El Juzgado Federal n. 2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago José Martín, rechazó una acción de amparo colectiva solicitada por una asociación de consumidores contra el Poder Ejecutivo Nacional por el dictado del DNU 70/2023 por considerar que no se acreditó el interés homogéneo entre el universo de personas que pretendía representar ni la afectación concreta.

En el caso “Asociación de Consumidores Defendete sin fines de lucro c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Amparo colectivo”, la accionante, que buscaba representar a la masa de usuarios y consumidores de la República Argentina, denunció que la norma cuestionada afecta intereses de incidencia colectiva por lo que solicitó se declare su inconstitucionalidad y nulidad absoluta. Además pidió que se dicte una medida cautelar innovativa que ordene la inmediata suspensión de los efectos del DNU.

El planteo de la asociación de consumidores

Entre otras cuestiones, la asociación actora entendió que el decreto vulneraba derechos constitucionales básicos de los usuarios y consumidores como la protección de sus intereses económicos, protección de su indemnidad, su derecho a la salud, derecho de accesos a servicios públicos,derecho a la información, el derecho de acceso a la vivienda digna, el derecho de acceso a superiores niveles de calidad de vida, entre otros.

Señaló que el “derecho de acceso al consumo” se ha visto afectado por la derogación o modificación de leyes como la de etiquetado frontal, la de góndolas, la de alquileres, leyes de promoción industrial, de promoción comercial, leyes de obras sociales y medicina prepaga, organismos de control de precios, marco regulador de los servicios públicos, así como la determinación de sus precios, la privatización de proveedores de bienes y servicios estatales, lo que según afirma, “supondrá para inmensos sectores de la poblacióndel país, la imposibilidad de acceder al consumo de dichos servicios y/o bienesa los que en la actualidad acceden”.

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Rechazo de acción colectiva

El juez explicó que el planteo, para que sea idóneo para habilitar la intervención del Poder Judicial, “debe encontrarse acompañado de la identificación precisa de los derechos lesionados del colectivo tutelado, y un desarrollo del modo en que éstos se ven afectados por las normas impugnadas.”

En ese sentido, entendió que la asociación destacó que suplanteo se encontraba fundado en la violación de una serie de derechos de raigambre constitucional, lo que resultaba una generalidad tal que no permitía discernir cuales serían los perjuicios concretos sufridos a raíz del dictado del DNU 70/2023.

“Genéricamente enuncia, pero no explica de qué modo tal afectación se produce, ni cuáles serían las normas del DNU que resultarían inconstitucionales. No debe olvidarse que el DNU 70/2023 abarca una diversidad de materias, algunas de ellas que no se vinculan en modo alguno con los derechos de consumidores y usuarios. Sin embargo, el planteo de inconstitucionalidad y nulidad alcanza, como bien señala el Ministerio Público Fiscal, al DNU en su conjunto”, agregó el juez.

Es decir, la demandante no explicó de qué modo se producetal afectación, ni cuáles serían las normas puntuales que resultarían inconstitucionales.

Luego citó un fallo de la Corte Suprema que, en el marco deun amparo colectivo, afirmó que “...el ejercicio de la función jurisdiccionalrequiere que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio - laafectación de un interés jurídicamente protegido –, de orden ‘personal,particularizado, concreto y, además, susceptible de tratamiento judicial’”.

También mencionó el precedente “Halabi” en el que el máximotribunal indicó que “...la comprobación de la existencia de un ‘caso’ esimprescindible ya que no se admite una acción que persiga el control de la meralegalidad de una disposición.”

Para el magistrado tampoco se logró comprobar que los miembros del colectivo representado estén razonable y suficientemente 'afectados', en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional.

“En el caso bajo examen, si bien el conjunto o parte de lapoblación, o algunos miembros aislados de ésta, pueden esgrimir un interés enla defensa de los derechos cuya tutela persigue (lo que por cierto essaludable), de ello no se sigue que todos y cada uno tenga una afectacióndirecta o suficiente como consecuencia de tal presunta violación. Lo contrarioimplicaría admitir la procedencia de la ‘acción popular’ en el ordenamientojurídico argentino, dando por tierra con el sentido expreso y claro delartículo 43 de la Constitución Nacional, que al mencionar al ‘afectado’ comosujeto legitimado, presupone una tutela diferenciada, que no es la de todos ycada uno del pueblo”, enfatizó el magistrado.

En este sentido, resaltó que más allá del carácter colectivoo difuso del derecho comprometido, debe mediar una relación directa osuficiente entre el acto u omisión cuestionado, y quien reclama el amparo de sus derechos.

Por último, resolvió que no existe una causa en sentido constitucional, siendo lo reclamado una mera pretensión consultiva, que nopuede ser resuelta, ya que en su caso se actuaría por fuera del espacio jurisdiccional que la Constitución Nacional otorga a los tribunales judiciales. Así, desestimó el pedido de la asociación de consumidores.

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