La sala B Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazó el dictado de una medida cautelar de no innovar solicitada por una empresa constructora para que se inmovilicen los fondos de la cuenta de un tercero a que había transferido por error más de 9 millones de pesos.

En el caso “Materiales de Construcción TED S.R.L. c/ Gómez, Joaquín Matías s/medida precautoria”, la actora relató que recibe y realiza cientos de transferencias semanales y que, en ese contexto, el 16 de abril de 2024 un empleado del sector comercial habría efectuado una transferencia de $9.180.000 por error a la cuenta de un tercero, con el que no se vinculaba comercialmente.

Explicó que el dependiente consignó en forma equivocada el número de CBU de la cuenta de destino de la transferencia y que dicho movimiento recién pudo ser detectado tres días después, como consecuencia del llamado que recibió de quien efectivamente debía ser el beneficiario de esos fondos.

La actora inmediatamente se puso en contacto con el banco con el que opera (HSBC) así como con la entidad bancaria correspondiente a la cuenta a la cual se habrían transferido los fondos (Santander Río) con el fin de informar el error incurrido y que se proceda a la inmediata inmovilización y posterior restitución del dinero.

Agregó que las gestiones extrajudiciales que se habrían llevado adelante resultaron infructuosas y que el peligro en la demora estaría configurado porque la suma comprometida, de no poder ser recuperada, representaría la pérdida de una gran parte de su patrimonio neto.

Por ello, solicitó que se decrete una medida de no innovar con el fin de que se inmovilicen esos fondos de la cuenta del receptor de la transferencia hasta tanto se resuelva el proceso ordinario que tendría como objeto el reclamo de los daños y perjuicios padecidos.

Rechazo de la medida solicitada

El juez de primera instancia rechazó la medida por entender que, con los elementos aportados, no era posible considerar acreditada la verosimilitud en el derecho necesaria para acceder a una pretensión cautelar.

Puntualizó que no se acompañó constancia alguna sobre los supuestos reclamos extrajudiciales que se habrían efectuado al receptor del dinero, por lo que tampoco era posible colegir que éste se hubiera rehusado a colaborar en la restitución de los fondos presuntamente transferidos por error. La actora apeló.

Las camaristas María Guadalupe Vásquez y Matilde Ballerini explicaron que “las medidas cautelares procuran asegurar el futuro cumplimiento de una eventual sentencia favorable. Su dictado requiere necesariamente de la concurrencia de ciertos requisitos genéricos: la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora”.

Por un lado, añadieron que “el peticionante debe acreditar la apariencia o verosimilitud del derecho invocado, de forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en el proceso principal se declarará la certeza del derecho. El juicio de verdad está en oposición a la finalidad del instituto cautelar, destinado a atender aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad”.

Por otro, remarcaron que el interesado “tiene que probar que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos del fallo resultaran inoperantes”.

Las magistradas entendieron que el recurso no debía ser admitido porque “no se ha arrimado ninguna constancia que permita verificar, al menos de forma indiciaria, que el presunto receptor de los fondos erróneamente transferidos siquiera fue notificado de la existencia de ese error y, en su caso, que se hubiera negado injustificadamente a su restitución”.

No se acreditó la negativa del receptor a devolver los fondos

Las juezas subrayaron que tanto la carta documento como la nota a las que se hizo alusión en los escritos presentados fueron enviadas al Banco Santander Río, sin que pueda extraerse si el receptor de los fondos fuera efectivamente anoticiado del supuesto error ocurrido o si cuenta -por ejemplo- con la información necesaria para realizar la restitución de esos fondos.

“Aunque no se desprecia en modo alguno la importancia económica del monto aquí involucrado (algo más de $9.000.000), no puede dejar de mencionarse que siendo que la propia actora afirmó en su líbelo inaugural que en su carácter de empresa constructora efectúa y recibe cientos de transferencias semanales (lo cual originó que recién a las 72 hs pudo detectar el presunto error ocurrido), habría resultado útil contar -por ejemplo- con los últimos balances de la sociedad o cuanto menos algún tipo de información contable que permita vislumbrar la incidencia que esta operación significó para su patrimonio y el consecuente peligro en la demora que denunció (presunta pérdida de una importante porción de su patrimonio neto)”, argumentaron.

“Pesa sobre quien solicita la medida la carga de acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que las justifiquen”, concluyeron al rechazar el recurso de apelación.

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