La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió el 12 de junio de 2025 la Opinión Consultiva 31/2025, solicitada por la República Argentina en el año 2023, en la que se aborda el contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos.

Para su análisis, el Tribunal reformuló las preguntas planteadas por Argentina en tres cuestiones generales. Esta opinión consultiva es la primera vez que la Corte se expide sobre este tema, estableciendo un importante precedente para la región.

En el documento emitido, la Corte definió el cuidado como una necesidad básica, ineludible y universal, de la cual depende la existencia de la vida humana y el funcionamiento de la sociedad, en tanto permite asegurar condiciones de atención mínimas para una existencia digna, especialmente respecto de personas en situación de vulnerabilidad, dependencia o limitación.

En definitiva, señaló la Corte, todas las personas requieren de acciones individuales para garantizar su bienestar y, en diversas etapas de su vida, dependen del apoyo de otras para subsistir, vivir con dignidad y desarrollar autónomamente su proyecto de vida.

Por ello, el cuidado cumple una función individual y social fundamental: al procurar el bienestar frente a los límites impuestos por la existencia, la edad, la enfermedad o las condiciones físicas o mentales, se constituye en una condición necesaria para la realización de las actividades humanas y por lo tanto para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

Además, afirmó que corresponde a los Estados respetar y garantizar ese derecho, así como adoptar medidas legislativas y de otro carácter para lograr su plena eficacia.

A continuación, detallamos los puntos clave de este pronunciamiento, que reconoce el cuidado como un derecho humano autónomo.

¿Cómo entiende la Corte el derecho al cuidado?

El Tribunal desglosó el derecho al cuidado en tres dimensiones: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado.

-Derecho a cuidar: consiste en el derecho de brindar cuidados en condiciones dignas, tanto de manera no remunerada como remunerada. Este derecho implica que las personas cuidadoras, -tanto en el ámbito familiar, como fuera de él- puedan ejercer su labor sin discriminación, y con pleno respeto a sus derechos humanos, garantizando su bienestar físico, mental, emocional, espiritual y cultural. Los Estados deben adoptar medidas progresivas para avanzar en la conciliación de la vida laboral con las responsabilidades familiares, la educación y la
existencia de medios adecuados para llevar a cabo las labores de cuidado de manera segura y digna.

-Derecho a ser cuidado: implica que todas las personas que tienen algún grado de dependencia tienen el derecho de recibir atenciones de calidad, suficientes y adecuadas para vivir con dignidad. Estas atenciones deben garantizar el bienestar físico, espiritual, mental y cultural. El alcance y las características del cuidado deben ajustarse a la etapa vital de la persona, a su grado de dependencia y a sus necesidades particulares.

-Derecho al autocuidado: implica el derecho de quienes cuidan y de quienes son cuidados de procurar su propio bienestar y atender sus necesidades físicas, mentales, emocionales, espirituales y culturales. Esta dimensión reconoce la importancia de que las personas dispongan de tiempo, espacios y recursos para cuidar de sí mismas. Los Estados deben garantizar progresivamente que los sistemas educativos contribuyan a la transformación de los estereotipos de género, promuevan la autonomía y la independencia de las personas, y les proporcionen herramientas para que puedan procurarse su propio bienestar integral.

La relación entre el derecho al cuidado y los derechos al trabajo

La Corte sostuvo que las labores de cuidado son un trabajo, en tanto actividades libremente elegidas de prestación de servicios a terceros, que tienen un valor económico y social.

Asimismo, afirmó que las labores de cuidado remunerado son aquellas que se realizan a cambio de una contraprestación económica, y son las actividades que se desarrollan en guarderías, escuelas, centros médicos, centros de cuidado de personas ancianas, o al interior de los hogares, tanto de manera profesionalizada como no profesionalizada.

En este sentido, y considerando su invisibilización histórica, la Corte estimó que los Estados deben implementar medidas especiales para garantizar el pleno ejercicio de su derecho al trabajo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, incluyendo, promover la forma escrita de los contratos de trabajo, flexibilizar los criterios de acceso a la seguridad social, prevenir y atender riesgos asociados al trabajo, fiscalizar los lugares de trabajo, prevenir y sancionar el abuso, el acoso, la violencia, la trata de personas y la servidumbre.

Por otra parte, señaló que las labores de cuidado no remuneradas son aquellas que se realizan sin una contraprestación económica, generalmente en el interior de los hogares. En relación con este tipo de trabajo de cuidado, el Tribunal consideró que los Estados deben adoptar medidas para eliminar la discriminación en relación con las personas que realizan labores de cuidado no remunerado. Igualmente, que deben asegurar progresivamente garantías mínimas derivadas del derecho al trabajo, incluyendo la limitación del tiempo de trabajo diario, periodos mínimos de descanso, y acceso a un sistema de seguridad social que las proteja frente a las contingencias de enfermedad y a la vejez.

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¿Qué es el Derecho Humano al Cuidado?