La diputada nacional Marcela Pagano (La Libertad Avanza) presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone eliminar la obligatoriedad de matricularse en colegios profesionales y pagar cuotas o tasas para poder ejercer una profesión, y reemplazar ese sistema por un Registro Nacional gratuito, accesible a todos los profesionales del país.

El texto del proyecto /1677-D-2025) no busca eliminar a los colegios o asociaciones, pero redefine su rol porque dejarán de ser instituciones obligatorias para convertirse en espacios voluntarios de participación profesional, sin potestad para impedir el ejercicio de quienes no deseen afiliarse o pagar.

Punto por punto: cómo se habilitarán las actividades profesionales

En su artículo 1 explica que el objetivo es que tiene como objetivo desregular la actividad profesional, eliminar toda obligación de pago de tasas regulatorias, cuotas colegiales o contribuciones obligatorias impuestas por colegios, consejos o asociaciones, así como cualquier otro monto que restrinja o condicione el ejercicio profesional, “garantizando la igualdad de oportunidades para todos los profesionales, promoviendo el ejercicio libre de la profesión en diferentes jurisdicciones”.

Además, crea el Registro Nacional de Profesionales Universitarios y No Universitarios, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano de la Nación.

Este registro, según la iniciativa, será de inscripción gratuita y tendrá carácter habilitante, es decir, sustituirá la matrícula tradicional que actualmente es exigida por los colegios y asociaciones profesionales.

Al estar inscripto, el profesional quedará habilitado para ejercer su actividad en todo el territorio nacional, sin necesidad de matricularse en cada jurisdicción ni de pagar aranceles a entidades intermedias.

Además, establece que los colegios, consejos y asociaciones que matriculan profesionales deberán transferir sus registros al nuevo sistema nacional y podrán firmar convenios con el Ministerio de Capital Humano para actuar como sedes operativas del nuevo registro, siempre que cumplan con ciertos requisitos técnicos y éticos. Entre ellos: el correcto manejo, actualización y resguardo de los datos personales de los profesionales, garantizando transparencia y confidencialidad.

La función de los colegios profesionales “será meramente complementaria y voluntaria”.

En caso de aprobarse, los organismos que tienen a su cargo la matriculación tendrán 120 días desde la sanción de la ley para adecuarse a las nuevas disposiciones. Este período servirá para organizar la transferencia de datos y firmar los eventuales convenios con el Estado. En caso de incumplimiento, la autoridad de aplicación podrá imponer sanciones, que serán definidas en la eventual reglamentación.

El proyecto reconoce que los colegios profesionales están regulados también por normativas provinciales, por lo que invita expresamente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar leyes similares a fin de garantizar un régimen uniforme en todo el país.

El texto contempla un caso especial: exime del pago de la tasa regulatoria prevista en la Ley 24.804 a los profesionales de la salud (médicos y técnicos) que trabajan en medicina nuclear.

Estos profesionales, explica en los fundamentos, que estos profesionales ya están expuestos a condiciones de insalubridad, debido a la manipulación de materiales radiactivos, y además deben pagar un permiso costoso -en enero de 2025, rondaba los $45.000 para técnicos- para ejercer su labor.

Y remarcó que “cobrar una tasa adicional a estos trabajadores es injusto y desproporcionado, más aún cuando su labor es esencial para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades graves, como el cáncer”. A su vez, advierte que, sin ese permiso, los laboratorios no les proveen insumos, perjudicando tanto al profesional como al paciente.

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Fundamentos

Según la diputada Pagano, esta medida responde a una problemática concreta: muchas personas recién graduadas, o que viven en situaciones de vulnerabilidad económica, no pueden pagar los altos costos de matriculación.

La impulsora del proyecto remarca que “no se puede seguir permitiendo que el ejercicio profesional esté condicionado por el pago de matrículas caras o tasas injustificadas. Los profesionales, especialmente en sectores críticos como la salud, deben poder trabajar sin trabas económicas artificiales”.

Rechazo institucional del CPACF

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal publicó un comunicado rechazando el proyecto de ley, en tanto la iniciativa 'desnaturaliza el ejercicio profesional, constituye una intromisión inconstitucional en facultades propias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, liberando la matrícula, suprimiendo su régimen disciplinario, derogando normas arancelarias de orden público, entre otras normativas inherentes al ejercicio de nuestra profesión, así como desprotegiendo a los justiciables y afectando severamente el sistema jurídico vigente'.

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