La sala A de la Cámara Nacional Comercial, en los autos 'Corporación Capsula SA c/ Gómez Salaverri, Francisco Nicolás s/convocatoria a asamblea' confirmó el decreto que había rechazado el pedido judicial de convocatoria a asamblea solicitado por la sociedad actora, en el marco de un conflicto intrasocietario, al destacarse que –conforme los requisitos exigidos por el artículo 236 de la Ley de Sociedades- el ente no podía detentar la calidad de accionista, de manera tal que no se estaría cumpliendo con el primer presupuesto normativo, esto es, acreditar la calidad de accionista titular de -por lo menos- el 5% del capital social.

Asimismo se señaló que no obstaba a tal conclusión el hecho que el Presidente del Directorio, actuando como accionista y por “derecho propio”, hubiera adherido a la demanda, en la medida que no podía soslayarse que el órgano que integraba era unipersonal, es decir, estaba solo conformado por él.

Legitimación para solicitar judicialmente una convocatoria a asamblea

Entre sus considerandos la Cámara resolvió que 'no resulta legitimada la sociedad para peticionar judicialmente una convocatoria a asamblea, en la medida que tal herramienta está establecida a fin de que, ante la negativa del Directorio a convocar a Asamblea, los socios (que son quienes realmente están legitimados) que representen al menos el 5% de la participación, puedan requerir a la autoridad judicial su convocatoria. Pero no cuando es el propio Presidente del Directorio quién inicia el proceso, dirigiendo la acción contra uno de los socios y alegando que el auxilio judicial lo requiere a fin de evitar eventuales planteos de nulidad, así como para resguardar la seguridad jurídica e integridad institucional del ente'.

Análisis del artículo 236 LGS

El Tribunal señaló que 'conforme lo previsto por el art. 236 de la Ley General de Sociedades, quien solicita la convocatoria judicial de una asamblea debe cumplir con los siguientes recaudos, a saber: a) acreditar su calidad de accionista titular de -por lo menos- el 5% del capital social; b) demostrar que agotó la vía interna requiriendo infructuosamente tal convocatoria a los órganos sociales allí mencionados y; c) enunciar los puntos que habrán de integrar el orden del día a ser tratado. De los requisitos mencionados, puede deducirse que la norma habilitante no ha sido diseñada para que la sociedad se reclame a sí misma la celebración del acto colectivo'.

Legitimación para solicitar judicialmente una convocatoria a asamblea

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