El pasado jueves 22 de agosto la Cámara de Senadores sancionó, por 61 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, la ley que establece una recomposición del 8,1% para este año en los haberes jubilatorios.

La iniciativa contempla el índice de inflación como referencia y un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE) en marzo de cada año. El texto fija una recomposición retroactiva del 8,1% a los haberes jubilatorios para compensar la inflación del 20,6% del mes de enero. Además, se dispone que el haber mínimo no podrá ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto que publica mensualmente el INDEC.

El proyecto había sido aprobado por la Cámara de Diputados en el mes de junio por dos tercios de los presentes. Con igual mayoría de votos fue aprobado el proyecto en la Cámara Alta.

El presidente había anticipado que vetará el proyecto. Si esto ocurre, el mismo puede volver a ser tratado por ambas Cámaras, y en caso de alcanzar las mismas mayorías, ser promulgado directamente.

Finalmente, Manuel Adorni, confirmó hoy que el presidente vetará totalmente la nueva ley de movilidad jubilatoria que aprobó el Congreso y afirmó que no hay ninguna negociación en curso para un “veto parcial” a la ley.

Etapa de eficacia para que un proyecto se convierta en ley

Para que el proyecto se convierta en “ley”, debe configurarse la etapa de eficacia, que se da con la promulgación y publicación de la norma que efectúa el Poder Ejecutivo. Ello, de acuerdo al art. 99 inc. 3 de la Constitución Nacional (CN) -primer párrafo y del art. 78 del mismo cuerpo legal. Entonces el Poder Ejecutivo, una vez sancionado un proyecto de ley –en este caso la nueva ley de movilidad jubilatoria- deberá decidir si es promulgado o vetado.

Una vez sancionado por las Cámaras, el Poder Ejecutivo promulga (aprueba) y publica, u observa (veta) el proyecto, total o parcialmente. Se reputa que lo aprueba, si no lo devuelve al Congreso en el término de diez días útiles (hábiles).-

El Poder Ejecutivo puede promulgarlo expresamente, o dejar transcurrir el plazo de diez días útiles para que se opere la promulgación tácita. Cualquiera de los casos da eficacia al proyecto y lo convierten en ley.

Veto total de ley

El Poder Ejecutivo tiene la facultad de promulgar o vetar las leyes en forma parcial o total. Como lo indicamos más arriba, Manuel Adorni, confirmó hoy que el presidente vetará totalmente la nueva ley de movilidad jubilatoria.

Recordamos que el artículo 83 de la Constitución Nacional reza;

Art. 83.- Desechado en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen: ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Es decir, un proyecto observado por el Poder Ejecutivo, retorna con sus objeciones a la Cámara de Origen y luego a la Cámara Revisora. Ambas vuelven a debatirlo, y si con 2/3 de votos confirman la sanción originaria, el proyecto es ley y el Poder Ejecutivo debe promulgarlo como tal.

Las votaciones deben ser nominales, por si o por no, y tanto los nombres como los fundamentos de los sufragantes, y las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

En el caso del proyecto de movilidad jubilatoria, volvería a Diputados y sería girado a las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y Presupuesto y Hacienda para tratar de lograr un dictámen de mayoría. No se podrán incorporar modificaciones.

Con el dictamen de mayoría, recién estarían habilitados para debatirlo y deberá ser aprobado con al menos 2/3 de los votos de los presentes. Luego el trámite pasa a la Cámara revisora que en este caso particular será el Senado y también deberá conseguir 2/3 de los votos de los presentes.
De esta forma el Ejecutivo deberá promulgar la ley. Si el Congreso no consiguiera los 2/3 para insistir con la ley, se mantiene el veto y no se podrá insistir por al menos un año.

Veto parcial

Para el caso de que el Presidente vete parcialmente la ley de movilidad jubilatoria nos encontramos en este escenario.

En el caso de veto parcial será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia y tendría que pasar por la Bicameral de Trámite Legislativo para el control de constitucionalidad y luego pasaría al recinto.

Los proyectos observados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante, a menos que esta última tenga autonomía normativa y su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.

En caso de un veto parcial, la ley jubilatoria deberá volver a ambas Cámaras pero solo con sus artículos vetados y el parlamento tendría la potestad de insistir con dichos artículos descartados por el presidente. Solo se aprobarían con los 2/3 de cada cámara.

También podemos destacar que la Constitución Nacional en su art. 80 CN autoriza con ciertas limitaciones la promulgación parcial de la parte no vetada, siempre que esa parte que se pretende promulgar tenga autonomía normativa y su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.

La doctrina ha interpretado que cuando hay veto y promulgación parcial, la parte observada no debe devolverse al Congreso, ya que el proyecto está en vigor (en parte) y de acuerdo a lo establecido por el art. 80 CN, debería aplicarse el mecanismo previsto por la Constitución al reglamentar el uso de los decretos de necesidad y urgencia.

Se establece un control parlamentario posterior a esa promulgación, cuando determina en la última parte del art. 80 CN, el reenvío al procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia, con lo cual rigen también para el tratamiento de la cuestión, las estipulaciones del art. 99 inc.3 y del art. 100 inc. 13 de la Constitución Nacional y la Ley 26.122 de Trámite Legislativo de los decretos de necesidad y urgencia, facultades delegadas y promulgación parcial.

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