La Sala C de la Cámara Nacional Comercial, en los autos “Obetko, Daniel Roberto le pide la quiebra Marapro SA” confirma la resolución por medio de la cual la señora jueza de primera instancia se declaró incompetente para conocer en las actuaciones al considerar que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 de la ley concursal se debe asegurar la cercanía entre el juez concursal y el lugar donde se desarrolla la administración y facilite la concurrencia de los acreedores.

Hechos

El Tribunal se declara incompetente para seguir entendiendo en el pedido de la quiebra al corroborar que el demandado de quiebra se domicilia en Provincia de Buenos Aires.

Para así decidir el Tribunal considera que a los efectos de determinar la competencia se debe estar a la jurisdicción del Juez del domicilio del demandado.

Contra esta medida interpone recurso la sociedad al considerar que el demandado de quiebra tiene la sede social de sus negocios en la Ciudad de Buenos Aires acompañando constancia de inscripción en el monotributo y página web donde consta que el presunto fallido se desempeña como gerente de una sociedad con sede social en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que alega que en virtud del artículo 3 de la ley concursal si se trata de personas de existencia visible (actualmente humanas por definición del CCyCo) se debe considerar el “lugar de la sede de la administración de sus negocios y a falta de éste al del lugar del domicilio…”

Fundamentos

La Cámara considera que la competencia concursal presenta una particularidad que apunta a la asegurar la cercanía entre el juez concursal y el lugar en el cual se desarrolla la administración empresaria y por el otro facilitar la concurrencia de los acreedores.

El inciso 1 del artículo 3 de la ley 24.522 referente a personas humanas distingue conforme realicen o no una actividad negocial. En primer caso, la competencia corresponde al juez del lugar donde está radicada la sede de esa actividad; en tanto que en el segundo supuesto (el del deudor que no realiza ninguna actividad de esa índole) la competencia corresponde al juez de su domicilio.

Para el Tribunal la circunstancia de que el emplazado se hubiese desempeñado como gerente de una sociedad comercial que tendría domicilio en CABA, no genera automáticamente confusión de domicilios desde que se trata de personas distintas y la calidad de comerciante en los términos del nuevo código (art. 320 CCyC) no se adquiere por el simple hecho de ser socio o administrador de una sociedad mercantil.

En cuanto al segundo agravio sobre la condición de monotributista del deudor, el Tribunal destaca que se debe tener presente que el domicilio fiscal es aquel “…que deben denunciar los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias”. De ello se sigue que si bien ese dato podría tener carácter indiciario respecto del lugar de la sede de la administración, no tiene el alcance definitivo que pretende otorgarle el recurrente, máxime si de acuerdo a las constancias arrimadas por su parte en esta instancia, resulta que el requerido tiene junto a aquel domicilio denunciado en ese organismo, otro en extraña jurisdicción bajo la calificación “domicilio fiscal – jurisdiccional/ sede”.

Fallo completo

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