La jurista Aída Kemelmajer de Carlucci, integrante de la comisión encargada de redactar el proyecto que sirvió de base para el Código Civil y Comercial, opinó sobre algunos aspectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre desregulación económica, del presidente Javier Milei.

En declaraciones radiales, la exjueza de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, opinó sobre los cambios realizados en el mencionado cuerpo normativo, en lo concerniente al ejercicio de la autonomía de la voluntad y comparó el alcance que se le da este principio. La reconocida jurista remarcó que el DNU busca eliminar la intervención de los jueces en las contrataciones.

Acuerdos, normassupletorias y orden público

“Cuando yo firmo un contrato, obviamente, lo primero que tengo que mirar es qué he celebrado” y agregó que “ aunque no esté firmado ni escrito, puedo celebrar un contrato con cualquier persona” y puso de ejemplo a los depósitos, que no siempre están plasmados en el papel.

“Estamos hablando de los acuerdos jurídicos que la gente puede celebrar. Normalmente, lo primero que vale es lo que hemos acordado. Entonces, eso se llama autonomía de la voluntad”, explicó.

“Después, si nosotros no hemos concertado algunos aspectos, viene la ley, para, a través de normas denominadas supletorias, suplir lo que no dijimos” y añadió que “puede ser que la ley no solamente venga a completar lo que no hemos concertado, sino que nos diga que no se puede hacer de manera diferente. Esas son lo que se llaman de orden público”.

La autonomía de lavoluntad, las locaciones y las deudas en dólares

El DNU derogó la Ley de Alquileres 27.551, cuyo capítulo está inserto dentro del Código Civil y Comercial, y le otorgó preminencia al principio de libertad contractual y obliga a que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada.

“Respecto de las deudas en moneda extranjera del Código Civil y Comercial, el DNU vuelve al proyecto original, y en el régimen de locación, en algunos puntos, era como se había estipulado en el proyecto y que lo cambiaron en el Poder Ejecutivo”, explicó.

“En el caso de las locaciones de vivienda, normalmente se entendió que el plazo mínimo era de dos años y no se puede uno menor. La ley me impone un plazo, aunque no haya querido”, ejemplificó Kemelmajer de Carlucci.

En ese punto diferenció, durante la entrevista radial, entre “las normas que uno fijó, otras que si no se estipulan, la ley viene a suplir y otras que la ley dice que no se puede modificar”.

“Ese esquema mínimo era así en Código de Vélez Sarsfield y lo es en el Código Civil y Comercial”,remarcó y destacó que “la diferencia es que en el CCCN cuando habla de esas ‘normas que no se pueden hacer diferentes’, dice que el juez, cuando se encuentra con ellas, aunque la parte no le haya dicho nada, debe señalar que son de orden público y no se puede ejecutar tal como las partes lo pactaron”, y citó como ejemplo a los acuerdos que contienen una tasa usuraria. Es decir, se elimina la posibilidad de los magistrados de intervenir en los contratos.

Y aclaró que el DNU “no elimina el orden público, sino habla de él, pero elimina la facultad judicial de entrar en el contrato, aunque la parte no le haya pedido por ser de orden público y la expresión ‘moral y buenas costumbres’”.

“El Código Civil y Comercial no vulnera la norma de la autonomía de la voluntad, sino que acomoda la norma del viejo Código Civil de Vélez y le permite al juez entrar en los contratos. En los casos de acuerdos de empresas de igual porte, los magistrados no revisan porque las partes tuvieron posibilidades de negociar. El problema escuando esas facultades de negociación no existen”, concluyó.

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El DNU y el sistemageneral de los contratos

En ese contexto, la jurista sostuvo que “lo que se quiere cambiar con el DNU es difícil que se pueda hacer por lo siguiente: un código no es un solo artículo, sino que es un sistema”. Y añadió que “el problema de la modificación no es solo colocar a ese acuerdo por sobre las normas sino también en las facultades que tienen los jueces”.

“El Código Civil y Comercial, siguiendo una jurisprudencia, señala que cuando, el contrato es contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres, el juez, aunque no se lo pidan, podría modificar ese contrato”, reiteró.

Y agregó que hay un tercer bloque de modificaciones, que se suman a las locaciones y a las deudas en moneda extranjera, “sobre la teoría general de contratos”, pero subrayó que esta “no se encuentra en un solo artículo, sino dentro de un sistema” y remarcó que lo que el DNU quiere evitar que el juez intervenga en la contratación.

Por ejemplo, en cuanto a los contratos que afectan a la población en general, dijo que se trata de un régimen que “está regulado en el Código Civil y Comercial, y en la Ley de Defensa del Consumidor, que no se ha tocado y que continúa con ese esquema”, explicó.

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