En los casos en que se analicen las denuncias por mala praxis médica, debe establecerse jurídicamente qué pasó y si el tipo de lesión o fallecimiento tuvo una relación causal adecuada con alguna negligencia, impericia o imprudencia de los profesionales o colaboradores que participaron o con alguna deficiencia del servicio del sanatorio en que se realizó el estudio o intervención.

O, por el contrario, si alguna predisposición o condición orgánica del paciente, en combinación con la anestesia o alguna otra circunstancia, produjo secuelas o inclusive la muerte.

Al final de las investigaciones, se define una de dos cosas:

1) que algún déficit prestacional del sanatorio o alguna conducta reprochable de sus dependientes fue la causa adecuada (art. 1726, Código Civil y Comercial) de la muerte del paciente, o;

2) que la práctica disparó una predisposición o déficit orgánico del paciente, que llevó a ese resultado, siendo el estudio o intervención la ocasión para que esa minusvalía se revelase y el proceso lesivo o de muerte comenzase, pero no la causa de él.

De tal modo, los especialistas indican que hay que distinguir dos conceptos fundamentales: causa y ocasión. Si el estudio fue la causa de esta muerte prematura, el sanatorio y/o alguno de los facultativos intervinientes serán responsabilizados por el evento y deberán responder, destacó el especialista Marcelo López Mesa en una columna publicada en el diario La Jornada de Chubut.

En tanto, si la práctica solo fue la ocasión del daño, la clínica y los médicos intervinientes no tendrán responsabilidad en el suceso, que deberá imputarse a la fatalidad.

La responsabilidad civil médica es discutida desde hace años. Numerosos médicos han sido demandados, siendo miles los reclamos que tramitan contra ellos en el país. La jurisprudencia condenó por negligencias gravosas y también rechazó demandas que solo tendían a obtener lucros cargando contra los profesionales de la medicina, sin razón.

Por ende, deben deslindarse dos supuestos distintos: mala praxis, por un lado, y aprovechamiento de una situación, por otro.

La responsabilidad de los médicos y la clínica

Para llegar a determinar qué pasó en cada caso, debe reconstruirse lo más fiel y completamente posible el pasado reciente del paciente, con los fragmentos que se están colectando (datos médicos, historia clínica, formulario de consentimiento informado, estudios que se le practicaron, datos de los equipos, eventuales filmaciones del quirófano, declaraciones de los testigos y de los que participaron en la práctica, autopsia en los casos de muerte y estudios derivados de ella, presunciones, etc.).

Para la jurisprudencia, “la mala praxis implica un ejercicio imperito o inidóneo de una actividad, en este caso médica. Esa falta de idoneidad o impericia se traduce normalmente, en el ámbito jurídico, en la carencia de diligencia, que se plasma en la toma de decisiones inapropiadas a la naturaleza de la prestación debida o inoportunas, lo que hace que el contenido de la praxis no sea conforme o compatible con la obligación asumida por el médico, sino que exhiba un déficit en su actuación, sea por acción u omisión”.

De esta definición se desprenden diversas aristas.

Según explica Leandro Merlo, colaborador de Erreius, “la denominada mala praxis médica es el término utilizado usualmente para referirse a la responsabilidad civil de los médicos”.

“Comprende, generalmente, actos de negligencia o impericia, de errores de diagnóstico, tratamientos, procedimientos, prescripciones de medicamentos, y también omisiones de realizar actos valiosos para la salud del paciente”, agrega el especialista.

En ese sentido, señala que “tales actos provocan distintos daños que deben ser reparados: daños físicos, psicológicos, espirituales, económicos y aun la muerte del paciente”.

Son en su mayoría actos “culposos”, es decir, hechos sin intención de dañar al paciente. De allí que, en casos de muerte de este, se iniciará una investigación penal, que se caratula provisoriamente como “homicidio culposo”, hasta que se pruebe en esta si hubo o no un obrar negligente del profesional acusado.

El homicidio culposo contempla penas de prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años. Esa figura se da si una persona por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos, o de los deberes a su cargo le causa a otro la muerte.

“Hay que recordar, además, que el obrar del médico debe adecuarse, entre otras normas, a la Ley 26.529 de Derechos del paciente y al artículo 59 del Código Civil y Comercial”, destaca el mencionado colaborador de Erreius.

Estas normas establecen que, para toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, se requiere el previo consentimiento informado del paciente.

Esto es, la declaración de voluntad suficiente efectuada por aquel, o por sus representantes legales, emitida luego de recibir, por parte del médico, la información clara, precisa y adecuada con respecto a su estado de salud; el procedimiento propuesto, los beneficios, los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; la especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios; las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.

A veces se cuestiona la práctica en sí, su necesidad, su pertinencia, si ella era imprescindible o conveniente; otras, la forma de acometer una práctica que en sí hubiera sido correcta o, al menos, no descartable de plano. Por último, otras veces, lo que se cuestiona es el tiempo en que la praxis se realizó, reputándola prematura o, en la mayor parte de los casos, tardía.

De tal modo, en estos casos deberá analizarse si la práctica fue correcta o, por el contrario, negligente y, además, si se le suministró al paciente la suficiente información previa al consentimiento. Si cualquiera de ambos supuestos muestra un déficit, la responsabilidad civil del sanatorio y del médico será la consecuencia jurídica.

No existen a este momento precedentes jurisprudenciales para este caso, puesto que este será uno de los primeros en juzgarse bajo las normas del nuevo Código Civil y Comercial, sancionado por Ley 26994 y que entrara en vigencia el 1 de agosto de 2015, el que dispensa a los médicos, profesionales y establecimientos privados de salud un tratamiento por demás benéfico.

Además de las acciones penales, el paciente o sus familiares (en caso de muerte o incapacidad de aquel) pueden abrir un juicio civil para obtener un resarcimiento económico.

En ese caso, de acuerdo a lo explicado por Merlo, deben probarse los “presupuestos de la responsabilidad civil”, que en este caso serían cuatro:

1) El daño (lesión, muerte).

2) El incumplimiento o antijuridicidad (cualquier acción u omisión que causa un daño a otro).

3) La relación causal (que las consecuencias dañosas tengan un nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño).

4) El factor de atribución de responsabilidad (que es subjetiva por el obrar culposo o doloso.)

Por último, quedaría analizar la eventual responsabilidad del establecimiento médico y/o la empresa de medicina prepaga.

Esto se define por el denominado “factor objetivo de atribución de responsabilidad”, lo que implica que probada la culpa del médico que provocó el daño, la empresa responde porque tiene una obligación tácita de seguridad hacia el paciente.

Eventualmente, según explica López Mesa en el mencionado diario chubutense, podría aplicarse la doctrina de los resultados desproporcionados. Esta fue creada por el Tribunal Supremo de España para revertir la dificultad de prueba de la relación de causalidad en cuestiones médicas, y un fallo argentino, al menos, lo ha seguido (Cámara de Apelaciones de Trelew, Sala B, 02/02/2010, (Expte. Nº 320 - año 2009) - “C., M. d. C. c/ T., G. s/Daños y Perjuicios”, en sist. Eureka, voto de la mayoría).

Esto implica que, cuando se produce un resultado desproporcionado en atención a la complejidad y riesgos que la práctica presentaba a priori, debe presumirse la existencia de culpa y relación causal adecuada entre la actuación del médico y el daño sufrido por la víctima, estando a cargo de este último desvirtuar dicha presunción.

Este tema será abordado muy pronto en la publicación Temas de Derecho Civil, Persona y Patrimonio de Erreius.

¿Qué se tiene en cuenta para determinar la existencia de mala praxis médica?