La sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó una sentencia que le ordenó a la empresa de medicina prepaga OSDE abstenerse de aplicar aumentos de cuota, readecuarla y restituir las sumas abonadas en exceso a una mujer que había sufrido un incremento por haber cumplido 36 años.

En el caso “R., N. D. c/Osde s/sumarísimo”, la actora demandó a la empresa porque tras cumplir la edad de 36 años le aumentaron la cuota mensual de su plan de salud. Exigió cautelarmente que se prohíba a la empresa aplicarle aumentos, se retrotraigan los valores al plan que tenía contratado y se reintegren los montos indebidos con sus respectivos intereses.

La mujer explicó que contaba con la cobertura de OSDE Plan Joven y que al alcanzar la edad de 36 años, de forma inmediata, sufrió un aumento indebido de la cuota mensual, por lo que rechazó el aumento realizado por OSDE y solicitó una medida cautelar.

La defensa de la empresa de medicina prepaga

En su defensa, OSDE planteó la inconstitucionalidad del art. 17 del Decreto Reglamentario 1993/2011. Aclaró que la actora se obligó a pagar la cuota del plan 210, y que luego optó por elegir una opción más cara, es decir, un plan 410, “en los términos debidamente informados y que se encontraban detallados en el formulario que suscribió de puño y letra”.

Es decir, que fue de su pleno conocimiento que la cuota alcanzaría un incremento al cumplir los 36 años de edad.

Sostuvo que solo ejecutó la cláusula inserta en el formulario de solicitud de afiliación, que se encontraba aprobado por la Superintendencia de Servicios de Salud.

Resaltó que el art. 17 de la ley 26.682 autoriza a las empresas de medicina prepaga a efectuar hasta tres modificaciones en el precio de la cuota según franjas etarias, y que el Poder Ejecutivo Nacional, abusando de sus facultades reglamentarias, modificó los alcances de aquella normativa a través de las disposiciones contenidas en el art. 17 del Decreto Reglamentario 1993/2011.

Solicitó que se declare la inconstitucionalidad del mencionado decreto por vulnerar los artículos 14, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución Nacional.

Vulnerabilidad y contratos de adhesión

El magistrado de primera instancia hizo lugar a la demanda.

OSDE se agravió y objetó la “vulnerabilidad” que se le atribuyó a la actora en carácter de consumidora reprochando la aplicación de la LDC, cuestionó que se considere abusiva la cláusula contractual que habilitaba el cambio, y se agravia también porque no se le dio tratamiento a la declaración de inconstitucionalidad peticionada, así como la interpretación retroactiva de ese decreto que realiza el juez.

Los camaristas Alejandra Tevez, Rafael Barreiro y Ernesto Lucchelli rechazaron el planteo de la demandada por entender que “nos encontramos inmersos en una típica relación de consumo” por lo que la LDC resultaba aplicable “ante la vulnerabilidad del consumidor”, que “alcanza también a los derechos económicos”.

“No cabe duda que se trata de un contrato de adhesión en el cual el suscribiente se limita únicamente a incorporar sus datos, sin poder establecer o modificar de modo alguno las implicancias del cuerpo normativo de derechos que procederá a unir a las partes”, agregaron.

Estos contratos están celebrados mediante un formulario que no otorga al adherente la posibilidad real de modificar sus términos y que su característica es la ausencia de negociación.

Cláusula no escrita

Luego analizaron la cláusula que habilitaba el cambio de precio y que se tuvo por no escrita en primera instancia por ser abusiva en los términos de las leyes protectorias del consumidor.

En ese punto, indicaron que “la cláusula cuestionada no brinda claridad sobre los términos contractuales que pretende ejecutar la demandada”, quien “ha tratado la modificación pecuniaria como un cambio de categoría y no como un incremento en el plan”.

Por otro lado, remarcaron que la demandada aducía que el precio inicial era promocional para personas jóvenes, pero enfatizaron que ello no surgía del texto del contrato, por lo que la información brindada al consumidor no resulta clara, cierta y detallada sobre las características esenciales del servicio.

Luego destacaron que “las EMP no se encuentran autorizadas a aplicar incrementos en el valor de la cuota durante la vigencia del contrato por causa del cambio de franja etaria para aquellas afiliaciones anteriores a la entrada en vigencia del Decreto Nº 66/2019, y en el caso de afiliaciones posteriores sólo podrán aplicar tales incrementos si los mismos han sido expresamente previstos en el contrato de afiliación y en tanto no se supere el tope de tres veces respecto de la variación del valor de la cuota...”.

De esta manera, confirmaron la sentencia de primera instancia.

¿Puede la prepaga aplicar aumentos por edad?