La sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó un fallo que había hecho lugar al reclamo indemnizatorio de una mujer que prestaba servicios de cuidados de personas enfermas en un domicilio.

En el caso “Ruiz Cárdenas de Ramírez Yolanda c/ Karlovich, Osvaldo Ángel s/ despido”, la actora señaló que fue contrada el 01/11/2008 por el demandado para cumplir tareas consistentes en la asistencia y cuidado de una mujer adulta mayor. Agregó que cumplía horario de lunes a viernes de 8:00 a 21:30 horas, como también acompañaba a la mujer a las 'consultas y/o prácticas médicas, la ayudaba en todas sus actividades de la vida diaria, arreglo personal, suministro de medicación y se ocupaba de su alimentación e higiene y al inicio de la relación la ha acompañado a realizar todo tipo de trámites'. Sostuvo que recibía órdenes directas del hijo de la mujer (ahora demandado), quien le abonaba la remuneración sin entregarle recibos de sueldo.

Por su parte, el demandado negó su carácter de empleador. Remarcó que la actora fue contratada por su madre a fines de 2009 para realizar tareas de domésticas en su domicilio hasta noviembre de 2012 en que fue internada debido a una fractura de cadera, lo que culminó en su fallecimiento. Aseveró que el vínculo entre la accionante y su madre se enmarcó en el decreto 326/56 y no en la ley de contrato de trabajo, ni en el CCT 459/06, ya que no dirigía una organización para obtener un beneficio económico.

Fallo de primera instancia y apelación

El juez de primera instancia receptó la demanda por entender que medió entre las partes una relación de trabajo subordinado por la que resultan aplicables las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo y el CCT 459/06.

Contra tal decisión se alzó el apelante. Además de cuestionar el encuadre de la relación, objetó la valoración de la prueba. Argumentó que las dos testigos que depusieron a instancias de la parte actora no acreditaron el pago de salarios ni la dación de órdenes a la accionante, pues fue su madre quien la contrató y con ella se estableció el vínculo.

La cámara anuló la sentencia

Los jueces Leonardo Ambesi y María Cecilia Hockl explicaron que las partes discreparon sobre quién contrató a la actora, desde cuándo, en el tipo de tareas cumplidas y, por ende, en el régimen jurídico aplicable.

De esta manera, analizaron si tales servicios, fueron prestados en relación de dependencia o si, en cambio, se efectuaron en el marco de un desempeño autónomo. Recordaron que, en el precedente “Mastrotefano c/ Roemmers”, la Corte revocó un fallo de la sala VI de la CNAT que aplicando el art. 23 LCT concluyó que las tareas de cuidado de tipo terapéuticas quedaban amparadas en la LCT. Explicaron que en ese tipo de actividad era necesario analizar la naturaleza de la prestación profesional brindada y si se daban o no las notas tipificantes de una relación subordinada, siendo por tanto insuficiente el mero reconocimiento de la prestación de servicios para tener por configurado un contrato de trabajo.

La cámara entendió que los testigos propuestos por la actora no especificaron ningún dato que permitiera tener por configurada una situación de dependencia jurídico -personal o técnica de la accionante con el demandado, lo que impide encuadrar el caso en las previsiones de los arts. 21 y 22 de la LCT.

El cuidado de personas a domicilio y la presunción del art. 23 de la LCT
“El cuidado de enfermos en el domicilio particular desvirtúa la operatividad de la presunción “iuris tantum” del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo ya que tal presunción cede frente a las “circunstancias, relaciones o causas” que motivaron los servicios máxime si se tiene en cuenta que el demandado no conformaba una empresa productora de bienes o servicios (conf. arts. 5º y 23 de la LCT)”, agregaron los magistrados.

“Si el demandado tuviere como finalidad empresaria el cuidado de personas enfermas o lo hiciera con fines de lucro o -eventualmente- para satisfacer sentimientos altruistas, la solución sería distinta pues en ese caso podría darse una relación regida por la ley laboral siempre y cuando concurran además los caracteres esenciales que tipifican una relación de trabajo en el marco de lo normado por el art. 21 de la Ley de Contrato de Trabajo”, añadieron.

Ya que no surgía de las actuaciones que el demandado hubiera encabezado una organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos (cfr. art. 5 de la LCT) ni una unidad técnica o de ejecución que pueda identificarse como un establecimiento (art. 6 de la ley citada) no resultaba de aplicación el ordenamiento laboral, enfatizaron.

Por último, resaltaron que, en el presente caso, no se encontraba en vigor el régimen especial para el personal de casas particulares establecido mediante la ley 26.844, y se excluye la aplicación de la presunción del art. 23 de la LCT, pues las partes no se encontraron unidas en virtud de un contrato de trabajo enmarcado en el ámbito de la LCT, resultando esencial en el caso que nos ocupa la circunstancia que no se encuentra probado, por otra parte, que los servicios prestados por la actora importaran un beneficio económico para el demandado.

En consecuencia, hicieron lugar al recurso del demandado, revocaron el fallo de primera instancia y rechazaron la acción incoada con fundamento en la Ley de Contrato de Trabajo.

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