¿Qué son los vehículos autodirigidos y su impacto en el impuesto a las ganancias?

Las noticias en los diarios a escala global sobre la venta de automóviles eléctricos están marcando una tendencia a nivel mundial, aún pese a la resistencia de las empresas fabricantes en persistir en los automóviles convencionales. Es que el futuro esta alcanzado el presente y, con ello, la resistencia al cambio se va ir desacelerando.

Si la novedad de los coches eléctricos produjo, produce y producirá fuertes impactos en la industria automotriz; ni hablar de los coches autónomos donde las legislaciones se van adaptando para el surgimiento de estas nuevas tecnologías.

En este marco, debemos mencionar que:

“Un coche autónomo es aquel que cuenta con los sistemas informáticos necesarios para imitar las capacidades humanas en cuanto a la conducción, tanto por manejo como por control. A priori, se consideran vehículos autónomos aquellos que no necesitan conductor; sin embargo, el concepto sigue evolucionando y hay varios niveles de conducción autónoma.

Los coches autónomos son capaces de percibir el entorno que lo rodea y, en base al análisis del mismo, aplicar técnicas de conducción. En esto, sus ocupantes pueden elegir el destino al que se dirija el vehículo, pero no es necesario que tomen ningún tipo de acción sobre la conducción” (1).

De hecho, el proyecto de ley ómnibus del 27 de diciembre de 2023 que se tratará en el Congreso Nacional durante el año 2024, prevé la incorporación de este tipo de vehículos a la legislación de la ley de tránsito – Ley N° 24.449-. A estos fines tenemos:

Se propone incorporar el concepto de vehículo autodirigido señalando que es: “todo vehículo automotor que cuenta con un sistema de conducción que no necesita de la intervención humana”.
Se propone autorizar en el país “(…) la conducción por parte de sistemas autónomos para vehículos autodirigidos sean estos particulares, de pasajeros o de carga”.
Se propone disponer que los respectivos vehículos deberán contar con un software autorizado por el Poder Ejecutivo, aclarándose que “(…) la autorización de dichos softwares será otorgada si se demuestra fehacientemente una siniestralidad menor al promedio de la siniestralidad correspondiente a la conducción humana. Dicha autorización no podrá ser retirada excepto cuando dicha condición deje de cumplirse. Para la compilación de estos datos, la autoridad de aplicación podrá autorizar la circulación provisoria del software o utilizar los datos aportados por sus desarrolladores en otros países”.

Véase que la tecnología avanza sin cesar en nuestro moderno mundo, pero la tributación está en muchos aspectos estancada hace muchos años, generando distorsiones en la base imponible de los tributos, entre ellos el impuesto a las ganancias.

En lugar de ir acompañando el progreso tecnológico actualizando las normas a fin de que la renta sujeta a impuesto sea razonable y acorde a la realidad económica, la legislación tributaria se estanca.

Hoy a nivel mundial podemos hablar de avance de ciencia y tecnología, pero retroceso en el campo tributario, lamentablemente. Lo expuesto por cuanto no podemos olvidar que la afectación de un automóvil a las actividades gravadas del contribuyente tienen las siguientes limitaciones, salvo cuando constituya el objeto principal de la actividad:

TIPO DE GASTO	GANANCIAS (gasto)	IVA (crédito fiscal)
Amortización /Adquisición	Tope de $ 4.000	Tope de $ 4.200
Mantenimiento	Tope de $ 7.200	Sin tope
(*) En IG el tope de amortización $ 4.000 es por ejercicio y considerando una vida útil de 5 años.
(*) En IVA los créditos fiscales por gastos de mantenimiento son 100% computables, salvo locaciones de playas de estacionamiento y similares.

Por ejemplo, el límite de los gastos de automóviles en el impuesto a las ganancias de $7.200,00 fue establecido en 1998, mientras que el tope de $4.000,00 para la amortización en 1997; quedando fijo desde aquel entonces pese a la incesante inflación.

(1) Fuente: https://www.motor.es/que-es/coches-autonomos

¿Se está proponiendo eliminar el impuesto a la transeferencia de inmuebles (ITI)?

Recordemos que la Ley N° 23.905/1991 creó por medio de su Título VII el denominado impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI) para personas físicas y sucesiones indivisas, siempre que se trate de: enajenaciones a título oneroso, inmuebles situados en el país y transferencias no alcanzadas por el impuesto a las ganancias.

Al respecto, su base imponible la constituye, en general, el valor pactado de la
transferencia por las parte, aplicándose una alícuota del 15% (quince por mil).

No obstante, se regló que en el caso de venta de la única vivienda y/o terrenos con el fin de adquirir o construir otra destinada a casa-habitación propia, puede optarse por no pagar el impuesto que resulte de la transferencia. Opción que se conoce como venta y reemplazo.

Incluso, se estipuló que la opción puede ejercerse cuando se ceda la única vivienda y/o terrenos con el propósito de destinarlos a la construcción de un edificio bajo el régimen de la Ley N° 13.512, y se reciba como compensación por el bien cedido hasta un máximo de una unidad funcional de la nueva propiedad destinada a casa-habitación propia.

En este marco, la ley de reforma tributaria - Ley N° 27.430/2017 - limitó el impuesto sólo para los inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2018, inclusive, y que se vendan posteriormente y siempre que se cumplan con los parámetros ya enunciados:

Enajenaciones a título onerosos,
Inmuebles situados en el país y,
Transferencias no alcanzadas por el impuesto a las ganancias.

Ello por cuanto la ley de reforma creó para personas físicas y sucesiones indivisas no sujetos empresas y no habitualistas, un impuesto cedular en el art. 99 de la ley del impuesto, cuando involucren inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero de 2018, inclusive.

Ahora bien, el proyecto de ley ómnibus del 27 de diciembre de 2023 que se prevé tratar durante 2024 por el Congreso Nacionalnestablece por medio del art. 199 la derogación del Título VII (artículos 7 a 18) de la Ley N° 23.905 a partir del 1 de enero de 2024.

En consecuencia, de prosperar el proyecto ya no se aplicará el ITI para inmuebles del país adquiridos antes del 1 de enero de 2018, inclusive, y que sean enajenados posteriormente por parte de sujetos no empresa y no habitualistas.

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