En los últimos años, distintas jurisdicciones del país comenzaron a regular el uso de celulares y dispositivos móviles dentro de las escuelas. Las normativas locales tienen por objeto delimitar el uso de tecnología móvil en el ámbito escolar, estableciendo un marco específico con criterios pedagógicos para excepciones, mecanismos institucionales de control y evaluaciones periódicas para el seguimiento de su aplicación.

Si bien cada región adoptó enfoques diferenciados, muchas regulaciones fijaron restricciones generales al uso de celulares por parte del alumnado durante el horario escolar, permitiendo su utilización solo en supuestos puntuales y con finalidad pedagógica justificada. En otros casos, las provincias optaron por promover su uso educativo o por delegar la regulación en cada institución escolar a través de acuerdos de convivencia.

Las iniciativas recientes también buscan generar consensos entre escuelas, docentes y familias, en un contexto en el que el debate educativo gira en torno al impacto de los teléfonos en la concentración en clase, el aprendizaje, la sociabilidad entre estudiantes y la salud mental.

¿Qué jurisdicciones regulan el uso de celulares en las aulas?

En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño endureció su política sobre el uso de celulares en las escuelas. Una resolución reciente amplió el alcance de la regulación aprobada en agosto de 2024 y declaró a las aulas de la ciudad “libres de celulares”.

La normativa ya prohibía el uso de teléfonos en nivel inicial y primario, tanto durante las clases como en los recreos. Con la actualización, la restricción se extendió también al nivel secundario durante las horas de clase. En ese nivel, los estudiantes podrán utilizar sus dispositivos únicamente durante los recreos, mientras que durante el momento de aprendizaje no está permitido tener el celular, una regla que también alcanza a los docentes.

Según explicaron autoridades educativas porteñas, la decisión se apoyó en estudios internacionales y en relevamientos realizados en escuelas de la ciudad, que evidenciaron dificultades de los estudiantes para concentrarse cuando tienen acceso permanente al teléfono móvil.

En la Provincia de Buenos Aires, regía hasta este año la Resolución 778/2016 que habilitaba el uso de este tipo de teléfonos y dispositivos móviles con fines didácticos. Aquella les permitía tanto a los alumnos como docentes pueden utilizar estos recursos siempre que estén integrados a la planificación institucional y bajo supervisión pedagógica.

Pero en septiembre de 2025, la Legislatura aprobó la Ley 15.534, que comenzó a regir hace una semana e instaura que los estudiantes deben mantener los celulares guardados y apagados, permitiéndose su uso solo si un enseñante lo requiere para fines pedagógicos.

En La Pampa, el Ministerio de Educación aprobó recientemente la Resolución 77, que introduce restricciones al uso de teléfonos inteligentes en las escuelas. La norma impide su utilización en los niveles inicial y primario, mientras que en el nivel secundario solo se permite de manera excepcional cuando la propuesta pedagógica lo requiera.

La resolución también señala que los docentes deben actuar como “modelo de referencia” para los estudiantes, por lo que las limitaciones en el uso de los dispositivos también alcanzan al personal educativo.

En Santa Fe, el Ministerio de Educación trabaja en el diseño de protocolos que establecerán lineamientos comunes para todo el sistema educativo. Mientras se terminan de definir las normas, el ciclo lectivo 2026 comenzó con recomendaciones para limitar el uso de 'smartphones' en el aula.

De acuerdo con lo anticipado por autoridades provinciales, el criterio previsto diferenciaría entre niveles: en primaria no se permitiría, mientras que en secundaria podría admitirse con fines pedagógicos dentro de proyectos educativos específicos.

En Misiones, la Ley VI-246 dejó sin efecto la prohibición vigente desde 2009 y promueve un uso racional y creativo de la tecnología en el aula, siempre vinculado al proyecto educativo institucional.

En Mendoza, la Ley 9611, reglamentada por el Decreto 494/2023 y modificada en 2025, adoptó un enfoque diferente. La normativa autoriza el uso de celulares en todos los niveles educativos, tanto en escuelas públicas como privadas, cuando forman parte de proyectos institucionales que los integren como herramientas de aprendizaje.

El gobierno provincial sostiene que el celular puede constituir una herramienta pedagógica valiosa si se utiliza de manera adecuada, por lo que la política educativa apunta a regular y promover su uso educativo antes que prohibirlo.

En Tucumán, la Ley 9.852 promueve que cada institución educativa defina sus propias reglas a partir de debates comunitarios. La norma no fija prohibiciones generales, pero exige que los establecimientos educativos establezcan pautas claras para evitar el uso indebido de dispositivos durante la jornada escolar.

En Neuquén, el uso de celulares en escuelas se encuentra regulado por la Ley Provincial 3.520, sancionada en julio de 2025.

La normativa deniega el uso de dispositivos móviles durante toda la jornada escolar en nivel inicial y primario, tanto en el aula como en los espacios comunes. En el nivel secundario, los teléfonos solo pueden utilizarse cuando el personal docente lo disponga dentro de una actividad educativa con justificación curricular o didáctica.

La ley también contempla excepciones para estudiantes con discapacidad o condiciones de salud que requieran el uso de dispositivos como herramienta de apoyo para el aprendizaje, la comunicación o la asistencia médica.

En Salta, la regulación está establecida en la Ley 8.474, sancionada en 2024 y reglamentada por la Resolución 631/25 del Ministerio de Educación provincial.

La normativa restringe el uso de dispositivos digitales durante el horario escolar, salvo autorización expresa del docente o de la autoridad institucional. El esquema distingue por nivel educativo:

Nivel inicial: el uso de celulares está prohibido.
Nivel primario: se recomienda permitir su utilización únicamente a partir de sexto grado, con fines pedagógicos y con autorización escrita de la familia.
Nivel secundario: el uso se habilita exclusivamente cuando forme parte de una planificación institucional aprobada.

La reglamentación también no permite grabar, fotografiar o difundir imágenes sin consentimiento y establece que la responsabilidad por el cuidado del dispositivo recae en el estudiante.

Proyectos en debate y regulaciones escolares

En otras provincias, el debate continúa en el ámbito legislativo o en las propias escuelas. En Chaco, por ejemplo, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para restringir el uso de celulares en los primeros años de primaria y permitirlo de manera limitada en etapas posteriores cuando el docente lo considere necesario.

Asimismo, en distintas legislaturas provinciales se discuten proyectos para instaurar regulaciones más estrictas, mientras que muchas escuelas ya implementaron acuerdos institucionales de convivencia que limitan el uso de teléfonos en el aula.

De este modo, aunque las políticas públicas adoptan enfoques diferentes -desde la prohibición hasta la integración pedagógica-, el uso de celulares en el ámbito escolar se consolidó como uno de los debates educativos más extendidos en el sistema educativo argentino.

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