Luego de semanas de intensa actividad, con votaciones clave y polémicas en ambas cámaras, el Congreso de la Nación entró hoy en un receso invernal que se extenderá hasta el 1 de agosto.

Sin embargo, tras la pausa, la actividad parlamentaria se reactivará con una agenda marcada por proyectos sensibles y reclamos de la oposición que buscan llegar al recinto en la segunda semana de agosto.

Se espera para el momento de la reactivación, una sesión corta que podría incluir al menos tres temas: universidades, emergencia pediátrica y el veto a la Ley de Bahía Blanca. Quedará por ver si la oposición logra además avanzar con los proyectos más complejos, como los que tocan el equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Legislativo.

Qué proyectos se podrían tratar en el corto plazo

Dos temas se perfilan como prioritarios en la Cámara de Diputados una vez retomada la actividad: el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, conocida como “Ley Garrahan”. Ambos proyectos ya cuentan con dictamen favorable.

El reclamo por mayor presupuesto para las universidades nacionales se convirtió en un eje clave de las bancadas opositoras, en especial tras las marchas educativas realizadas meses atrás.

En paralelo, la ley que declara la emergencia pediátrica busca garantizar recursos para hospitales infantiles como el Garrahan, ante las advertencias sobre desfinanciamiento.

Otro de los temas que podría llegar al recinto es el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Bahía Blanca, aprobada por el Congreso en respuesta a las consecuencias del temporal que afectó a esa ciudad. El Senado ya se pronunció al respecto, y ahora será la Cámara baja la que deberá definir si ratifica o rechaza el veto del Poder Ejecutivo.

Entre los temas con dictamen que aún no tienen fecha de tratamiento figuran dos proyectos: la modificación de la Ley 26.122, que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), y la implementación del juicio por jurados. Ambos cuentan con respaldo parcial de distintos bloques, pero debido a su complejidad, su debate podría quedar postergado para más adelante.

Desde la oposición intentarán que la modificación de la Ley 26.122 debería concretarse antes de que cambie la actual conformación legislativa. En este punto, se busca impedir que un DNU sea convalidado con la ratificación de una de las cámaras.

Todo indica que recién habría sesión en Diputados en la segunda semana de agosto, luego del receso invernal. La primera semana estará marcada por la presentación del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien el 6 de agosto asistirá a la Cámara baja para brindar su informe de gestión, tal como lo establece el artículo 100 de la Constitución Nacional.

Durante su última sesión, el Senado avanzó con tres medias sanciones que Diputados había votado el 4 de junio. Además, rechazó el veto presidencial a la emergencia en Bahía Blanca.

Diputados también deberá ocuparse de dos iniciativas con fuerte apoyo de los gobernadores, ya aprobadas en el Senado: la reforma del reparto del impuesto a los combustibles y la redistribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ambas cuentan con respaldo de bloques provinciales y podrían tratarse en un marco de negociación entre el oficialismo y los mandatarios provinciales.

Otros dos proyectos sensibles ya aprobados por ambas cámaras aguardan definición por parte del Ejecutivo: el incremento del 7,2% a las jubilaciones mínimas y la declaración de la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026. Ambos fueron votados con amplias mayorías en el Congreso, lo que deja al Poder Ejecutivo ante una difícil decisión: vetarlos, con el riesgo de validar la sesión que los aprobó, o permitir su entrada en vigor.

Según lo establecido por la ley, el Gobierno cuenta con diez días hábiles para vetar o promulgar una norma una vez aprobada. Por eso, todavía no hay definición oficial, aunque en el Senado las leyes fueron votadas con los dos tercios necesarios para insistir en caso de veto. La Cámara baja, en cambio, presenta un escenario más ajustado, donde el oficialismo podría negociar con espacios aliados como el PRO, MID, UCR y bloques provinciales para frenar las iniciativas.

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