunta a colocar a su beneficiario en el estado patrimonial anterior al divorcio o cese de la separación, ni a subvenir a las necesidades alimentarias del peticionante, ni siquiera aspira a restituir al cónyuge o conviviente afectado una prestación modulada en función del grado de enriquecimiento experimentado por el demandado”.

Lo que se busca es neutralizar los desajustes o desequilibrios económicos que produce este hecho interruptivo en la vida del excónyuge o exconviviente.

“Su función es actuar como un mecanismo corrector y reequilibrador para atenuar injustas desigualdades, y así lograr una razonable recomposición patrimonial morigerando los desequilibrios verificados. Ello le permitirá al cónyuge o conviviente afectado, luego de producirse el quiebre, rearmarse para poder llevar en adelante una vida autónoma”, enfatiza Morea.

Se procura colocar al beneficiario en una potencial igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no haber contraído matrimonio o formado una unión convivencial.

Desde el punto de vista económico y social, es importante remarcar que el fin práctico del instituto no es promover un estilo de vida familiar determinado, sino respetar la autonomía organizacional de la pareja, sin que ello implique convalidar las desigualdades que la modalidad familiar elegida genere entre sus integrantes con el transcurso del tiempo.

“Hacia el pasado, la compensación tiende a compensar los perjuicios sufridos por la pérdida de oportunidades a raíz de haber dedicado tiempo y esfuerzo a la crianza de los hijos y el trabajo doméstico y, por otro lado, aquellos perjuicios que se irrogaran hacia el futuro, poniendo el acento en la situación en la que queda uno de los convivientes luego de la ruptura para su reinserción social y laboral”, agrega la especialista Susana Pereyra Minich.

En este punto, se deberá probar la relación de causalidad entre el cese de la cohabitación y el perjuicio económico, que no habría existido de no haber cesado la convivencia.

Accedé al texto completo del fallo:

Rechazan un pedido de compensación tras el cese de la convivencia