El juez en lo contencioso administrativo federal de feria, Enrique Lavié Pico, rechazó dos amparos que pretendían que se declare la inconstitucional del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía. La novedad es que estas fueron las primeras resoluciones que trataron sobre el fondo de los reclamos, aunque el magistrado no se pronunció respecto de la constitucionalidad.

Para el juez el caso “no cumplió con la carga de poner en evidencia, de manera circunstanciada, la ilegalidad y arbitrariedad que invoca como fundamento de su pretensión”.

En los casos “Rizzo, Jorge Gabriel y otro c/ EN-DNU 70/23 s/Amparo Ley 16.986” y “Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y otros c/ EN-DNU 70/23 s/Amparo ley 16.986”, el magistrado consideró que vía elegida no era la adecuada para hacer el reclamo, que quienes iniciaron las causas no tenían legitimación activa, que no acreditaron el perjuicio concreto que el DNU les causa, y que el Congreso de la Nación -tal como establece la Constitución Nacional- está en plazo para analizar la validez o no del decreto.

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Por qué rechazaron los amparos contra la totalidad del DNU

En sus sentencias, Lavié Pico recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que “la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saber mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones”.

“Una inteligencia orientada hacia la judicialización amplia de las decisiones de otros poderes pondría en serio riesgo tanto el ejercicio de las funciones que la Constitución asigna a cada uno de ellos, como la autoridad de la propia Corte Suprema”, sostuvo.

En ambos amparos se planteó que el DNU no cumplió con los requisitos que establece el inciso tres del artículo 99 de la Constitución Nacional para su dictado.

Pero para el juez, los amparos requerían cumplir una serie de requisitos para poder ser aceptados, entre ellos que haya un caso, es decir “la afectación de un interés jurídicamente protegido o tutelado y susceptible de tratamiento judicial”, lo que no ocurrió en estos expedientes.

Por otra parte, el juez señaló que el DNU está bajo discusión del Congreso de la Nación. “No puede dejar de señalarse que no corresponde al Poder Judicial expedirse sobre planteos de nulidad instrumentados de manera genérica y abstractos con referencia al decreto aquí cuestionado ya que ello implicaría cercenar competencias legales dispuestas en cabeza de otro poder del Estado, máxime cuando existe una vía constitucional para su control en el ámbito del Congreso Nacional”, explicó.

“Resulta claro que las manifestaciones efectuadas por la actora en su presentación de manera genérica -para obtener la inconstitucionalidad del DNU en abstracto-, no alcanzan por sí solas para demostrar el perjuicio concreto que se habría configurado por tal proceder, con relación a quien lo invoca en la presente causa”, consideró Lavié Pico y concluyó que “no se ha invocado un perjuicio claro y concreto que permita considerar su pretensión con el alcance solicitado”.

“Lo que aquí se resuelve en nada impide a que las partes puedan, en su caso, probar un perjuicio concreto con relación a cualquiera de las materias que regula el decreto en cuestión y, en consecuencia, promover ante las jurisdicciones competentes las acciones que se consideren pertinentes, para hacer valer sus derechos”, dijo el magistrado, por lo que posibilita que las partes hagan una nueva presentación contra el DNU.

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Rechazan cautelar contra el DNU

Hace unos días, el juez Lavié Pico había rechazado un planteo del Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) que tenía por objetivo el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación de la totalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei.

Se trató del primer fallo emitido por ese fuero que rechazó la aplicación de una medida cautelar contra todos los artículos del DNU.

En el caso “Asociación Civil Centro de Estudios Legales y Sociales c/ EN-DNU 70/23 s/proceso de conocimiento”, el actor presentó a fines de 2023 una acción declarativa de inconstitucionalidad y un pedido de medida cautelar ante el fuero Contencioso Administrativo Federal contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 del Gobierno nacional, por 'alterar reglas constitucionales, violar división de poderes y suprimir derechos'.

Entre sus argumentos, el CELS consideró que “el decreto se aparta del principio de división de poderes, así como suprime y restringe derechos, garantías individuales y colectivas de amplios sectores sociales con dificultades económicas”.

Y agregó que, con este DNU, “el Poder Ejecutivo decidió alterar las reglas constitucionales de nuestro país, asumiendo facultades que son del Congreso” ya que, en sus 366 artículos, la norma cuestionada deroga o modifica 73 leyes de forma permanente, “lo cual está prohibido para el presidente y su gabinete”.

En ese sentido, sostuvo que “todo el contenido del DNU podría haber sido tratado en el Congreso, en sesiones extraordinarias u ordinarias. El Poder Ejecutivo no explicó ni la urgencia ni la necesidad de modificar de esta manera y en una sola norma tantas leyes que habían sido aprobadas y dictadas en el ámbito legislativo.”

Al analizar el expediente, el juez sostuvo que “la pretensión cautelar resulta sustancialmente idéntica al objeto principal de la acción intentada, por lo que, de acogerse favorablemente la medida solicitada, la actora obtendría anticipadamente la satisfacción que persigue con la acción de fondo intentada, afectándose el objeto del pleito con menoscabo a las garantías constitucionales ya referidas”.

En cuanto al dictado de la cautelar, sostuvo que en la causa “no aparecen configurados los requisitos básicos para la viabilidad de una medida de esta naturaleza”.

Por otro lado, el juez rechazó tramitar como proceso colectivo porque “no se encuentra definido de manera clara el colectivo involucrado, debido a la generalidad de la representación invocada por la Asociación Civil actora y al carácter difuso de la presentación efectuada en la presente causa”.

Además, 'tampoco se encuentra debidamente delimitado que el decreto atacado produzca un perjuicio por igual a todos los sujetos que la parte actora pretende representar, lo cual descarta la configuración de los recaudos necesarios para la procedencia formal de la acción colectiva intentada al momento de identificar al colectivo involucrado”, señaló.

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