La compra de Telefónica Argentina por parte de Telecom, empresa controlada por el Grupo Clarín, genera interrogantes porque la empresa compradora podría pasar a controlar cerca del 70% del mercado de telecomunicaciones en Argentina, incluyendo servicios de telefonía móvil, internet y televisión por cable.

El gobierno nacional informó que evaluará detenidamente la operación porque considera que una concentración de este tipo podría afectar la libre competencia y perjudicar a los consumidores a través de un menor nivel de innovación, precios más altos y una menor calidad de servicio.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) analizarán el impacto de la compra.

La defensa de la competencia

La Ley 27.442 de Defensa de la Competencia apunta a proteger a los usuarios y/o consumidores y que los mercados actúen sin sacar ventajas o sean abusivos. Trata de evitar la posición dominante de empresas o grupos de ellas.

Es una disposición interrelacionada con las normas y complementos de la Ley 24.240 de defensa del consumidor y Ley 22.802 de lealtad comercial.

Estas normas forman un plexo normativo unificado y complementario, que además está reglamentada por el decreto 480/2018, y con la que se complementan otras resoluciones.

No protege a un consumidor individual frente a un proveedor particular. Protege, por el contrario, a todos los consumidores y los protege de manera indirecta, a través de la protección del mecanismo de mercado.

La defensa de la competencia tiene soporte en la Constitución Nacional en el artículo 42, que establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios.

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.

Las operaciones de concentración económica

La Ley 27.442 establece que, cuando dos o más empresas se fusionan, una empresa adquiere otra, una parte de la otra, o algún activo de la otra, se asocian o realizan cualquier operación que las une, y dicha operación supera determinados umbrales (por ejemplo, posición en el mercado relevante, facturación de todas las empresas afectadas en Argentina), hay una operación de concentración económica que debe ser notificada, para su análisis y eventual autorización, a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

La Dirección Nacional de Concentraciones Económicas (DNCE) realiza un análisis de dichas operaciones para evaluar si a través de estas, alguna empresa adquiere o refuerza un poder de mercado con potencialidad para afectar negativamente la competencia en los mercados y generar un perjuicio para el interés económico general.

Tras el análisis de la DNCE, la CNDC, que vela porque la unidad económica que se consolide con la operación notificada no adquiera o refuerce un poder de mercado con potencialidad para afectar negativamente la competencia en los mercados y generar un perjuicio para el interés económico general, emitirá un dictamen recomendando aprobar, condicionar, o bien, prohibir la operación de concentración económica.

Es determinante la evaluación de los efectos económicos de una operación de concentración económica puede resultar.

La posición dominante

Además, la norma prohíbe las prácticas anticompetitivas que tienen por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyen abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Es decir, si bien se permite la realización de este tipo de adquisiciones, estas no deben generar posiciones dominantes que afecten la competencia en perjuicio de los consumidores.

Según la norma, la posición dominante es aquella de la que goza/n una o varias empresas en un mercado determinado para imponer sus políticas anticompetitivas por sobre sus potenciales competidores y/o los usuarios y/o consumidores.

Por ejemplo, tiene la capacidad de fijar precios o restringir la oferta sin que sus competidores puedan contrarrestar su poder de mercado.

El caso de Telefónica

En caso de que se determine que la compra de Telefónica por parte de Telecom vulnera la normativa, existen diferentes medidas que podrían aplicarse.

Una de ellas es la imposición de condiciones específicas para la aprobación de la operación, como la obligación de Telecom de vender parte de sus activos a otros competidores para evitar una concentración excesiva del mercado.

Otra opción podría ser la prohibición total de la transacción, lo que obligaría a Telefónica a buscar otro comprador o a reestructurar su presencia en Argentina de manera diferente.

La ley también prevé sanciones para las empresas que realicen concentraciones sin la debida autorización o que incurran en prácticas anticompetitivas.

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