Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70, emitido en diciembre pasado, el Gobierno estableció el 1° de julio como fecha límite para la digitalización total de las prescripciones médicas. El Decreto N°345, de abril, reglamentó esta obligatoriedad para tratamientos, estudios y prácticas médicas en farmacias, que ya operan con sistemas online de validación de coberturas.

En el día de ayer, los ministros de Salud de todo el país han ultimado detalles para la implementación exclusiva de la receta electrónica, que entrará en vigor el próximo lunes. Este encuentro, tuvo como objetivo actualizar a los equipos técnicos sobre el plan de transición hacia este nuevo sistema de prescripciones médicas online.

Durante la reunión virtual, los funcionarios nacionales expusieron sobre el plan trazado para la implementación de las recetas electrónicas, que incluye una transición de 180 días para que todas las plataformas digitales cumplan con los requisitos exigidos y actualicen los registros de los profesionales de la salud. Este período de seis meses permitirá la coexistencia de recetas en papel y electrónicas para evitar interrupciones en el acceso a medicamentos y estudios médicos.

Participación federal y nuevas directrices

Representantes de todas las provincias, incluyendo directores de áreas de Sistemas, participaron del encuentro, donde se les anticipó el contenido de la resolución que se publicará en el Boletín Oficial, detallando el plan para eliminar las recetas en papel. También se presentaron instructivos para profesionales y farmacias, junto con el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (Renapdis).

Cada provincia deberá proporcionar a través de la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps) el listado actualizado de profesionales habilitados para prescribir recetas electrónicas. Las plataformas electrónicas verificarán que estos profesionales estén registrados en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).

Durante el período de adecuación, las provincias se irán sumando progresivamente a la modalidad de prescripción electrónica.

Dudas y ajustes

Los ministros plantearon dudas sobre la operatividad del nuevo sistema, como la posibilidad de que un profesional matriculado en una provincia pueda prescribir en otra. Desde el Ministerio de Salud, se aclaró que, por el momento, los profesionales podrán emitir recetas únicamente dentro de la jurisdicción de su matrícula.

Se subrayó que, mientras las plataformas digitales completan su inscripción en el Renapdis, los profesionales que no cuenten con sistemas electrónicos podrán seguir utilizando recetas en papel. Esta medida será una excepción solo en áreas de difícil acceso o sin conectividad.

Las personas podrán seguir usando recetas en papel para obtener medicamentos mientras se avanza en la implementación de la Ley Nacional de Recetas Electrónicas o Digitales.

Los cuatro ejes esenciales de la receta electrónica

La adopción de la receta electrónica responde a cuatro claves:

Identificación de profesionales: se garantiza el acceso adecuado a la identificación de los profesionales de la salud a través de la Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud (REFEPS), asegurando que solo los acreditados puedan emitir prescripciones.
Registro Nacional de Soluciones Informáticas: se establecerá un registro nacional que incluya las soluciones informáticas para la gestión sanitaria,tanto para la emisión de recetas electrónicas como para la dispensación de medicamentos en farmacias, asegurando calidad y seguridad.
Diccionario Nacional de Medicamentos: se implementará un diccionario nacional de medicamentos para estandarizar la denominación de los mismos en las recetas, facilitando su identificación y dispensación.
Comunicación y acceso eficiente: se promoverá un sistema eficiente de comunicación y acceso a las recetas y órdenes electrónicas,garantizando un seguimiento efectivo del tratamiento prescrito.

Por su parte, las farmacias tendrán la responsabilidad de archivar y conservar las recetas digital durante un período de tres años, asegurando así un registro adecuado de las transacciones médicas.

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