La sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó el rechazo de una acción de amparo interpuesta contra el Estado Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación para que se declaren inaplicables a los actores la Ley de Vacunación Obligatoria 27.491 y toda otra similar con el mismo propósito, tanto nacional como local; y que no se los obligue a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19.

En el caso “Morán, María del Carmen y otros c/ Ministerio de Salud de la Nación s/ Amparo Ley 16.986”, el juez de primera instancia rechazó in limine la acción interpuesta, ya que consideró que “lo pretendido por los actores en el caso parecería ser una declaración de inconstitucionalidad genérica. Y, en relación a la vacuna contra el COVID-19, que si bien el Congreso sancionó una ley de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra dicha enfermedad (ley 27.573), esta no hace referencia alguna a la supuesta obligatoriedad de su aplicación”.

En resumen, sostuvo que los actores no individualizaron el acto lesivo ni precisaron la omisión por parte del Estado que lesione de manera actual o inminente alguno de sus derechos fundamentales. Y que, en definitiva, lo que se pretende, desde su punto de vista, es que se juzgue la oportunidad, mérito y conveniencia relativos a la protección de la salud de la población, cuestiones ajenas al Poder Judicial.

Así, además de rechazar la medida precautoria planteada, impuso las costas a la accionante.

Contra la referida resolución, la actora interpuso un recurso de apelación y recusó con causa al juez de primera instancia, ya que entendió que había incurrido en prejuzgamiento.

Expresó los siguientes agravios:

la situación planteada resulta concreta, en tanto el PEN ha venido poniendo de manifiesto su voluntad con relación a la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 como única solución a la pandemia decretada;
si bien no se declaró de manera explícita su obligatoriedad, se ha ido obligando a partes de la población a vacunarse; y
pese a que no se han producido hasta el momento actos lesivos concretos, los mismos son inminentes.

El Fiscal General propició el rechazo del recurso y la confirmación de la resolución impugnada.

Los camaristas Pablo A. Candisano Mera y Roberto Amabile explicaron que “el objeto directo de la acción de amparo y de la pretensión en ella perseguida debe radicar en una actuación concretizada o en una conducta omisiva que, con actualidad o inminencia, lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley”.

“De allí que, para la procedencia del amparo, la cuestión constitucional deba necesariamente relacionarse con un proceder o una omisión, ya provenga de autoridad pública o de particulares, fundada en normativas específicas”, agregaron.

No obstante, en el caso concreto, los jueces entendieron que los accionantes no individualizaron el acto lesivo que les causó un perjuicio concreto, a los fines de habilitar la procedencia de la vía solicitada.

“La accionante no explica de qué manera la vigencia de la ley 27.491 afecta los derechos diferenciados de cada uno de los actores, a la vida, la salud o la integridad física”, enfatizaron los magistrados.

Tampoco advirtieron la inminencia del acto a la que alude la recurrente y remarcaron que no era suficiente como evidencia fáctica de un peligro real la alegada manifestación de voluntad del PEN con relación a la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19, y que, de momento, ello resultaba una conjetura hipotética.

“La actora se limita a invocar un perjuicio que aparece como remoto o presunto, al fundarse en los eventuales daños que le irrogaría la aplicación de la norma cuestionada, en el hipotético caso que el PEN resuelva incluir la vacuna contra el COVID-19 en el Calendario Nacional de Vacunación”, dijeron los camaristas.

Y, en esa misma línea, recordaron la doctrina de la Corte Suprema acerca de los “casos justiciables” que habilitan el ejercicio del Poder Judicial conferido a los tribunales nacionales.

Señalaron que, en términos del Alto Tribunal, “esta condición se configura cuando concurren dos recaudos: por una parte, debe tratarse de una controversia que persigue la determinación del derecho debatido entre partes adversas, fundado en un interés específico, directo o inmediato atribuible al litigante; por otra, la causa no debe ser abstracta en el sentido de tratarse de un planteo prematuro o que hubiera devenido insustancial”.

En este orden de ideas, ante la ausencia de un interés jurídico lesionado o de inminente lesión, señalaron que el planteo de los actores se convertía “en una petición abstracta y general, que no solo inhabilitaba la vía intentada por inexistencia de acto lesivo, sino que impedía asimismo su reconducción por no configurar un caso contencioso”.

Sobre tales premisas, consideraron que la solución arribada en primera instancia se ajustaba a derecho, por lo que rechazaron el recurso de apelación interpuesto y confirmaron la resolución de primera instancia.

Rechazan amparo contra la Ley de Vacunación Obligatoria y la vacuna contra el COVID-19