La Sala C de la Cámara Nacional Comercial, en los autos “Inspección General de Justicia c/ La Primera Alborada S.A. de Capital y Ahorro s/ Ejecutivo”, confirmó el rechazo a la remoción de la interventora de la firma, poniendo el foco en la necesidad de avanzar con el proceso liquidatorio que afecta a la entidad.

El eje del conflicto

La apelación buscaba desplazar a la funcionaria judicial alegando supuestos incumplimientos en sus deberes. No obstante, el tribunal analizó que la tarea principal de la intervención consistía en proporcionar información concreta sobre la situación patrimonial de la empresa para determinar el procedimiento legal adecuado para su liquidación.

Los magistrados determinaron que la auxiliar cumplió con sus funciones e incluso realizó tareas adicionales a las encomendadas originalmente. Por ello, se consideró que los reproches presentados eran 'inidóneos' para justificar un relevo en el cargo.

Demora procesal y estado de insolvencia

A pesar de ratificar a la interventora, la Cámara reconoció que ha transcurrido un tiempo excesivo sin que se defina bajo qué régimen se cerrará la sociedad. En este sentido, se mencionaron las dos alternativas que contempla la ley argentina para entes disueltos:

El régimen de la Ley General de Sociedades, aplicable si la empresa es solvente (in bonis)
El régimen de la Ley de Concursos y Quiebras, en caso de insolvencia.

Según los informes presentados en el expediente, la entidad se encontraría en estado de cesación de pagos, lo que inclinaría el procedimiento hacia el ámbito concursal.

Orden de celeridad

Ante la parálisis del trámite, la Cámara encomendó a la instancia inferior adoptar una decisión pronta sobre el modo de liquidación.

El tribunal subrayó que la liquidación debe realizarse 'en legal forma', respetando las normas de orden público que rigen para las sociedades comerciales.

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