Por: Emiliano Méndez Ortiz y Mariano T. Rivas

I - Introducción

El avance tecnológico ha transformado nuestras vidas y la forma en que interactuamos. Prácticamente todos los aspectos de nuestra existencia se desarrollan alrededor de aparatos electrónicos, por lo que las investigaciones penales, en la medida en que procuran reconstruir los hechos, no son ajenas a esta nueva realidad.

En la actualidad, resulta indiscutible que los dispositivos electrónicos contienen información relevante para numerosas investigaciones criminales, desde registros de comunicaciones, datos bancarios, billeteras virtuales, historiales de navegación, registros de ubicación, documentos, imágenes y videos que pueden constituir evidencia clave en un proceso penal.

Esta realidad cobra especial relevancia en el marco de las investigaciones complejas, como lo son aquellas vinculadas con la criminalidad organizada, el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y el lavado de activos, donde cada vez más los criminales se valen de la más avanzada tecnología para instrumentar y dirigir verdaderas organizaciones delictivas.

Sin embargo, lo cierto es que la información que se almacena en estos dispositivos es generalmente más amplia que aquella que se observa estrictamente necesaria para la investigación penal y para el objeto procesal que constituye materia de pesquisa, toda vez que los dispositivos electrónicos modernos contienen una enorme cantidad de información privada de un individuo (conversaciones con familiares y amigos, registros de visitas a sitios web, correos electrónicos, fotos personales, etc.).

Este escenario ha profundizado una tensión ya conocida en el derecho procesal penal, por lo que, una vez más, el desafío consiste en hallar un equilibrio entre la facultad del Estado de investigar y sancionar hechos penalmente relevantes, y el deber de respetar las garantías individuales del imputado, como el derecho a la intimidad, el debido proceso y la inviolabilidad de la correspondencia o del domicilio.

Esta dicotomía adquiere nuevas dimensiones en el contexto de la evidencia digital. La masividad de los datos almacenados en dispositivos electrónicos y la sensibilidad de la información que contienen resignifican el conflicto: ya no se trata solamente de interceptar una comunicación puntual o registrar un domicilio, sino de acceder potencialmente a una copia forense que refleja prácticamente toda la vida privada de una persona.

De allí que, en el presente artículo, a través del examen de dos precedentes recientes de la Cámara Criminal y Correccional Federal, se exhibirán los argumentos planteados por los representantes de la acusación para acceder al contenido de los dispositivos, así como también aquellos formulados por los jueces de primera instancia para limitar o restringir el análisis de los datos, y se expondrá la postura que adoptaron ambas Salas de la Cámara frente a esta problemática.

Luego de ello, se desarrollará el tema poniendo el foco en las críticas y en los obstáculos que representan tanto las limitaciones ex ante como las restricciones ex post -cuando son impuestas en forma rígida y desvinculadas del contexto particular de la investigación- para el cumplimiento eficaz de las funciones que la Constitución y las leyes asignan al Ministerio Público Fiscal, para finalmente delinear algunas conclusiones y palabras finales a modo de síntesis.

II - La jurisprudencia de la Cámara Criminal y Correccional Federal

A partir de los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal, la Cámara Criminal y Correccional Federal debió resolver el siguiente interrogante: ¿puede el fiscal acceder de manera irrestricta al contenido de dispositivos electrónicos secuestrados en una causa penal, o ese acceso debe condicionarse por el derecho a la intimidad de los acusados?

En ambos casos, el conflicto fue idéntico: la solicitud formulada por el fiscal, en el marco de una investigación compleja, para acceder a la totalidad de la información digital existente en dispositivos electrónicos secuestrados en distintos allanamientos (teléfonos móviles, PC, notebook, discos de almacenamiento y pen drives), cuyo contenido había sido extraído mediante un copiado forense que garantiza su autenticidad e inalterabilidad, y el rechazo de tal solicitud por parte de los jueces de grado por considerar que implicaría una intromisión excesiva a la intimidad de la persona.

Por un lado, la primera posición, a la que denominaremos restrictiva -asumida en estos casos por los jueces de primera instancia-, postulaba que el acceso por parte del fiscal a la totalidad de la información contenida en los dispositivos podría vulnerar derechos fundamentales, especialmente el derecho a la intimidad garantizado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, por lo que el acceso debía ser limitado y sujeto a controles estrictos para evitar una exploración libre e indiscriminada de datos personales que no guardaran relación con el caso investigado.

Del otro lado, la posición susceptible de ser individualizada como amplia -en la que se enrolaron los fiscales- sostenía que el Ministerio Público Fiscal, como responsable de la recolección de pruebas para sustentar la acusación, debía contar con acceso completo a la información digital obtenida en una investigación penal, pues limitar el acceso mediante criterios restrictivos podía generar la exclusión de elementos clave para la construcción de una hipótesis acusatoria efectiva, impidiendo cumplir acabadamente las misiones y funciones que la Carta Magna y la ley le asignan (art. 120, CN, art. 5, L. 27148, arts. 5, 198 y 199, CPPN, y arts. 151 y 152, CPPF).

La importancia de estos fallos radica no solo en la materia debatida, sino también en que intervinieron ambas Salas de la Cámara, adoptando posturas coincidentes y robustas que confirmaron un criterio uniforme en torno al alcance de las facultades del Ministerio Público en este tipo de medidas de prueba.

En efecto, tanto la Sala I como la Sala II revocaron las decisiones adoptadas en primera instancia, y en base a una interpretación armónica de la Constitución Nacional y del Código Procesal Penal de la Nación, reconocieron que el fiscal -como titular de la acción penal- debe contar con acceso pleno a la evidencia digital cuando esta ha sido obtenida de forma lícita y preservada bajo condiciones de autenticidad, sin perjuicio de los controles que deben asegurarse para resguardar la intimidad de los involucrados.

Además:

1. Caso 'Fiscal Gerardo Pollicita s/medida de prueba'

2. Caso 'Stornelli, Carlos s/apelación' (CFP 3286/23/4/CA3)

III - Desarrollo del tema

IV - Conclusión

Este artículo forma parte de la publicación 'Temas de Derecho Penal y Procesal Penal', exclusivo para suscriptores de Erreius

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