Las normativas locales tienen por objeto delimitar el uso de tecnología móvil en el ámbito escolar, estableciendo un marco legal específico, con criterios pedagógicos para excepciones, mecanismos institucionales de control y evaluaciones periódicas para el seguimiento de su aplicación.

Si bien cada jurisdicción adoptó enfoques diferenciados, en general las leyes establecen una prohibición general del uso de celulares por parte del alumnado, cuya utilización solo se admite en los supuestos taxativamente previstos en la normativa, bajo autorización expresa y con finalidad educativa justificada.

Los marcos normativos excluyen expresamente el uso libre, recreativo o personal de estos dispositivos durante el horario escolar. Asimismo, no contemplan sanciones automáticas y se delega en los equipos directivos y las autoridades educativas provinciales la elaboración de criterios, protocolos y mecanismos de cumplimiento y evaluación.

¿Qué jurisdicciones regulan el uso de celulares en las aulas?

En la Provincia de Buenos Aires, la Resolución N° 778/2016 habilita el uso de celulares y dispositivos móviles con fines didácticos. La medida establece que tanto alumnos como docentes pueden utilizar estos recursos siempre que estén integrados a la planificación institucional y bajo supervisión.

La Pampa, mediante resolución del Ministerio de Educación 1467/2017, autoriza el uso de celulares en todos los niveles cuando se enmarcan en la enseñanza digital.

En la misma línea, Misiones levantó la prohibición previa de 2009 al sancionar la Ley VI-246, que fomenta un uso racional y creativo de la tecnología en clase, siempre vinculado al proyecto educativo institucional.

En Mendoza, la ley 9611, reglamentada por el Decreto 494/2023, establece que tanto el personal como los estudiantes pueden usar celulares en cualquier nivel y modalidad, públicos o privados, como parte de proyectos institucionales que los integren como herramientas de aprendizaje.

En Tucumán, la ley 9.852 promueve que cada institución defina sus propias reglas, a partir de un debate comunitario y orientado al uso reflexivo y constructivo de las tecnologías. Aunque no impone prohibiciones, sí exige pautas claras para evitar abusos.

En la Ciudad de Buenos Aires, una resolución de 2024 impone criterios estrictos: en Nivel Inicial y Primario, los celulares deben permanecer guardados durante toda la jornada, incluso en recreos. En Secundario, solo pueden usarse con fines pedagógicos puntuales, previamente autorizados. Además, se prohíbe expresamente la comunicación entre docentes y alumnos por WhatsApp y el registro de imágenes sin permiso.

En Chaco, un proyecto de ley actualmente en tratamiento busca limitar el uso de celulares a situaciones pedagógicas justificadas, siempre con autorización de las familias y explicitación en el diseño curricular.

En tanto, en Córdoba, el Ministerio de Educación provincial difundió una guía que no impone una prohibición ni una habilitación generalizada, sino que ofrece orientaciones pedagógicas y de convivencia para que cada institución educativa, en conjunto con familias y estudiantes, defina sus propios acuerdos sobre el uso de celulares en la escuela. El material, elaborado por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional junto a la Dirección de Tecnología Educativa, incluye lineamientos sobre los beneficios educativos del uso de celulares, los riesgos del uso desmedido, y estrategias para incluirlos dentro de las normas escolares de convivencia.

En la provincia de Neuquén, el uso de celulares en establecimientos escolares se encuentra regulado por la Ley Provincial 3.520, sancionada el 3 de julio de 2025 por la Legislatura provincial y promulgada el 11 de julio de 2025. Su entrada en vigor se produjo el lunes 21 de julio de 2025, con la reanudación del ciclo lectivo tras el receso invernal.

En los niveles inicial y primario, la utilización de dispositivos móviles queda prohibida durante toda la jornada escolar, tanto en el aula como en los espacios comunes del establecimiento. Se admiten excepciones puntuales, en el nivel primario, debidamente autorizadas por la dirección de la institución.

También se contempla la excepción para estudiantes con discapacidad o condiciones de salud debidamente acreditadas, que requieran el uso de dispositivos como herramienta de apoyo para el aprendizaje, la comunicación o la asistencia médica.

En el nivel secundario, el uso de celulares se permite únicamente cuando sea dispuesto por el docente a cargo, en el marco de una actividad educativa con justificación curricular o didáctica formal.

En la provincia de Salta, la regulación del uso de celulares en escuelas está establecida en la ley 8.474, sancionada en 2024 y promulgada por Decreto 880/24. Su entrada en vigor fue prevista para el lunes 28 de julio de 2025.

El artículo 2 de la ley prohíbe el uso de dispositivos digitales por parte del alumnado durante el horario escolar, salvo autorización expresa del docente responsable o de la autoridad institucional, conforme a los casos habilitados en la reglamentación.

Mediante la Resolución 631/25 del Ministerio de Educación provincial se reglamentó el uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas, estableciendo criterios diferenciados por nivel educativo:

• Nivel inicial: el uso de celulares está prohibido. En caso de que un niño o niña asista con un dispositivo, el mismo será resguardado por el docente responsable y devuelto al finalizar la jornada.
• Nivel primario: se recomienda permitir el uso del dispositivo únicamente a partir de 6° grado, con fines pedagógicos, previa autorización escrita de la familia, dentro de una planificación avalada por la conducción institucional y encuadrada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
• Nivel secundario: se habilita su uso exclusivamente cuando forme parte de una planificación institucional aprobada. Está expresamente prohibido el uso durante recreos, ingresos, egresos, actos escolares y en espacios no pedagógicos como sanitarios.

El protocolo establece la prohibición de grabar, fotografiar o difundir imágenes, audios o videos sin el consentimiento de los involucrados y sin autorización del equipo directivo.

Se reconoce al estudiante como responsable del uso, guarda y cuidado del dispositivo, eximiendo a la institución educativa ante eventuales pérdidas, daños o sustracciones.

Asimismo, se prohíbe la creación de grupos de mensajería con fines institucionales (ej. WhatsApp) entre directivos, docentes, familias o estudiantes. Cada institución deberá establecer y comunicar sus canales oficiales de comunicación escolar.

Finalmente, se contempla la posibilidad de establecer excepciones pedagógicas individualizadas, en función de necesidades educativas específicas, bajo aprobación institucional.

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