El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 hizo lugar al reclamo por despido discriminatorio de una trabajadora que había sido despedida el mismo día en el que prestó declaración testimonial en un juicio laboral contra su empleadora y ordenó una reparación integral por daño moral y material, además de las indemnizaciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo.

En el caso “Espillaga Ailén Celeste c/ San Marcos E. S.A. y otros s/ despido”, la actora denunció haber sido despedida en represalia por haber declarado como testigo en otro juicio laboral. Sostuvo que su empleadora la había contratado como oficial de limpieza bajo el Convenio Colectivo 362/03, prestando servicios en el Hotel Scala de Buenos Aires. Alegó que la empresa registró tardíamente su ingreso, pagaba parte del salario en negro y desconocía la totalidad de las horas trabajadas.

Según su postura, el despido fue injustificado y obedeció exclusivamente a una represalia por su declaración testimonial del 14 de septiembre de 2024 ante otro juzgado laboral.

En su demanda, calificó el cese como discriminatorio y violatorio de sus derechos constitucionales, al haberse producido -según afirmó- por ejercer su deber de colaborar con la Justicia.

En concreto, solicitó que se declarara la nulidad del despido por discriminatorio, o en su defecto, el pago de una reparación agravada.

Además, impugnó la ley 27.742, que eliminó los agravantes indemnizatorios por trabajo no registrado y mora en el pago de las indemnizaciones, y planteó su inconstitucionalidad por considerar que violaba el principio de progresividad de los derechos laborales.

De manera subsidiaria, pidió una reparación integral por los daños derivados de la clandestinidad del vínculo y del despido, conforme al artículo 1740 del Código Civil y Comercial, y reclamó la responsabilidad solidaria de los directores de la empresa en los términos del artículo 54 de la Ley General de Sociedades.

La empresa negó las acusaciones y defendió el despido como consecuencia de faltas graves, desobediencia y maltrato a las supervisoras.
Durante las pruebas testimoniales una de las encargadas, citada como protagonista del incidente que motivó el despido, declaró que estaba de vacaciones en esa fecha, y otras testigos solo refirieron que la actora “tenía mal carácter”, sin confirmar insultos ni desobediencia.

La indemnización por despido y multas laborales

El magistrado concluyó que el despido fue incausado y ordenó el pago de las indemnizaciones legales por despido sin justa causa.

Consideró acreditado que la reclamante trabajó desde septiembre de 2022, cumplió jornada completa y percibió parte de su salario en efectivo sin recibo, lo que configuró un vínculo parcialmente no registrado.

Si bien rechazó la aplicación de las multas previstas en las leyes 24.013 y 25.323, al considerar que esas sanciones fueron derogadas por la Ley 27.742, el magistrado resolvió otorgar una reparación integral a la trabajadora con base en los artículos 1737, 1738 y 1740 del Código Civil y Comercial.

Fundamentó su decisión en el daño moral y material causado por la clandestinidad parcial del vínculo laboral y por la falta de pago de las indemnizaciones correspondientes. En ese sentido, destacó que “es innegable el daño que sufre una persona que trabaja en un vínculo parcial o totalmente clandestino y pierde en forma abrupta sus ingresos salariales”.

Con apoyo en la regla constitucional del “alterum non laedere” (no dañar a otro), citó precedentes de la Corte Suprema -entre ellos “Aquino”, “Grippo” y “Ontiveros”- y remarcó que todo daño debe ser plenamente resarcido, incluso cuando ya no existan sanciones tarifadas en la legislación laboral.

Como reparación, fijó una indemnización adicional, que se suma a las contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo, equivalente a cinco salarios mensuales: tres en concepto de daño material y dos por daño moral. Considerando un salario de $1.184.349,72, el monto total ascendió a $5.921.748,60.

Reparación por despido discriminatorio

Además, declaró la inconstitucionalidad del art. 245 bis de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto dispone un límite a la reparación a la que tiene derecho la trabajadora en el proceso por despido sin causa.

Consideró que, frente a la invalidez de la reparación prevista por el régimen especial, la trabajadora tiene derecho a la indemnización por daños y perjuicios con sustento en el régimen general. De manera que la “tarifa” del art. 245 bis no impide que el afectado persiga la reparación del daño provocado por el despido discriminatorio, con sustento en el régimen general impuesto por la ley 23.592.

Y remarcó que la ley 27.742 derogó las normas que reprochaban incumplimientos precisos a través de una tarifa, pero no prohibió que el trabajador recurra al derecho de daños para procurar la reparación de todos los perjuicios provocados por la inobservancia del empleador a sus obligaciones laborales y previsionales. Este monto fue fijado en $8.000.000, que se suman a las ya mencionadas.

Proyectos de protección especial al trabajador

Estos casos son relevantes porque la prueba testimonial permite reconstruir la verdad real de los hechos y aplicar correctamente el principio de primacía de la realidad. Cuando el testigo es un empleado del demandado, su testimonio puede entrar en conflicto con los intereses del empleador, generando un riesgo de represalias o sanciones, incluso el despido injustificado.

En Diputados hay un proyecto con estado parlamentario de Unión por la Patria, firmado por Sergio Palazzo, Carlos Cisneros, Vanesa Siley, Hugo Yasky, Pablo Carro, Mario Manrique y José Gómez, sobre este tema y que busca otorgar una protección especial a los trabajadores que declaren como testigos en juicios laborales contra sus empleadores.

La iniciativa establece que si un testigo es despedido dentro del año posterior a su declaración, se presumirá —salvo prueba en contrario— que el despido fue una represalia por haber testificado. En esos casos, el trabajador podrá optar entre ser reincorporado a su puesto o recibir una indemnización adicional equivalente a un año de salario, acumulable a la prevista por la Ley de Contrato de Trabajo.

Los autores sostienen que la medida, que fue girada a las comisiones de Legislación del Trabajo y Legislación General, apunta a garantizar que los trabajadores puedan declarar sin temor a represalias, corrigiendo, de acuerdo a sus impulsores, la “hiposuficiencia” que caracteriza la relación laboral y favoreciendo la búsqueda de la verdad en los juicios.

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